Los 'papeles' de la Generalitat son trasladados sin incidentes desde el Archivo de Salamanca
El Ayuntamiento castellano solicita a la Audiencia Nacional que paralice el traslado a Barcelona porque 176 de las 500 cajas no pertenecen al Gobierno catalán
Dos horas antes del amanecer, con un fuerte despliegue policial y sin ningún incidente, los documentos incautados a las autoridades catalanas durante el franquismo y guardados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca han sido transportados a bordo de dos camionetas a Madrid, de donde pasarán posteriormente a Barcelona tras ser examinados por expertos.
En apenas 45 minutos, las 500 cajas de documentos han sido metidas en un par de furgonetas blancas por un grupo de operarios con carretillas, ante la mirada de un centenar de periodistas y a través de un pasillo habilitado por agentes de la policía, que custodiaban también los alrededores del archivo (sito en el Colegio de San Ambrosio, en el casco histórico de la ciudad).
El Ayuntamiento de Salamanca, que dirige el PP, argumenta que 176 de las 500 cajas contienen documentos que no pertenecen a la Generalitat de Cataluña, por lo que el permitir su traslado equivale en su opinión a vulnerar la Ley de Restitución, aprobada el pasado mes de noviembre por el Congreso y en merced de la cual se está realizando el traslado. Por este motivo ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden de traslado del Ministerio de Cultura y negó el permiso para realizar la carga de los documentos. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, respondió que los documentos saldrían de Salamanca "aunque sea del brazo".
La Policía Local ha tratado de dificultar la salida de las cajas, después de que el Ayuntamiento denegara ayer la posibilidad de realizar los trabajos de carga y descarga en esa zona peatonal; los agentes han colocado vallas para impedir el acceso al lugar de los vehículos oficiales, lo que ha obligado a los operarios a trasladar las cajas hasta las furgonetas en carretilla. En la zona había también un puñado de personas, menos de una decena, que han protestado contra el traslado al grito "es un robo", increpando a los operarios e incluso ofreciéndoles dinero a cambio de que tiraran las cajas que transportaban al suelo.
Las furgonetas han abandonado el lugar aún de noche con destino a Madrid, escoltadas por tres furgones del Cuerpo Nacional de Policía y otro de la Policía Local. En la capital los legajos están siendo examinados por expertos antes de su traslado a Barcelona.
El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado hoy otro recurso, en este caso ante la Audiencia Nacional, para solicitar, en base a los mismos argumentos, que se retengan en Madrid los documentos y no se trasladen a Barcelona al menos hasta que el tribunal dirima la cuestión. Calvo ha asegurado que los documentos saldrán hacia Barcelona "cuanto antes mejor".
"Suministrar al Estado información sobre sus enemigos"
El Gobierno acordó el año pasado la restitución a la Generalitat de Cataluña de "la documentación del archivo institucional de sus órganos de gobierno, de su administración y de sus entidades dependientes, así como la correspondiente al Parlamento de Cataluña, que se conservan en el fondo de la Delegación Nacional de Servicios Documentales depositados en el Archivo General de la Guerra Civil", sito en Salamanca. La transferencia de hoy atañe a "los documentos, fondos documentales y otros efectos, incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, creada en virtud del Decreto de 26 de abril de 1938, o en aplicación del Decreto de 13 de septiembre de 1936, que estén custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española". En Salamanca se conservará una copia o un duplicado de todos los documentos, pagada por la Generalitat.
Los documentos que se restituyen fueron expoliados con el fin de "suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos", según reza literalmente el decreto de 26 de abril de 1938 por el que el régimen de Francisco Franco creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. El preámbulo de la ley explica también que de Cataluña fueron requisadas 160 toneladas de documentos que se trasladaron a Salamanca "para la confección de fichas de antecedentes políticos". También se devolverán al Gobierno catalán los documentos y fondos incautados en Cataluña a los particulares (desde sindicatos como CNT o UGT a personas concretas como el cartelista Carles Fontseré o la escritora Teresa Pàmies) guardados en Salamanca, aunque en este caso el proceso será más lento porque sólo parte de éstos legajos están debidamente catalogados.
Babelia
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