España sigue al borde del abismo en la lista negra de la piratería

España sigue en el punto de mira de la IIPA, la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual que se encarga de realizar informes sobre cómo se gestionan los derechos de autor a nivel mundial. El último informe sobre la evolución de la piratería informática en distintos países del mundo, presentado hace una semana, repite en el caso de España el diagnóstico de 2013 (el país se mantiene en observación y al filo de entrar en la lista negra), pero con matiz de ultimátum: se libra de ser una de las naciones más piratas —las que más archivos descargan sin pagar— pero, de no mejorar, podría acabar en la Lista 301, que confecciona la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos y se hará pública próximamente. En declaraciones a EL PAÍS, la IIPA ha criticado que "gran parte de la situación de las industrias culturales en España sigue siendo la misma en 2014 que en años previos". 

El informe de la asociación comienza con un elogio al Gobierno de Mariano Rajoy: “Durante el pasado año, España ha emprendido una serie de importantes reformas en la ley de propiedad intelectual, el código penal y la ley de procesos civiles. Muchos de estos cambios, si se adoptaran e implementaran de manera efectiva, podrían acabar con los cuellos de botella que han impedido la acción legal contra la piratería”. Pero inmediatamente carga contra que estas supuestas mejoras por ser de momento de papel mojado porque la reforma no ha entrado en vigor.

Otro punto muy criticado por el informe es cómo actúa la Comisión de Propiedad Intelectual, la institución del ministerio de Cultura encargada de velar por los derechos de autor. Según la IIPA, la Comisión tarda de media “más de 400 días en abrir una investigación desde que se presenta una queja sobre una web que está pirateando”. La institución señala, además, que la Comisión solo tiene capacidad (por ahora) para perseguir a las webs que alojan el contenido con copyright, y no las que enlazan a ellas. El informe indica que, como las páginas matriz escapan en ocasiones a la jurisdicción de la Comisión, esta no tiene capacidad para cerrarlas, y los sitios de enlaces siguen funcionando. En opinión de la IIPA: "La naturaleza de la piratería en la era digital requiere de leyes modernas y mecanismos que puedan responder rápidamente respetando el proceso legal".

La IIPA, por todo esto, se queja de la escasez de páginas web cerradas por piratería, 74 según sus cuentas. El Ministerio de Cultura, sin embargo, asegura que desde que la Comisión entró en funcioamiento hace dos años se han cerrado 152 páginas de descargas. De las 404 solicitudes presentadas, 151 se han tramitado (aunque solo 89 de forma completa) y 253 se han desestimado.

El valor de los contenidos pirateados en España alcanza cifras de escándalo, según el informe realizado por la consultora GfK que cita la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual: 4.380 millones de euros en el sector de los videojuegos (170 millones de videojuegos descargados ilegalmente), 6.900 millones en la industria musical, 4.100 millones en la audiovisual y 1.200 (500 millones de descargas, lo que supondría más del 40% de los programas instalados en España) millones en software para el ordenador. En total, más 16.580 millones de euros. Este coste se obtiene calculando el precio total que tendrían los archivos descargados si fueran adquiridos. Es decir, la IIPA asume que el consumidor compraría todo lo que descarga si no tuviera acceso a estos enlaces.