España, el primer país europeo que ratifica el tratado para crear reservas marinas en aguas internacionales

España se ha convertido este martes en el primer país europeo que ratifica ante Naciones Unidas el tratado para la protección de la biodiversidad en las aguas internacionales. Este acuerdo, conocido como el Tratado de Alta Mar, sienta las bases para la creación de reservas en las áreas del océano que no pertenecen a ningún país y en las que existe un gran descontrol medioambiental. Hicieron falta 15 años de negociaciones y varios fracasos para cerrar en el seno de la ONU el texto de este pacto en marzo de 2023. Aunque 107 países lo han firmado ya, no ha entrado en vigor todavía porque hace falta que al menos 60 lo ratifiquen, un proceso que suele ser largo en muchas naciones porque requiere de la aprobación parlamentaria. España, donde el procedimiento arrancó en julio de 2024 y no se ha concluido hasta este martes, es el decimosexto país que ha presentado su ratificación ante la ONU.

Hasta este martes solo habían depositado su adopción Seychelles, Palaos, Mónaco, Micronesia, Mauricio, Chile, Cuba, Belice, Bangladés, Barbados, Maldivas, Panamá, Santa Lucía, Singapur y Timor Oriental. Los activistas medioambientales, muchos de ellos representados en la coalición High Seas Alliance, que lleva más de una década presionando para que se adoptara este tratado, tienen en marcha ahora una campaña para que se alcance esa cifra de al menos 60 ratificaciones antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se celebrará en junio en la ciudad francesa de Niza. Una vez que se llegue a las seis decenas, el tratado entrará en vigor 120 días después.

El acuerdo permitirá el establecimiento de herramientas de ordenación, incluidas las zonas marinas protegidas, para conservar y gestionar de manera sostenible hábitats y especies vitales en alta mar. Cuando se habla de alta mar —o de aguas internacionales― se hace referencia a los espacios marinos que no están incluidos en las zonas económicas exclusivas de los países, es decir, los que van más allá de las 200 millas desde la costa que controlan los Estados. Ocupan la mayor parte del océano (un 64%) y aunque existen normas y organismos sectoriales para regular algunos aspectos —como el tráfico marítimo o la pesca—, no hay ningún tratado internacional centrado en la protección de la biodiversidad marina.

Que entre en vigor y se aplique este tratado es algo básico para que se pueda cumplir el objetivo de proteger el 30% de los océanos y la tierra antes de 2030 (el conocido como objetivo 30x30), que fue a lo que se comprometieron los países del mundo a finales de 2022 en la Cumbre de la Biodiversidad en Montreal. Actualmente, solo alrededor del 1% de la alta mar está protegida.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha comparecido este martes por la tarde en Madrid para resaltar el “compromiso con la conservación de los océanos” de España. Aagesen ha hecho un llamamiento a que otros países se sumen “lo antes posible” para que el tratado pueda entrar en vigor. Y ha enmarcado la ratificación de esta pacto en el compromiso del Gobierno español con “la agenda ambiental” y la “agenda multilateral”.

La Unión Europea en su conjunto tiene previsto también ratificar el tratado después de que hayan dado su visto bueno tanto el Parlamento comunitario como el Consejo Europeo (donde están representados los Gobiernos de los Veintisiete miembros). Pero se necesita, a su vez, que cada país de la UE también ratifique el denominado oficialmente acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, sus siglas en inglés). La Comisión Europea instó en junio del pasado año a los Estados a que lo adopten antes de la próxima conferencia de la ONU sobre los océanos. Aunque Bélgica y Francia tenían avanzado el proceso, finalmente ha sido España el primer país de la UE en ratificarlo.

Entre los firmantes del pacto, además de los miembros de la UE y gran parte de los países latinoamericanos, también figuran China, EE UU, India, Canadá y Australia. Firmar el tratado supone un anuncio de la voluntad de ratificar y apoyar formalmente que se active esta nueva herramienta de derecho internacional. Pero la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, que reniega del multilateralismo y está sacando a su país de tratados ambientales como el Acuerdo de París, es más que previsible que también afecte a la postura de EE UU sobre este acuerdo.

En el acto en el que ha intervenido la vicepresidenta también han participado las cinco principales ONG medioambientales con presencia en España. Eva Saldaña, responsable de Greenpeace, ha destacado el paso dado por el Gobierno y ha mostrado su esperanza de que el resto de naciones europeas sigan ese camino, porque, en su opinión, no es el momento de “titubeos”. En la misma línea, Juan Carlos de Olmo, de WWF, ha resaltado el valor simbólico del paso dado por España en un contexto internacional de llamadas al “individualismo” y de “ataque frontal” a los organismos internacionales y la ciencia, en referencia a Trump y al resto de populismos ultraconservadores que avanzan en el mundo.