El tratado para la protección de las aguas internacionales entrará en vigor en enero tras ser ratificado por 60 países

El denominado Tratado de Alta Mar ha logrado reunir este viernes las 60 ratificaciones necesarias para que pueda entrar en vigor, un paso que los activistas medioambientales y defensores de la biodiversidad marina esperan desde hace décadas. Este acuerdo, que se adoptó en junio de 2023 pero que no ha conseguido reunir hasta ahora las adhesiones suficientes, sienta las bases para que, entre otras cosas, se puedan crear reservas marinas en las aguas internacionales, una zona en penumbra cuando se habla de protección ambiental.

Estas aguas, que van más allá de la jurisdicción de los países, son de todas las naciones pero no contaban hasta ahora con un instrumento específico para el control medioambiental de las actividades que ahí se desarrollan.

Se esperaba que coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas se pudieran reunir las ratificaciones necesarias, algo que ha ocurrido por fin este 19 de septiembre. Según establece el propio texto, entrará en vigor dentro de 120 días, es decir, el 17 de enero. España fue el primer país europeo en ratificarlo. Los últimos han sido Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos.

“Este momento histórico es la culminación de años de dedicación y diplomacia global”, ha celebrado Rebecca Hubbard, directora de la Alianza de Alta Mar, una organización que lleva mucho tiempo luchando para la adopción de este acuerdo. En junio, la ciudad francesa de Niza acogió una cumbre de los océanos en la que se esperaba que se reunieran las 60 ratificaciones, pero los complejos procesos que se deben seguir dentro de los Estados para poder incorporar los acuerdos internacionales a la legislación propia, que en muchos casos obligan a pasar por los Parlamentos nacionales, hizo imposible ese hito en junio. “El Tratado de Alta Mar es un poderoso testimonio del multilateralismo, que muestra lo que el mundo puede lograr cuando nos unimos por el bien común de nuestro océano, que cubre más del 70% del planeta”, ha destacado Hubbard.

La entrada en vigor llega en un complicado momento para el multilateralismo debido al avance de los populismos ultras. Especialmente, en EE UU, donde Donald Trump ya ha dado señales de querer explotar los recursos de esas aguas internacionales sin esperar a que se evalúen los posibles daños. Trump intenta impulsar, por ejemplo, de la minería de aguas profundas, algo que ha despertado ya el rechazo de muchos Estados.

Para WWF este tratado, cuyo nombre oficial es Acuerdo sobre la Biodiversidad Fuera de la Jurisdicción Nacional o BBNJ (sus siglas en inglés) proporcionará finalmente un mecanismo jurídicamente vinculante para la designación de áreas marinas protegidas, “un paso esencial para alcanzar el objetivo global de proteger el 30% del océano para 2030″.

El acuerdo se logró cerrar hace dos años y tres meses tras casi dos décadas de negociaciones en el seno de la ONU. En septiembre de 2023, se abrió a las ratificaciones y Palaos se convirtió en el primer país en presentar ante Naciones Unidas su instrumento de ratificación. Desde entonces se han ido sumando naciones hasta alcanzar la cifra de 60 países. Pero otras 82 naciones ya han firmado también el tratado, el paso previo a la ratificación. Como explica Hubbard, la entrada en vigor no es el final, es solo “el punto de partida del proceso”.

El texto establece ahora que la primera conferencia de las partes (COP) del tratado deberá reunirse durante 2026, algo que probablemente ocurra dentro de un año aproximadamente. En el seno de estas conferencias será donde se presenten las propuestas de reservas marinas y las reglas para su protección.

“Este es un logro monumental para la conservación de los océanos”, ha valorado Kirsten Schuijt, directora general de WWF Internacional. “Supone un punto de inflexión para dos tercios de los océanos del mundo que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional”, ha añadido.

La doctora Katie Matthews, científica jefe de la ONG Oceana, ha destacado que la convalidación del tratado “ayudará a poner orden” y que “las naciones deben pasar rápidamente de la ratificación a su implementación”. Porque, ha concretado, “la salud de los océanos y de los miles de millones de personas que dependen de ellos para su alimentación y estabilidad climática, está ligado a lo que ocurra a continuación”.