El Gobierno, satisfecho de que el juez obligue a Odyssey a detallar el tesoro del 'Cisne negro'

La empresa cazatesoros pretendía mantener en secreto datos del botín que extrajo de un barco hundido

El Gobierno se ha mostrado hoy "totalmente satisfecho" con la decisión del juez Pizzo del Tribunal de Tampa, en Estados Unidos, de denegar la última petición de confidencialidad realizada por la empresa Odyssey, al considerar que es "deshonesta y carente de fundamento".

En mayo de 2007 esta empresa de exploración submarina anunció el hallazgo en aguas internacionales de un cargamento de monedas de oro y plata valorado en 373 millones de euros, aunque se negó a revelar la nacionalidad y localización exacta del buque en el que se encontró, lo que despertó las sospechas del Gobierno español sobre un posible expolio.

España abrió una investigación y presentó una demanda legal contra Odyssey en Estados Unidos para defender la propiedad del tesoro, formado por 500.000 piezas, que actualmente están en suelo norteamericano y que el Ministerio de Cultura cree que proceden de un pecio de bandera española.

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En un comunicado, el Ministerio de Cultura recuerda hoy que el pasado 12 de marzo, el juez ordenó a la empresa que respondiera por escrito a una serie de cuestiones sobre la identidad del pecio conocido como Cisne negro.

El 11 de abril, Odyssey presentó sus respuestas al Tribunal de Tampa pidiendo que éstas estuvieran cubiertas por una orden de confidencialidad. El juez ha estimado que dicha petición no era admisible e indica, entre otras consideraciones, que la propia empresa ya había difundido a la prensa las respuestas que pretendía proteger, añade Cultura.

El Ministerio está analizando "exhaustivamente" toda la información que posee sobre el Cisne negro, incluido el informe de los expertos que analizaron el material procedente del pecio, esta misma semana en Tampa, y que concuerda con los datos que maneja el Ministerio. El juez ha dado de plazo a España hasta el 9 de mayo para que exponga sus conclusiones y, antes de esa fecha, el Gobierno comunicará al juez y a la opinión pública esas conclusiones.

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