Queremos casarnos

Cuatro meses antes del estallido nupcial del febrero rosa de San Francisco, el 22 de octubre de 2003, tres parejas de activistas gays españolas (Boti García y Beatriz Gimeno, Pedro Zerolo y Jesús Santos, y Antonio Poveda y Miguel Ángel Fernández) se plantaron en los Registros Civiles de Madrid y de Valencia y dijeron: "Queremos casarnos". Rellenaron la solicitud de matrimonio, presentaron dos testigos, firmaron el consiente. La respuesta de los magistrados tardó dos semanas. No, no y no. Los novios vetados interpusieron recurso. La vía jurisdiccional por el derecho al matrimonio civil homosexual en España está abierta. La mecha ha empezado a arder.

Las bodas frustradas de Valencia y Madrid duraron poco en los medios de comunicación. Alguna foto de portada, las rutinarias declaraciones escépticas o empáticas de los líderes políticos según fueran de partidos de derecha o de izquierda. Otra escenificación -un poco más audaz, eso sí- de una minoría en lucha por sus objetivos. Más ruido causó la sentencia de Ana Clara Villanueva, juez de Pamplona, que, a mediados de febrero, apeló "al interés prioritario de las menores" para conceder la adopción de dos gemelas a la compañera de la madre biológica de las niñas, concebidas por inseminación artificial. Las gemelas navarras, que aún no han cumplido un año, son las primeras personas en la historia de este país que pueden acreditar, legalmente, ser hijas de dos madres.

Sin llegar a la polarización de Estados Unidos, donde el presidente Bush amenaza con modificar la Constitución para prohibir lo que considera "un atentado al pilar fundamental de la civilización", la exigencia del matrimonio y de sus derechos inherentes por parte de los homosexuales ha suscitado un debate social en España. Todos los partidos, de derecha y de izquierda, han ignorado el asunto en la campaña electoral. Pero la mecha sigue avanzando.

"¿Y si nos separamos? ¿Y si caigo enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si se muere?". A pocas parejas se les pasan por la cabeza estas grandes preguntas existenciales justo en el eufórico momento de emprender una vida juntos, comprar una casa, decidir tener un hijo. Pero hay enamorados que han de ser cenizos de oficio. Si una pareja española de gays o de lesbianas, por muy inscrita en el Registro de Parejas de Hecho correspondiente que esté, se separa, o enferma, o fallece uno de sus miembros, lo que sigue puede ser un infierno burocrático añadido al infierno emocional del desamor, la desgracia o la soledad. Porque para la ley no son nada el uno del otro. Esa pareja no existe. Aunque haya cumplido las bodas de plata.

José María Bañón, funcionario de la Biblioteca Nacional, de 47 años, lleva un anillo con un nombre y una fecha por dentro: "Antonio, 28 de febrero de 1979". Hace 25 años que José María y Antonio (Pacheco) salieron cada uno de casa de sus padres y fundaron su propia familia. Una familia de dos. Sin señora, sin niños y sin papeles. La noche del pasado 28 de febrero echaron el cierre a su castiza taberna La Copla, en el corazón de Madrid, y montaron una fiesta por todo lo alto para celebrar su primer cuarto de siglo juntos. En realidad, Antonio y José María sí tienen un papel. El 28 de febrero -"nuestro día"- de 2000, lunes, se pusieron un esmoquin y fueron a inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad de Madrid. La única forma de legalizar su familia que ofrece hoy la Administración, a través de las comunidades autónomas, a las parejas gays y lesbianas.

Todas las bodas de homosexuales que aparecen de cuando en cuando en los medios de comunicación, desde los periódicos nacionales -el alcalde Odón Elorza casando en San Sebastián a los concejales socialistas Jesús Gasco e Íñigo Alonso- hasta la prensa del corazón -las ex grandes hermanas Raquel Morillas y Noemí Ungría, de blanco nupcial en Barcelona-, son eso. Una ceremonia más o menos solemne para recoger un certificado de inscripción en una lista de parejas. "Papel mojado", según muchos. Papel en el aire, en cualquier caso.

