Las discográficas aseguran que el 40% de los discos que se venden en España son piratas

La Asociación de Industrias Fonográficas y Videográficas de España (AFYVE), en la cual se integran las principales empresas discográficas, asegura en su último informe sobre la pirateria que las copias ilegales de sus grabaciones copan ya el 40% del mercado de la música en España.

Estas cifras no coinciden con las ofrecidas por la Sociedad General de Autores de España (SGAE), que cifra en un 25% el alcance de la piratería en la industria de la música, es decir, que de cada cuatro discos nuevos que llegan a los hogares españoles "uno de ellos es una burda copia ilegal", mientras que en 1998 este porcentaje apenas alcanzaba el 4%.

No obstante, ambas instituciones están de acuerdo en señalar un gran incremento de copias ilegales: desde un 5% del mercado en 1999 hasta cotas mucho mayores en 2002.

En el informe anual sobre la piratería la AFYVE dice también que este incremento puede vincularse a diferentes hechos, desde la lucha contra las redes de contrabando de tabaco por el Gobierno, que ha hecho que estas organizaciones desviaran sus esfuerzos a las copias masivas de discos y su venta, al desarrollo de las redes de tráfico de inmigrantes.

La mafia china copa la distribución ilegal

Según el citado informe, la "mafia china" controla la piratería en España, "sin olvidar a senegaleses y magrebíes" que "dominan las redes de distribución en nuestras calles", añade.

Paralelamente al desarrollo de la industria pirata, han crecido estructuras empresariales para importar y fabricar fraudulentamente (con el consiguiente daño a la Hacienda Pública) grabadoras múltiples y soportes vírgenes, generando nuevas ganancias en "dinero negro" que se invierten en mercados que facilitan el "lavado" del dinero, como el inmobiliario, dice también el informe.

Esta industria "se ha enquistado" en ciudades como Madrid (la cual absorbe el 65% de la piratería en España), capital en la que se ha generado un negocio paralelo en el alquiler de locales en determinados barrios (singularmente el de Lavapiés) destinados a albergar estas fábricas ilegales. Las Fuerzas de Seguridad del Estado se incautaron en 2002 de 3.898.848 Cds y Cdrs ilegales en España, siempre según el citado informe.