Los diarios y las radios que no participen en el registro de transparencia de medios que controlará la CNMC afrontan multas de hasta 100.000 euros

Uno de los aspectos más controvertidos de la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación viene determinado por la obligatoriedad de crear un registro de transparencia de los medios que controlará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para dotar a este órgano regulador de funciones, el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley que la semana pasada se aprobó en primera vuelta por el Consejo de Ministros y se tramitará por la vía de urgencia. Según su contenido, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los medios escritos y las radios que operen a nivel estatal y no participen en ese registro, donde debe aparecer de forma actualizada tanto la titularidad como la publicidad estatal recibida anualmente, afrontan multas de hasta 100.000 euros.

Dichas sanciones por obviar la participación en el registro conforme a lo establecido se consideran “graves” en esta ley y varían para el caso de las televisiones, en función de sus ingresos. Las multas al respecto empiezan con los 30.000 euros previstos para los operadores televisivos que facturen un máximo de dos millones al año; siguen con 150.000 euros en el caso de prestadores con ingresos de hasta 10 millones en el mismo periodo; 300.000, para los que perciban entre 10 y 50 millones; y hasta 750.000 euros para los que superen los 50 millones.

El texto legal que recoge estas penalizaciones, llamado Anteproyecto de Ley Para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, desarrolla en una treintena de páginas la aplicación de dos legislaciones europeas: la Ley de Servicios Digitales, cuya fiscalización también recae sobre la CNMC, y el Reglamento Europeo de Medios de Comunicación que será de obligado cumplimiento a partir de agosto y prevé diversas infracciones que incluyen obviar el registro de medios controlado por el mismo órgano regulador. El anteproyecto, pendiente aún de pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros antes de su aprobación en las Cortes —proceso que puede prolongarse hasta finales de mayo—, dotará a la CNMC de una nueva competencia de supervisión y sanción “a los medios de comunicación de ámbito estatal establecidos en España”.

Las multas más altas para los medios que prevé el anteproyecto son las consideradas “muy graves” y están relacionadas con casos de “concentraciones en el mercado” previstos en la ley europea que afecten a la pluralidad informativa. Para tales casos se establecen sanciones de hasta 200.000 euros para los medios escritos y las radios, mientras que en las televisiones el baremo viene también determinado por los ingresos. Las cantidades empiezan con 60.000 euros para prestadores con ingresos máximos anuales de dos millones, continúan con 300.000 euros para los que facturen hasta 10 millones; 600.000 euros, para operadores que ingresen entre 10 y 50 millones; y un tope de 1,5 millones de euros para los que superen los 50 millones al año.

En el apartado más bajo de sanciones económicas del anteproyecto aparecen las relacionadas con “infracciones leves”, que incluyen el incumplimiento de las obligaciones de tomar medidas específicas para garantizar que las decisiones editoriales se toman libremente dentro de la línea editorial del medio, así como garantizar la divulgación de los conflictos de interés. Las multas por “infracciones leves” llegan hasta los 50.000 euros en el caso de los medios escritos y las radios, mientras que de nuevo las televisiones quedan repartidas en base a sus ingresos: 10.000 euros, para las que facturen un máximo de dos millones anuales; 25.000, para quienes lleguen a los 10 millones; 50.000, para las que oscilen entre los 10 y los 50 millones; y hasta 150.000 euros, para las que superen los 50 millones.

La medición de las audiencias encuentra también una previsión en la categoría de “infracciones graves” que podrá imponer la CNMC. De esta forma se encuadra “el incumplimiento de las obligaciones relativas a la metodología, a la cesión de datos sobre metodología y a la realización de una auditoría anual en el ámbito de los sistemas de medición de audiencias”. Y las multas por estos comportamientos pueden llegar a los 100.000 euros para los proveedores de dichos sistemas.

Sanciones por incumplir la Ley de Servicios Digitales

En cuanto al cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales, el anteproyecto prevé una sanción máxima de hasta el 6% del volumen de negocios mundial anual de los prestadores (redes sociales, buscadores y otras plataformas digitales) en el ejercicio fiscal anterior. Estas cuantías están relacionadas con las “infracciones muy graves”, tales como incumplir la prohibición de presentar anuncios basados en perfiles con datos personales o de menores y obviar lo establecido “en una resolución o acuerdo de la autoridad supervisora relativa a la adopción de medidas cautelares, órdenes de cesación o medidas correctoras y de aceptación de compromisos”.

También se contemplan multas de hasta el 1% de los ingresos anuales de los prestadores de servicios digitales “por proporcionar información incorrecta, incompleta o engañosa, no responder o no someterse a una inspección”. Por otra parte, el anteproyecto no interviene en las competencias ya previstas en el ordenamiento jurídico español para ordenar la interrupción de servicios digitales o la retirada de contenidos que vulneren principios relacionados con el orden público, la seguridad , la salud, la propiedad intelectual o el juego online ilegal.