La Ley de Parejas de Hecho de la Comunidad de Madrid, promovida por el ex presidente de la región Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y "de las menos progresistas del país", según los colectivos de gays y lesbianas, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad planteado por el partido Familia y Vida. La actual presidenta, la también popular Esperanza Aguirre, ha anunciado que no piensa acudir a defender esa ley heredada. Los textos legales del País Vasco y de Navarra -"más aperturistas", ya que recogen el derecho a la adopción conjunta y el acogimiento de menores por parejas del mismo sexo- están también recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular o sus socios en esas comunidades autónomas.

Mientras, el bloqueo a una posible ley nacional ha sido total. La mayoría absoluta del PP en el Congreso tumbó, en solitario, cinco proposiciones de ley presentadas por partidos de izquierdas durante la pasada legislatura para modificar el Código Civil y equiparar los derechos de las parejas homosexuales con los de las heterosexuales. Hartos de esa "desesperante" parálisis, un puñado de personas, con la presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales, Beatriz Gimeno, al frente, han decidido pasar a la acción para conquistar los derechos civiles que, afirman, les están siendo hurtados exclusivamente por su orientación sexual.

Las leyes de parejas de hecho ya no les bastan. "Tuvieron su momento. Fue muy importante que se abriera, en 1994, el primer Registro de Parejas en el Ayuntamiento de Vitoria. Fue la primera puerta que abrimos", dice el abogado Pedro Zerolo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, activista gay y uno de los solicitantes formales de matrimonio, "pero es una etapa superada, válida para quien quiera regular así su convivencia, pero insuficiente como reconocimiento de la dignidad de los ciudadanos homosexuales". Ahora van a por todas. "Es ahora o nunca", según Zerolo. El momento de conquistar derechos que cualquier heterosexual da por supuestos. Quieren boda.

No hablan de una ceremonia con pajes, trajes de gala, anillos y arroz. O no sólo de eso. "Claro que hay parejas gays que se casarían por convención social. ¿Y qué? ¿No hay heterosexuales agnósticos que esperan dos años para casarse en los Jerónimos?", dice Marce Rodríguez, periodista, de 39 años. Pero Rodríguez y su novio, Pablo Peinado, también periodista, de 42, dan la cara en este reportaje por otra cosa. "Si no nos eximen de nuestros deberes por ser homosexuales, ¿por qué nos vetan derechos?". Rodríguez y Peinado no quieren casarse. Quieren tener la opción de hacerlo.

"Hay quien olvida que el matrimonio en España no es ni más ni menos que un contrato jurídico entre dos personas unidas por el amor, con sus correspondientes derechos y deberes", dice Zerolo. "Y eso es lo que exigimos, la posibilidad de firmar ese contrato, no el sacramento que administra la Iglesia, y que parece ser el único concepto de matrimonio que tiene la derecha". Quieren derechos, no bendiciones.

"Estamos hablando del derecho a tener o adoptar hijos en común, a cobrar pensión de viudedad, a heredar de nuestra pareja, a disfrutar de los beneficios sociales y fiscales de la familia, a garantizar nuestros bienes en caso de separación. Hablamos de cosas tan de andar por casa como poder entrar a ver a tu pareja si está en la UVI. Porque todo eso, aquí y ahora, no lo podemos hacer por ser homosexuales", dice Desirée Chacón, abogada y coordinadora del área de políticas lésbicas del Colectivo de Gays y Lesbianas de Madrid (Cogam).

Chacón, acostumbrada a intervenir como letrada en procesos de divorcio o separación de matrimonios y parejas heterosexuales, considera las leyes de parejas "injustas y discriminatorias" con los homosexuales. "¿Qué pasa si una pareja de hecho heterosexual se separa? Que se le aplica el Código Civil por analogía en cuestiones de reparto de bienes, pensión compensatoria o custodia y régimen de visitas de los hijos comunes. ¿Qué ocurre si una pareja de hecho homosexual se separa? Si no han hecho (y pagado) un acuerdo notarial complementario, no son nada ante la ley. Si no hay acuerdo, y todos sabemos lo que es una separación, el titular de los bienes se queda con ellos, y si hay hijos, el padre o madre biológicos, o el titular de la adopción, se queda con la custodia, y el otro miembro de la pareja no tiene ningún derecho sobre el hijo que ha criado".

