El Tribunal Supremo avala el cambio de los estatutos de RTVE que hizo el Gobierno para nombrar a Elena Sánchez como presidenta interina

La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, ha salvado este viernes la bola de partido en el Tribunal Supremo para mantener temporalmente funciones ejecutivas al frente de la Corporación. La sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal avala la decisión que tomó el Consejo de Ministros en 2022 para modificar los estatutos sociales de RTVE y nombrar de este modo como presidenta interina a Elena Sánchez. Las consecuencias del dictamen del Supremo, que rechaza un recurso presentado por varios sindicatos contra el cambio legal, se extienden a Cascajosa, sucesora de Sánchez al frente de la Corporación en medio de una grave crisis institucional.

El Gobierno optó por cambiar la ley tras la dimisión del antecesor de Sánchez, José Manuel Pérez Tornero, nombrado presidente en 2021, en virtud de un acuerdo entre el PSOE, el Partido Popular, Unidas Podemos y el PNV. Tornero abandonó el cargo y su sillón en el Consejo de Administración en septiembre de 2022, suceso tras el cual se llevó a cabo la modificación estatutaria para nombrar a una nueva presidenta interina. El Supremo considera en su sentencia que “las funciones de la Presidencia de la Corporación RTVE no pueden paralizarse por ser el brazo ejecutor del Consejo de Administración”.

Tres sindicatos de RTVE —la Unión Sindical Obrera (USO), la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT) y el Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión (SI)— presentaron un recurso ante el alto tribunal una vez modificada la legislación para la elección de la presidencia interina de Elena Sánchez, quien ejerció como tal hasta la pasada Semana Santa, cuando en un tormentoso pleno del Consejo de Administración saltaron por los aires su puesto y el del director general de contenidos, José Pablo López.

El aval del Supremo al nombramiento de Sánchez, que por extensión ratifica el de Cascajosa como presidenta interina, supone un balón de oxígeno durante unos meses ante la grave crisis institucional que arrastra RTVE tras el calamitoso pleno del pasado 26 de marzo. En aquella reunión se iba a abordar la no menos controvertida contratación de David Broncano y su programa La Resistencia, que finalmente salió adelante en una reunión posterior del Consejo de Administración con el voto de calidad de Cascajosa como presidenta y la ausencia de Elena Sánchez durante la votación.

Los sindicatos demandantes argumentaron en su recurso ante el Supremo que la elección de los miembros del Consejo de Administración de RTVE, conforme al artículo 11 de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, se lleva a cabo “por las Cortes Generales, a razón de seis por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado”. Asimismo, el apartado 2 del artículo 12 de la citada ley, determina que “si durante el periodo de sus respectivos mandatos se produjera el cese de alguno de los miembros del Consejo de Administración, las personas designadas para sustituirles lo serán por el tiempo que reste del mandato de su antecesor”. Y añade: “Las vacantes deberán ser cubiertas por las Cámaras a propuesta de los grupos parlamentarios”.

El recurso también se aferraba a la Exposición de Motivos de la Ley 5/2017, cuando considera que la regla de elección parlamentaria con la exigencia de una determinada mayoría “se constituyó en un principio estructural del funcionamiento de la Corporación RTVE y uno de los fundamentos de la instauración de un modelo de radio y televisión pública, independiente, plural, viable y de calidad”. Los recurrentes también aportaron la sentencia del Tribunal Constitucional 134/201, de 24 de junio de 2021, en la que se declaró inconstitucional el nombramiento de administrador único llevado a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 con la figura de Rosa María Mateo. El tribunal de garantías determinó entonces que se había hurtado de este modo el debate a las Cortes para el nombramiento de Mateo, de modo particular al Senado.

