Así es el organismo contra 'webs piratas' que propone el PP

La 'ley antidescargas' continúa intacta su tramitación en el Parlamento dentro de la Ley de Economía Sostenible

El Partido Popular define en sus enmiendas a la parte final de la Ley de Economía Sostenible (la llamada ley antidescargas que hace referencia a las descargas no autorizadas en Internet), la composición del órgano administrativo que velaría por la protección de los derechos de autor en la Red. Dicho organismo, cuyos integrantes no se especifican en el borrador elaborado por el Gobierno [ver aquí en PDF], estaría presidido por el subsecretario del Ministerio de Cultura "o la persona en la que este delegue" y constaría de un vocal del mismo ministerio, otro de Industria, un representante de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (el organismo público que regula los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y de servicios audiovisuales), un representante de las entidades de gestión (como la SGAE), otro de las asociaciones de usuarios (como la Asociación de Internautas) y uno de los prestadores de servicios (las operadoras o las llamadas telecos).

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El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con los votos de PNV y Coalición Canaria, la tramitación de la LES que contiene la ley antidescargas. En las próximas semanas los diferentes capítulos del anteproyecto de ley pasarán a las comisiones parlamentarias. Las enmiendas relativas la ley antidescargas se debatirán en la comisión de Cultura. El texto final se votará en el Pleno antes de que acabe el año.

En la composición de esta sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) propuesta por el PP no se especifica si el presidente de este organismo de vigilancia tendrá derecho a voto y deja abierta la posibilidad de que el puesto sea ocupado por una personalidad relevante de cualquiera de los sectores implicados. Dichos detalles quedarían especificados en el reglamento de desarrollo de la ley.

El PP introduce la tutela judicial en todos los pasos del proceso de investigación y cierre de una web infractora (la identificación de la web, la orden de cierre y la ejecución efectiva de la clausura que, tal y como adelantó ayer EL PAÍS , se realizaría en un máximo de nueve días).

En cuanto a la sección primera de la CPI (la encargada de las funciones de mediación y arbitraje), el PP desglosa con detalle y amplia en sus enmiendas los casos y tipos de litigantes que pueden recurrir a dicho organismo para dirimir sus diferencias: entidades de gestión, asociaciones de usuarios, "entidades de radiodifusión", titulares de derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

Además, si lo solicita una asociación de usurarios o una entidad de radiodifusión, esa sección primera sería la encargada de fijar "precios sustitutorios" a los establecidos por las entidades de gestión para el uso de obras protegidas por derechos de autor.

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