Discográficas independientes reclaman 300 millones al Gobierno por la 'piratería'

Las compañías entienden que la Administración ha incumplido las directivas de la UE que protegen la propiedad intelectual

Una veintena de discográficas independientes han hecho valer su amenaza y han presentado ante el Consejo de Ministros reclamaciones de responsabilidad patrimonial por la que piden a la Administración más de 300 millones de euros en compensación por las pérdidas que les ha supuesto la piratería digital.

Las discográficas, asesoradas por el despacho de abogados Roca Junyent, han recurrido a esta reclamación administrativa -casi inédita en el sistema español- al entender que el Gobierno Ha incumplido "las obligaciones impuestas a nivel comunitario dirigidas a establecer mecanismos eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital".

Las reclamaciones, presentadas a título individual por cada una de las compañías, se producen ante la "falta de respuesta" por parte de la Administración cuando las discográficas presentaron el pasado mes de enero sus reclamaciones ante todos los ministerios que componen la Comisión Interministerial para la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. En el mencionado escrito se instaba a la Administración a que adoptase medidas para la efectiva protección de los legítimos derechos de los agentes que componen el sector de la industria cultural en el ámbito de la red.

Las empresas adheridas a esta reclamación son Blanco y Negro Music, Discmedi, Distribuciones Disclub, Fonogramas Metropol, Ok Records, Pias Records Spain, Popstock Distribuciones, Producciones Blau, Gorvijac Music, Kasba Music, Satélite K 76, Música Global Discográfica, y Rosevil Productions, aunque confían en que otras discográficas se adhieran durante el proceso.

Las discográficas lamentan que la falta de medidas legislativas "eficaces ante tales vulneraciones les impiden reclamar los derechos que les confiere tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la propia Constitución española y, específicamente, la Ley de Propiedad Intelectual". El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha amparado la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible que prevé el bloqueo y cierre de páginas que faciliten enlaces o descargas de archivos protegidos por derechos de autor como canciones, aunque la ley no estará operativa, al menos, hasta la próxima primavera. Además, las discográficas creen que esta reforma, amparada por el Ministerio de Cultura, llega tarde y no es suficiente porque deja impunes a los usuarios finales que realizan las descargas, ya que sólo se perseguirá a las webs.

Los demandantes entienden que la Administración española ha eludido las obligaciones contenidas en las Directivas europeas que tratan de adaptar la propiedad intelectual al ámbito digital en el que vivimos (Directiva 2001/29/CE y Directiva 2004/48/CE). En dichas normas se recoge la obligación de los Estados miembros de establecer medidas que garanticen el respeto a los derechos de propiedad intelectual, en particular, medidas efectivas para garantizar que los titulares de los derechos cuyos intereses se vean perjudicados por una actividad ilícita puedan interponer un acción de resarcimiento de daños y perjuicios.

Sin embargo, el actual contexto normativo en nuestro país "no permite a los titulares de derechos de propiedad intelectual ningún tipo de defensa ante las infracciones que se cometen a través de las descargas ilícitas de contenidos protegidos en Internet, modalidad de piratería digital que comprende más de la mitad del volumen total de vulneraciones de estos derechos en la Red".

Para los denunciantes, "la proliferación de conductas ilícitas en la Red va en detrimento de los modelos de negocio que legítimamente viene desarrollando la industria musical, provocando con ello el cierre de innumerables sellos discográficos independientes, el debilitamiento de gran parte del tejido empresarial que dedica sus esfuerzos a la difusión de la cultura y la destrucción de innumerables puestos de trabajo".

"La total indefensión de las empresas de este sector ha provocado una enorme perdida de valor de su patrimonio y las aboca a un incierto futuro por la falta de perspectivas de continuación empresarial dada la inexistencia de un efectivo marco legal", señalan las discográficas en su comunicado.

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