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ANÁLISIS

Toros en Cataluña: mirando al Constitucional

La aprobación definitiva de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para declarar la fiesta Bien de Interés Cultural llevaría a una competencia compartida Estado/autonomías

No supondría la derogación inmediata de la decisión del Parlamento catalán, que prohibió las corridas

El Juli, Manzanares, Curro Vázquez y, detrás, el empresario taurino Simon Casas, ayer en el Congreso. Ampliar foto
El Juli, Manzanares, Curro Vázquez y, detrás, el empresario taurino Simon Casas, ayer en el Congreso.

La admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural es, sin ninguna duda, una buena noticia para la tauromaquia. En un momento de gravísima crisis económica y artística que se ceba sin piedad contra el espectáculo taurino es de extraordinaria importancia de los poderes públicos adquieran compromisos para el fomento y el desarrollo de la fiesta de los toros.

Nadie puede ni debe negar que los toros forman parte del patrimonio histórico y cultural de este país, y suponen en sí mismos una actividad económica y empresarial que produce riqueza y empleo. Solo por eso, y nada menos que por eso, merecen que el Estado vele por ellos y los proteja.

Se entiende, pues, que el sector exprese su contento por lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados, pues si la ILP sale finalmente adelante, como parece previsible, algo bueno supondrá para la fiesta, tan acostumbrada desde hace años al silencio y la soledad de las administraciones públicas.

A partir de aquí, todo lo que se afirme está más relacionado con la quimera que con la realidad. Decir, como se ha repetido, que la ILP supondrá la vuelta de los toros a Cataluña es mucho decir. Es más, la opinión jurídica más extendida es que no volverán haya o no una nueva ley que proteja la fiesta de los toros.

Lo que parece claro, en primer lugar, es que la ILP plantea un problema cargado de complejidad y de muy difícil solución. Supondría, primero, que el Estado central -el Gobierno, en este caso- recuperaría las competencias taurinas, lo que no significa que quedan derogadas las competencias autonómicas. Como ‘competencias compartidas’ las ha calificado el Tribunal Constitucional en otros casos parecidos. Es decir, que el Gobierno podrá legislar, pero no imponer.

En consecuencia, mantiene su validez la prohibición catalana, como sería igualmente válido que otra comunidad decidiera optar por el camino del Parlament.

Llegado a este punto, la eficacia de la ILP estaría supeditada al color del gobierno de cada momento histórico y de su capacidad e interés para negociar con las distintas autonomías.

Sea como fuere, la ILP que se tramitará en las cámaras será un balón de oxígeno para la fiesta, pero no un bálsamo de fierabrás para los muchos males que le aquejan. Los toros, con ayuda oficial o sin ella, tendrán que ganarse por sí mismos su sitio en la sociedad. La ILP no será nunca la solución que necesitan.

Por cierto, los toros solo podrían volver a Cataluña si el Tribunal Constitucional acepta el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular contra la prohibición, cuya ponente es la jurista Encarna Roca, propuesta por CiU, que es una formación política que ha demostrado escaso apego a la fiesta.

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