Así están las cosas. Pero mientras llega o no el desbloqueo parlamentario, o prosperan o no los recursos ante los juzgados, los cientos de miles de parejas de gays y lesbianas que están constituidas en España existen. Se enamoran, conviven, crían hijos en común, se separan. Trabajan, compran, viajan, se quedan en el paro. Enferman, se jubilan, mueren. Y hay gente para todo. Los hay que viven al día, sorteando dificultades según se presentan, y los hay que se curan en salud con las medicinas que les vende el sistema. "No es tanto saltarse la ley, sino transitar por sus carreteras secundarias hasta que nos dejen ir por la autopista del resto de la gente", resume un abogado especializado en "resolver la papeleta" a sus clientes gays.

Su bufete redacta todos los días documentos, poderes y acuerdos privados entre miembros de parejas del mismo sexo para poder hacer las cosas más peregrinas. "Desde ir a buscar al colegio al hijo de tu compañero hasta asuntos menos cotidianos, pero posibles, como tener un vis à vis con tu novio/a si éste está en la cárcel".

La proliferación de este papeleo paralelo ha hecho pedir árnica a las instituciones a algunos miembros de una institución tan poco sospechosa de libertina como el Ilustre Colegio de Notarios de Madrid. Los fedatarios públicos son conscientes de la contradicción. Los documentos, los poderes, los acuerdos privados que firman son perfectamente legales. Pero, ante la ausencia de una legislación clara, única y determinante, el que manda al final en la regulación de las parejas es el Código Civil. Y para él, sencillamente, las parejas homosexuales no existen.

Gerardo Meil, profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, ha investigado este expediente X jurídico. "Alrededor de un tercio de los hombres y mujeres homosexuales españoles vive en pareja. Los jóvenes gays y lesbianas se emancipan de sus padres mucho antes que sus coetáneos heterosexuales, y también se emparejan antes. Mientras una pareja heterosexual espera una media de tres años y diez meses para vivir junta, la mayoría de gays y lesbianas no deja pasar un año entero antes de convivir". Meil es autor de Las uniones de hecho en España (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004), un exhaustivo informe sobre esta forma emergente de convivencia. La única permitida a los homosexuales. En él se constata que el emparejamiento con vocación de durabilidad es un fenómeno en auge entre las parejas del mismo sexo. "Una vez superada la fase inicial de liberación y eclosión de la identidad y el orgullo gay, con un rechazo de los modelos establecidos de organización de la vida privada, la aspiración a una relación especial respecto a la satisfacción de las necesidades afectivas ha ido ganando terreno en la cultura homosexual". Y es que, según Meil, las ventajas del paquete familiar -"flujo continuado de intercambios sociales, ayudas, cuidados, afecto, bienes económicos que redundan en un aumento del bienestar individual y colectivo"- son muy atractivas, independientemente de la orientación sexual.

Varios ensayos recientes -Las familias que elegimos. Lesbianas, gays y parentesco (Kath Weston. Bellaterra, 2003), Padres como los demás (Anne Cadoret. Gedisa, 2003)- abundan en la idea. Los homosexuales forman familias. Eso no es nuevo. Pero ahora quieren hacerlo con todas las de la ley. "Antes vivías en el gueto, bastante tenías con encontrar a alguien como tú. Ahora la gente se permite soñar, hacer proyectos, decidir su futuro", dice Ana Segura, ocho años de convivencia con Isabel.

Esta especie de tercera fase del movimiento gay -"primero gritábamos libertad, después visibilidad, ahora exigimos la igualdad de derechos", dice Pedro Zerolo-, la del asalto a las instituciones heterosexuales milenarias (matrimonio, descendencia), no ha dejado indiferente a nadie. Tampoco a algunos notables del movimiento de liberación gay. Óscar Guasch, antropólogo y profesor de la Universidad de Barcelona, deplora el afán de "copiar modelos caducos y fracasados, como el matrimonio" por parte de la línea oficial. "Claro que debemos tener los mismos derechos. Eso no habría ni que discutirlo. Pero yo, ni soy normal, ni quiero serlo. Los gays y lesbianas hemos inventado nuevos modelos de familias, la pareja abierta, los tríos, las parejas de amigos... En vez de copiar los suyos, podríamos aportar a los heterosexuales nuestros propios hallazgos".

