El juez imputa al exdirector del Instituto Cervantes en Atenas

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha citado como imputados al exdirector y al exadministrador del Instituto Cervantes en Atenas (Grecia), Eusebi Ayensa y Adrián Bautista, por los presuntos delitos de falsedad de documento público y prevaricación. La investigación responde a una denuncia de la fiscalía, como consecuencia de la información facilitada por el propio instituto.

En octubre del año pasado, tras el relevo en la dirección del centro cultural español en la capital griega, el Instituto Cervantes tuvo conocimiento de la existencia de un contrato de arrendamiento de su nueva sede en Atenas por el que se modificaban sustancialmente las condiciones del anterior.

El nuevo contrato, del que no se había informado a la dirección del Cervantes en Madrid ni se guardaba copia en los archivos del centro en Atenas, comprometía al arrendador a devolver más de 400.000 euros correspondientes al alquiler de 2009 —que se habían abonado pese a la imposibilidad de ocupar el inmueble— y al Cervantes a pagar más de 800.000 correspondientes a obras de adecuación del local.

Comisión rogatoria

El fiscal ha pedido al juez que se libre una comisión rogatoria a Atenas con el objetivo de interrogar al arrendador, de nacionalidad griega, para que aclare si se devolvieron efectivamente los 400.000 euros cobrados de más y cómo se abonó el importe de las obras, valoradas en 1,6 millones en total. El abogado del Estado se ha personado en las diligencias, en representación del Cervantes.

Ayensa, que tras dirigir el centro cultural en Atenas pasó a ocupar el mismo cargo en Fráncfort (Alemania), fue destituido cuando se conocieron las irregularidades, mientras que el administrador ha sido suspendido cautelarmente de empleo y sueldo.

Un portavoz del Cervantes, dirigido por Víctor García de la Concha, se limitó ayer a señalar que “cuando se ha tenido conocimiento de una situación anómala \[en el centro de Atenas\], se ha instado a la Abogacía del Estado a indagar en su alcance jurídico. Respecto al fondo de los hechos, respetamos la independencia de los tribunales y nos atendremos a lo que decida el órgano judicial”, agregó.