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La Audiencia Nacional autoriza el traslado a Cataluña de los 'papeles de Salamanca'

Los magistrados han tomado la decisión por unanimidad

La sección Séptima de la Audiencia Nacional ha decidido por unanimidad autorizar el traslado a Cataluña de los documentos sacados del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca el pasado viernes, al entender que dicha autorización no causa un "daño irreparable" o "perjuicio irreversible". Los conocidos como papeles de Salamanca estaban bloqueados en Madrid (donde hicieron escala para ser examinados por expertos del Ministerio de Cultura) después de que el pasado viernes los magistrados, a instancias del Ayuntamiento de Salamanca, dictaran medidas cautelarísimas para paralizar el traslado.

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Fuentes jurídicas han indicado que el tribunal ha dedicido que los archivos vuelvan a Cataluña porque su traslado no entra en conflicto con el recurso interpuesto por el consistorio salmantino, pues la Generalitat "se subroga en los derechos y obligaciones del Estado para la custodia de los mismos". Por ello, recuerdan los jueces, el Ejecutivo catalán estaría obligado a su devolución si se estima el recurso presentado por Salamanca. Las mismas fuentes han indicado que contra la decisión dictada hoy cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque su interposición no paraliza la decisión adoptada hoy.

El Ayuntamiento de Salamanca puede también presentar un recurso de súplica en el plazo de cinco días ante el mismo tribunal, lo que paralizaría el traslado si éste no se hubiera producido antes, pero es difícil que dicha iniciativa prospere, ya que para ello sería necesario que los magistrados cambiaran de criterio y fueran en contra de sus propios actos.

Una vez examinadas las alegaciones de una y otra parte y sin entrar en el fondo del asunto, que se analizará al resolver el recurso en sí, el tribunal ha determinado que el Ministerio de Cultura se ha limitado a aplicar el artículo 2 de la Ley 21/2005, que establece la restitución a la Generalitat de Cataluña "de los fondos incautados con motivo de la Guerra Civil y la restitución a las personas naturales y jurídicas de Cataluña".

El Gobierno tiene ahora vía libre para ordenar la salida inmediata de las 500 cajas de papeles guardadas en una caja acorazada del Ministerio de Cultura con destino a Barcelona. Pero dicha orden aún no se ha dado. Preguntada esta tarde al respecto, la ministra de Cultura, Carmen Calvo, no ha querido precisar cuándo van a viajar los documentos y ha recordado que la ley otorga un plazo hasta el 18 de febrero para devolver la documentación.

Una de las furgonetas que trasladan documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.
Una de las furgonetas que trasladan documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.EFE

Una medida poco habitual

La decisión de los cinco jueces de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de paralizar, a petición del Ayuntamiento de Salamanca, la entrega de las 500 cajas procedentes del Archivo de la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña sorprendió en medios jurídicos y políticos, ya que una decisión de ese tipo se ha adoptado en contadas situaciones.

El ponente del auto en el que se decretaban las medidas cautelarísimas fue José Luis López Muñiz, que a su vez es presidente de la Sección Séptima de la Audiencia. En su propuesta, justificó la "urgencia inmediata", que se acordó unánimemente por los otros cuatro magistrados, en el hecho de que "no se lograría la finalidad pretendida por el recurso interpuesto [por el Ayuntamiento de Salamanca] si la ejecución del acto se llevase a cabo", es decir, si desde el Ministerio de Cultura la documentación se trasladaba a Cataluña. Ahora, los jueces han estimado los argumentos de la abogacía del Estado y consideran que no se causaría un "daño irreparable" si finalmente se estima el recurso, pues en ese caso bastaría con que la Generalitat devolviera los documentos que no le pertenecen.

López Muñiz es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, de talante conservador, y ha desarrollado parte de su carrera judicial vinculado a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León, situación que se hubiera mantenido si, como fue su aspiración, hubiera sido elegido presidente de ese Tribunal Superior, para lo que no contó con el respaldo necesario.

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