La Junta incumple su plan para proteger el acuífero de Doñana iniciado hace 10 años

La mayoría de las acciones anunciadas por la Junta de Andalucía (PP) para reavivar el dañado acuífero de Doñana siguen en un cajón o al ralentí 10 años después. La organización ecologista WWF ha analizado las medidas que el Ejecutivo autonómico anunció en el famoso Plan de la Fresa en 2014, cuando ya eran patentes las señales de alerta roja que demostraban su pésimo estado por culpa de la agricultura intensiva y el turismo. Y ante la caída en picado de la biodiversidad en la reserva, el suspenso de la Junta es patente: solo se han ejecutado 14 de las 62 actuaciones previstas a corto plazo (23%), en un lustro, la mitad están a medio hacer (54%) y el 23% restante ni siquiera han comenzado y siguen paralizadas.

La nota del examen al plan de rescate de Doñana, otorgada por la organización que mejor conoce el territorio, es nefasta. Si hace un lustro, recién llegado el PP al poder en Andalucía, solo estaban completadas el 17% de las medidas, el porcentaje solo ha subido seis puntos en cinco años. Ahora, tras analizar las medidas una a una, el suspenso es evidente. “La Junta no está haciendo los deberes. El Plan de la Fresa termina el año 2029 y sin embargo ahora mismo siguen sin estar ejecutadas el 77% de las medidas de corto y medio plazo (…) Es evidente la falta de voluntad política y los continuos intentos por parte de la Junta de amnistiar a los regadíos ilegales, a través de las propuestas de modificación de ley tramitadas en el Parlamento”, critica Felipe Fuentelsaz, especialista de esta ONG para Doñana.

Entre los incumplimientos destacan los corredores ecológicos, a los que no se les ha deslindado aún el dominio público y donde aún existen 149 pozos y balsas, o invernaderos privados que ocupan hasta 136 hectáreas. En paralelo, aún hay 316 hectáreas de cultivos bajo plástico en zonas forestales de especial protección. “Este retraso [del plan] puede empeorar, dado que, a partir de 2025 el plan contempla un nuevo paquete de medidas para el último periodo”, añade.

El plan nació bajo Gobierno socialista pero hace ya seis años que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno tomó el relevo y el Plan de la Fresa no levanta cabeza. En vez de potenciar las medidas nacidas del consenso para acabar con los cultivos ilegales de fresas, la Junta ha hecho todo lo contrario al presentar proposiciones de ley para regularizar los suelos de esos invernaderos. A pesar de que su primera consecuencia sería hundir aún más el bajo nivel del acuífero declarado sobreexplotado Almonte-Marisma, con 2.400 kilómetros cuadrados y que hace desaparecer los humedales año tras año con cada vez más rapidez.

Como consecuencia de la poca eficacia del Plan de la Fresa y la dirección contra la conservación que adoptó la Junta y ante los avisos internacionales de la Unesco y la Comisión Europea, hace un año el Gobierno llegó a un pacto con el Ejecutivo autonómico. El acuerdo, dotado con 350 millones, ponía fin a dos años de controversia y premiaba a la comarca onubense de El Condado y otros nueve municipios para que dejaran de esquilmar el acuífero con sus invernaderos ilegales. Desde entonces, la compleja tramitación ha hecho que los resultados del pacto no se hayan notado aún en Doñana. Mientras, la biodiversidad y sobre todo las aves migratorias que paran en la reserva camino de África siguen en caída libre.

La Junta niega la mayor y considera que el ritmo al que avanza el plan es satisfactorio. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha rechazado responder a las preguntas de este diario y ha remitido una contestación por escrito. “Es importante subrayar que el plan se diseñó originalmente sin respaldo presupuestario, lo que ha requerido que cada año se planifique y se incorpore su ejecución a los presupuestos anuales a través de la colaboración de todas las Administraciones implicadas”, alega el Ejecutivo.

La alerta sobre el acuífero permanece cuatro años después de que tres masas de agua subterráneas —La Rocina, Almonte y Marismas— se declararan en riesgo de no alcanzar el buen estado. Los técnicos e hidrogeólogos calculan que “actualmente se extrae de manera insostenible más agua subterránea de la que se recarga en el acuífero, con un índice de explotación del acuífero del 109%”. Con todo, los agricultores que esquilman el acuífero se han reducido de manera progresiva, y si hace cinco años eran 1.600 hectáreas de cultivos irregulares que expoliaban las aguas subterráneas sin permiso, ahora son 1.190, según los últimos cálculos con teledetección de WWF.

Sin embargo, la presión de la agricultura intensiva de frutos rojos sobre el acuífero es similar a la de hace una década, y ronda las 11.000 hectáreas. El cierre de pozos por parte de las autoridades —Ministerio de Transición Ecológica y Junta— tiene poco efecto disuasorio porque los agricultores saben que les sale rentable el pago de las multas a cambio del rendimiento económico que ofrecen los invernaderos de fresas.

“Hay un grave retraso en la implementación de medidas prioritarias como la eliminación de regadíos ilegales fuera de suelos agrícolas regables, la restauración de fincas forestales transformadas ilegalmente en agricultura, la implementación de corredores ecológicos o la clausura de captaciones subterráneas no regularizadas”, critica Fuentelsaz. El plan de la Junta entra ahora en teoría en su última fase, la de largo plazo, puesto que acabará a los 15 años.

En este aniversario, WWF ha pedido a la Junta que aplique el Plan de la Fresa “y que de una vez por todas elimine todas aquellas hectáreas ilegales de riego en lugar de buscar fórmulas dilatorias para mantener esta situación de uso del agua totalmente insostenible”. Además, los ecologistas también le piden a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir —dependiente del Ministerio— que proceda al cierre cautelar y urgente de todas las extracciones de agua con indicios de ilegalidad y a la aprobación de un programa de actuaciones para que el acuífero recupere los niveles de antaño.

Emilio Rodríguez, representante del ministerio para el plan de Doñana, evita las críticas a la falta de ejecución del plan de 2014 por parte de la Junta así como su polémica proposición de ley de la que nació el pacto, e intenta ser positivo: “Dicho plan permitió una ordenación de los regadíos en base a unos criterios técnicos que en ese momento se consideraron adecuados. Obviamente con aquella disposición no todo el mundo estuvo de acuerdo y algunas decisiones fueron recurridas en los tribunales de justicia. Aunque no obtuvieron sentencias favorables la ejecución del plan arroja luces y sombras. Junto a ocupaciones ilegales posteriores se generó una situación socioeconómica enrarecida que está en el origen de la decisión del ministerio”.

Rodríguez ensalza el plan de ayudas económicas que se desarrolla actual, pero que no invalida muchas actuaciones sobre el parque que siguen empantanadas: “La apuesta actual del ministerio, en colaboración con la Junta y a través del Pacto por Doñana, viene a superar y trascender los resultados de aquél plan, u otras iniciativas, aprendiendo de su experiencia y mejorando sus resultados con un enfoque más integral y profundo”. Mientras la burocracia hace que el flujo de ayudas millonarias para levantar cultivos ilegales siga pendiente, la salud del parque renquea a la espera de que las lluvias consigan recuperar el crítico nivel de su acuífero.