El Supremo ratifica la ilegalidad de la ordenanza municipal que quitó carriles bici y bus en Valladolid

El Tribunal Supremo ha ratificado la ilegalidad de la ordenanza municipal dispuesta por el actual equipo de PP y Vox del Ayuntamiento de Valladolid (PP y Vox) en 2023 para retirar varios carriles bici y vías específicas para autobuses en la ciudad del gobierno anterior. El Alto Tribunal estatal ha inadmitido a trámite el recurso de casación que presentó el Consistorio ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que primeramente anuló esta disposición municipal tras una denuncia de Ecologistas en Acción. La medida se enmarcó en las actuaciones de varios ayuntamientos gobernados por PP y Vox —como Elche, Logroño, Palma de Mallorca y Gijón—, que se estrenaron eliminando carriles bici para dar más espacio al coche.

El nuevo pronunciamiento legal no implica que la corporación deba anular sus medidas de circulación, pues hace unos meses aprobó una nueva normativa que guía su modelo de movilidad en favor del vehículo privado y en detrimento de las bicicletas. La oposición, pese a ello, ha reclamado que el Ayuntamiento restituya las sendas suprimidas. El Supremo condena al Ayuntamiento a pagar 2.000 euros para cubrir las costas del proceso judicial.

El dictamen del Supremo avala lo resuelto por el TSJCyL en 2023. El órgano judicial afirmó en una sentencia que el cambiar simplemente la ordenanza referida al tráfico y a la movilidad no sirve como manera de impulsar estos cambios sobre vías ya establecidas, dada su gran afectación sobre la ciudadanía. “Cuando la intensidad de las mismas fuese de tal trascendencia que incidiese en el derecho de los ciudadanos a usar de las vías de circulación”, señalaron los jueces como motivo, desmereciendo la iniciativa formal municipal porque “la exigüidad de la disposición la hace inviable jurídicamente hablando, en cuanto se convierte, en realidad, en una norma de reenvío y no cumple las finalidades para las que está prevista”.

El procedimiento jurídico de renovar una ordenanza anterior permite agilizar los tiempos y el equipo del alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), optó por esa vía porque crear, debatir y aprobar una nueva hubiera retardado los plazos para suprimir esos carriles bus y las vías propias de ciclistas, una de las líneas clave del programa del PP y de su socio, Vox, contra el modelo del tándem anterior del PSOE del entonces regidor Óscar Puente, hoy ministro de Transportes, y sus aliados de Valladolid Toma La Palabra.

Carnero ha considerado este miércoles que el dilema jurídico con la ordenanza ya está superado: “Tenemos una nueva ordenanza que entró en vigor hace unas semanas y ese es el escenario en el que nos movemos, es completa y ha superado esa cuestión, jurídica y políticamente está superada, la nueva ordenanza es el marco establecido”. Para él, “los vehículos van más rápidos y seguros y se produce menos contaminación” y ha defendido el nuevo carril bici, que transcurre por un parque con curvas y no por la línea recta anterior, con varios desvíos y menos comunicaciones hacia el centro de la ciudad, como “decisión acertada y ciudadanos satisfechos”. La obra que se realizó en su momento costó unos 200.000 euros y los trabajos de supresión y construcción del nuevo superaron el millón.

Restituir el carril bici

El PSOE, mediante su concejal Luis Vélez, extitular de Movilidad, ha reclamado que se recomponga el anterior carril bici aunque legalmente el Consistorio no está obligado: “No hay excusas: la ciudad necesita seguridad jurídica, rigor técnico y decisiones coherentes con el interés general, no atajos ni improvisaciones”. “Aquella intervención, ejecutada por la Concejalía de Movilidad el pasado mes de junio, fue luego apuntalada con una nueva ordenanza diseñada para legitimar a posteriori hechos consumados. Este modo de proceder ha provocado un retroceso evidente en la movilidad sostenible de Valladolid”, ha añadido.

Los socialistas piden “la restitución inmediata del carril bici [suprimido] del paseo de Isabel la Católica y la recuperación de los carriles bus eliminados” y critican los “bandazos ideológicos que acaban pagándose con dinero de todos y con peor movilidad para toda la ciudadanía”.

La edil de Valladolid de Toma La Palabra, Rocío Anguita, también apremia al Ayuntamiento a que restituya las sendas suprimidas y ha denunciado el gasto que acarrean tanto esas medidas como los pulsos judiciales: “Creemos que esta sentencia tiene que obligar a devolver el mejor carril bici de la ciudad. Se ha gastado muchísimo dinero público en quitar estos dos carriles bici de forma ilegal y ahora deben restaurar la situación inicial porque ya hay una sentencia firme del Tribunal Supremo”.