El PP exige más medios para jueces y policías contra la piratería en Internet

"Dicen que no cerrarán webs, pero lo que deben decirnos es que no limitarán el acceso de usuarios españoles a servidores que estén más allá de nuestras fronteras", ha afirmado esta mañana, en referencia a la controvertida ley antidescargas que prepara el Gobierno, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons. Dirigentes del PP se han reunido esta mañana "con responsables de medios digitales". Pons ha exigido más medios para que jueces y policías puedan perseguir a la piratería en Internet. "El verdadero problema de los derechos de autor no tiene tanto que ver con la música o el cine sino con los medios de comunicación, que es donde los contenidos están más desprotegidos", ha añadido.

González Pons ha resumido en cuatro "conclusiones" la postura del PP. Conclusiones "que podrían cambiar" tras las reuniones que todavía tiene en agenda el partido. En primer lugar Pons ha vuelto a exigir la dimisión de la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde. "Debe volver a su trabajo de guionista. Adoptó una medida radical, que contrariaba la Constitución. Fue corregida por el presidente en menos de 24 horas y lo normal es que dimita. Ella es juez y parte. No está legitimada por su procedencia para ser quien ponga paz en un entorno de conflicto".

En segundo lugar, el PP exige que se retire la disposición final de la Ley de Economía Sostenible (LES) en la que figuraba la creación del órgano administrativo (la Comisión de Propiedad Intelectual) con potestad para, sin autorización judicial, bloquear páginas web que faciliten contenidos protegidos. "Si no se retira la disposción, al menos que anuncien ya los cambios que piensan introducir", ha dicho Pons, que ha añadido: "Cerrar páginas web equivale a censurar y a secuestrar publicaciones. Si cualquier intervención fuera de Internet exige autorizacion judicial, dentro de Internet también debe exigir una autorización judicial".

En tercer lugar Pons ha reclamado que el Gobierno haga explícito no ya que no cerrarán páginas 'web' (como anunció Rodríguez Zapatero), sino que "no limitarán el acceso de usuarios españoles a servidores que están fuera de nuestras fronteras". "Dicen que no cerrarán páginas web porque no pueden cerrarlas [técnicamente], porque están a miles de kilómetros de nuestras fronteras", ha dicho González Pons.

Por último, el portavoz popular ha asegurado que a su partido le preocupa mucho "la regresión en que el Gobierno está entrando en la defensa de las libertades públicas". "No es el primer caso en que nos encontramos con que el Gobierno antepone la seguridad a la libertad [en referencia al caso Sitel]. El Gobierno está empezando a mostrar tics autoritarios. Está mostrando dos cosas: primero, que no cree en la libertad en Internet; segundo, que es inoperante a la hora de defender la libertad de creación, los derechos de autor y la propiedad intelectual", ha concluido González Pons.

Reunión de 'blogueros' y periodistas con IU

Los blogueros y periodistas, que la semana pasada se reunieron con la ministra de Cultura para protestar por el polémico anteproyecto de ley, se han reunido hoy con representantes de Izquierda Unida. Durante la cita en el Congreso con el diputado de IU Gaspar Llamazares, los blogueros, periodistas e internautas relevantes convocados también han informado a través del sistema de mensajería pública Twitter de lo hablado . "Conversación muy cómoda por el momento con Gaspar", ha tecleado el internauta y profesor del Instituto de Empresa, Enrique Dans. Según los convocados, "IU apoya los derechos civiles y una revisión seria de la propiedad intelectual" y denuncia que "La Ley de Economía Sostenible se está usando como cajón de sastre".

Por otra parte, si los plazos previstos por el Gobierno se cumplen, hoy mismo deberían estar listas las conclusiones que la comisión interministerial (Cultura-Industria) ha ido elaborando a lo largo de un mes y medio para tomar medidas contra la piratería en Internet. La Comisión Interministerial fue creada el pasado 9 de octubre, tras un acuerdo del Consejo de Ministros. En su primera reunión constitutiva, a finales de ese mismo mes, se aprobó un programa de trabajo, cuyas primeras conclusiones serían remitidas a los Ministerios antes del próximo día 10, informa Europa Press.