En el polo opuesto del discurso de Guasch, la pretensión del matrimonio y sobre todo del derecho legal a criar hijos en común ha puesto en guardia a muchos. Y no sólo a los que cabría esperar. Pocos se sorprendieron de la reacción del Partido Popular a la sentencia de la juez de Navarra que concedió la patria potestad de dos menores a dos mujeres lesbianas. Es el PP el que ha bloqueado y recurrido las leyes de parejas de hecho más abiertas, como la de Navarra. Tampoco hubo sorpresas con la Conferencia Episcopal, cuyo portavoz declaró "injusto" para los adoptados el que "se les prive de padre o madre, necesarios ambos para el desarrollo del niño". Hacía poco que los obispos habían publicado su polémico texto deplorando modelos familiares no compuestos como Dios manda.

Más inquietud causó en los interesados la "tibia" reacción de José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE, en vísperas de la campaña electoral. El líder socialista apeló a la "necesidad de un amplio consenso social" para regularizar la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. Las declaraciones cayeron como un jarro de agua fría sobre Pedro Zerolo.

El concejal socialista quiere pensar que Zapatero se refería a la necesidad de "una nueva mayoría parlamentaria" en el Congreso. "No es éste un momento para las medias tintas. O se está a favor de la igualdad de derechos, o se está en contra. Quien esté contra la igualdad de los homosexuales es homófobo, y no se puede ser homófobo y socialista. El consenso social existe, nos lo hemos ganado a pulso los colectivos con nuestro trabajo de 25 años. Pero aunque no existiera, hay cosas en las que la izquierda debe creer de oficio. La libertad y la dignidad de la persona, recogidas en la Constitución, son dos de ellas".

El CIS midió el consenso social en 1997. El 57% de los españoles se mostró a favor de equiparar los derechos de las parejas del mismo sexo con los de los casados; un 33%, en contra. Una encuesta on-line de este periódico realizada en 2003 clavaba estos resultados. Pero si se afina la pregunta surgen claroscuros. El 57% de los pro igualdad se dividía cuando el CIS le preguntaba, específicamente, por el derecho de gays y lesbianas al matrimonio civil (85% a favor) o a adoptar hijos en común (59%). La adopción, la crianza de hijos en un entorno abiertamente homosexual son, para muchos, palabras mayores.

El único informe existente en España, realizado en 2002 por la Universidad de Sevilla, por encargo del Defensor del Menor de Madrid, concluye que "no hay diferencias apreciables" en el desarrollo personal de menores criados en familias homoparentales respecto a niños educados por padres heterosexuales". "Si acaso", explica Mar González, psicóloga, responsable del estudio, "se observa una mayor apertura de estos menores a la hora de considerar los roles de géneros y las distintas opciones de orientación sexual". La opinión de muchas personas al respecto parece tener más que ver con sus más íntimos planteamientos morales que con su adscripción política o religiosa. Así, popes de la izquierda como el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra no han dudado en mostrarse escépticos, cuando no militantes contra la posibilidad de la adopción conjunta. Mientras, otros políticos y especialistas cristianos, como la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azcárate (PNV), o el filósofo y teólogo Francesc Torralba -autor de Pares i fills (Planeta, 2003)-, rompen tópicos. "Creo que lo absolutamente necesario en el desarrollo del niño es el deseo de potenciar el otro, de velar por su bien, y este deseo no requiere necesariamente de dos figuras, ni tampoco de dos figuras de condición sexuada distinta. Una persona con una pareja de la misma condición sexuada puede ser un foco de amor y entrega en el sentido más genuino. Nadie tiene el patrimonio del amor", opina Torralba sobre la adopción conjunta.

Mientras el debate social sigue abierto, la mecha avanza en los juzgados. Es cuestión de tiempo que los recursos interpuestos por las tres parejas de novios vetados lleguen al Tribunal Constitucional. Entonces, si ninguna otra instancia inferior se pronuncia, alguien tendrá que dictaminar si la pretensión de los Zerolo-Santos, las García-Jimeno y los Poveda-Fernández cabe en los márgenes de la ley fundamental del Estado. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, cree que sí. Y cita tres artículos. El 32: "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica". El 14, que consagra la igualdad. Y el 10.1, que garantiza la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. "Naturalmente que el legislador no estaba pensando, en 1978, en los matrimonios homosexuales", admite. "Pero la ley es más lista que el legislador, y el camino está abierto. La garantía de la igualdad no consiste en que todos tengamos que ser iguales, sino a que tengamos derecho a ser diferentes".