Tras la dimisión de Tornero el 26 de septiembre de 2022 como presidente de RTVE y de su Consejo de Administración, la Abogacía del Estado emitió un informe favorable sobre la modificación del artículo 34 de los Estatutos de la Corporación. El 3 de octubre de ese año, el Consejo de Administración de la SEPI, accionista único de RTVE, avaló la modificación estatutaria para su autorización en el Consejo de Ministros, suceso que tuvo lugar al día siguiente. El 5 de octubre, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Corporación acordó la modificación del artículo 34, publicada a finales de aquel mes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Al respecto del cambio legal, el Supremo manifiesta en el escrito que desestima el recurso: “Ciertamente no mejora una regulación que fuese defectuosa, por equívoca u oscura, pero sí salva un vacío normativo y lo hace para garantizar, en caso de vacancia o ausencia, la continuidad del ejercicio por la Presidencia de la Corporación RTVE de sus funciones de administración, dirección ejecutiva ordinaria y representación legal”. La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado José Luis Requero Ibáñez, cuenta con un voto particular de Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. Este voto particular contrario, pero que no afecta a la decisión de la sección cuarta de la Sala Tercera del alto tribunal, compuesta por cinco magistrados, estima lo siguiente: “La sentencia, después de decir que esa clarificación es innovadora, mantiene que no deja ser aclaratoria por venir a salvar un vacío normativo, para luego justificar la decisión impugnada por considerar que es razonable y que no contraviene y no supone merma del sistema parlamentarizado. Por el contrario, considero que esa ‘aclaración’ representa una decisión que, para mí, altera y quebranta de manera evidente y clara el régimen legal”.

Concepción Cascajosa, actual presidenta interina de RTVE, fue señalada por los grupos parlamentarios de la oposición al Gobierno ante su militancia socialista. Según ella misma anunció hace un mes durante su primera comparecencia parlamentaria en la Comisión Mixta Congreso-Senado de control de RTVE, abandonó la militancia en el PSOE nada más asumir el cargo. Cascajosa había decidido esperar al pronunciamiento del Supremo para decidir sobre las vacantes del director general de contenidos y el secretario general del Consejo de Administración, cuyo cese también derivó de la reunión de los consejeros el pasado Miércoles Santo. Media docena de puestos en el órgano de gobierno de la Corporación, cuya renovación corresponde a las Cortes, también están pendientes de renovación: los tres consejeros del PP, el del PNV y uno a propuesta del PSOE, además del puesto que Tornero dejó vacante con su dimisión de la presidencia y del Consejo de Administración.

Tras inaugurar la presidencia interina, donde gestiona un presupuesto que supera los 1.000 millones anuales, Cascajosa envió una carta a sus más de 6.000 trabajadores en la que manifestó su “compromiso de mantener el servicio que espera la ciudadanía en calidad y garantía de nuestros valores democráticos”. En la misma misiva, pidió a las Cortes que renovasen la Corporación durante los seis meses de su mandato interino —un plazo que consideraba “razonable y esperable”—, y reclamó “la renovación de un Mandato-marco que nos defina objetivos y un Contrato-programa que garantice nuestra sostenibilidad económica”. La necesidad de mayorías cualificadas que estipula la ley para renovar a los consejeros obstaculiza una renovación inmediata ante la atomización del Congreso, salvo nuevos cambios legales que rebajasen la exigencia de recabar dos tercios de los votos parlamentarios. Entretanto, los datos de audiencia en Televisión Española no son precisamente halagüeños. Y varios sucesos recientes han vuelto a poner a la televisión pública en el punto de mira.

El último tuvo lugar con la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en horario de máxima audiencia el mismo día que anunció su permanencia al frente del Ejecutivo tras tomarse cinco días para meditar su dimisión. La Junta Electoral Central determinó que aquella emisión en plena campaña electoral catalana supuso un agravio a otros partidos concurrentes en los comicios del pasado 12 de mayo, y RTVE ofreció como compensación al resto de partidos una ronda de entrevistas en el canal 24 Horas. Días antes había tenido lugar el controvertido abandono de una concursante de la duodécima edición de Masterchef, despedida con cajas destempladas por parte del jurado del programa y que derivó en la suspensión del episodio una vez emitido en directo de RTVE Play y de todas sus redes. La Corporación lamentó en un escueto comunicado posterior “la emisión de un contenido que nunca debió haber tenido lugar”. Y queda pendiente la decisión sobre el programa Supernanny, después de que el Consejo de Administración decidiera suspender su promoción a petición de la defensora de la audiencia de RTVE, María Escario, quien contestó a la demanda de una espectadora preocupada por la protección a los niños en el programa. La presidenta interina de la Corporación recibió una carta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mostrando también su preocupación por el formato. La única certeza de momento es la incertidumbre que sobrevuela los pasillos de la Corporación en la sede madrileña de Prado del Rey.