España elaborará el primer inventario de suelos contaminados por radiactividad tras años de dilaciones y una condena europea

Tras una condena del Tribunal de Justicia de la UE y varios lustros de dilaciones, España ha aprobado una norma que debe ayudar a sacar del limbo a los suelos contaminados por accidentes con material radiactivo. Porque en España hay al menos seis emplazamientos afectados por este problema. A pesar de que las autoridades son conscientes de ello, estas tierras no cuentan con un reconocimiento oficial ni con un seguimiento de las medidas de control o limpieza, como está establecido en una directiva europea de diciembre de 2013 que los últimos gobiernos del PP y del PSOE en coalición no han terminado de trasponer a pesar de las repetidas advertencias de Bruselas. La ausencia de ese catálogo ha contribuido al oscurantismo.

El Gobierno publicó la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un real decreto con el que se aprobó el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. En la disposición adicional sexta se establece que el Ministerio para la Transición Ecológica “elaborará y mantendrá actualizado un inventario de suelos o terrenos contaminados radiológicamente y de suelos o terrenos con restricciones de uso”. Ese inventario, según figura en un anexo, deberá incluir, entre otras cosas, la causa de la contaminación radiológica y su alcance, las “previsiones y actuaciones de descontaminación realizadas” y las “medidas de control y restricciones de uso”. Básicamente, arrojar luz y transparencia sobre un problema que ha estado en muchos casos envuelto en el secretismo desde la dictadura, pero también durante los últimos 45 años de democracia.

El ejemplo más conocido es el de la contaminación radiactiva en Palomares, una pedanía de Cuevas de Almanzora (Almería) víctima del mayor accidente nuclear de la Guerra Fría. En enero de 1966 un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135 del ejército de Estados Unidos colisionaron durante una operación de repostaje en vuelo y dejaron caer cuatro bombas termonucleares; dos fueron recuperadas intactas, pero otras dos dispersaron su carga de plutonio y contaminaron la zona, aunque sin llegar a detonar. Casi seis décadas después todavía hay 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas repartidas por cuatro decenas de parcelas en Palomares. Su limpieza sigue pendiente de un posible acuerdo con Estados Unidos que nunca llega y cuya resolución positiva se disipa, de nuevo, con la vuelta de los republicanos a la Casa Blanca de la mano de Donald Trump.

El ejército estadounidense en colaboración con la dictadura de Franco llevó a cabo una limpieza de la zona tras el accidente y pagaron algunas indemnizaciones. Pero un estudio de 2007 del Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) confirmó que 40 hectáreas seguían contaminadas con plutonio. Tres años después, en 2010, el mismo Ciemat elaboró un proyecto de plan de descontaminación que nunca se ha llevado a cabo por la falta de acuerdo entre España y EE UU sobre dónde irán los residuos. Los distintos gobiernos españoles han mantenido clasificado ese plan de limpieza. Cuando el inventario esté aprobado, en el capítulo dedicado a Palomares deberán figurar las “previsiones y actuaciones de descontaminación” de esta zona. También los planes de al menos cinco zonas más que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reconocido que están contaminadas por radiación.

Ese reconocimiento —a través de un comunicado de prensa, no en un registro oficial, porque no existe— llegó después de que EL PAÍS desvelara en 2018 la existencia de ocho zanjas en varios puntos de los márgenes de la real acequia del Jarama, un canal de riego a caballo entre Madrid y Toledo, en los que se habían enterrado lodos con restos contaminados con Cesio-137 y Estroncio-90, dos isótopos radiactivos. Las zanjas, que siguen sin estar señalizadas porque entre otras cosas no existe un reconocimiento oficial que las declare como contaminadas, son el resultado de un accidente producido en 1970. Varias decenas de litros de líquido altamente radiactivo se vertieron hace más de cinco décadas desde un reactor nuclear experimental ubicado en el Centro Nacional de Energía Nuclear Juan Vigón, en la Ciudad Universitaria de Madrid. El líquido se coló por las alcantarillas y fue a parar al Manzanares; de ahí pasó al Jarama, a la real acequia de ese río y al Tajo. El franquismo no puso en marcha ningún plan de contención y ocultó el accidente. Luego realizó una operación de limpieza secreta y los lodos con una menor carga radiactiva fueron abandonados en esas zanjas, cuya existencia nunca fue comunicada a la población.

De hecho, los alcaldes de la zona y las autoridades de Castilla-La Mancha se enteraron de la existencia de esas banquetas por la publicación de EL PAÍS en 2018. En el real decreto aprobado ahora se especifica que el ministerio deberá informar del inventario al “Consejo de Seguridad Nuclear, a la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubique el suelo o terreno, y al ayuntamiento en cuyo término municipal se sitúe el mismo”.

Condena europea y dilaciones

La obligación de contar con “estrategias para garantizar la adecuada gestión de las situaciones de exposición” a los elementos radiactivos existentes en las zonas contaminadas está establecida por la directiva europea 2013/59/Euratom, que se aprobó en 2013 tras el desastre de Fukushima en Japón. En esa norma se daba de plazo hasta 2018 a los miembros de la UE para que traspusieran todo su contenido a su legislación nacional. En el caso de España, eso se debería materializar en el inventario que aún no se ha aprobado y en un real decreto de suelos contaminados radiológicamente que el Ministerio para la Transición Ecológica todavía sigue tramitando.

La Comisión Europea ha enviado en los últimos años varios avisos a España para que cumpla con estas obligaciones. La dilación ha sido tal que el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en septiembre de 2023 por este motivo, aunque sin llegar a imponer sanciones más allá del pago de las costas. Si continúa el incumplimiento respecto al control de los suelos afectados, España se expone a ser multada.

El reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas publicado la semana pasada en el BOE sustituyó a otro similar que data de 2008. En el de hace 16 años ya se conminaba al Consejo de Seguridad Nuclear a que elaborara “un inventario de los terrenos o recursos hidrológicos de los que tenga conocimiento que se hayan visto afectados por contaminación radiológica”. Pero tras años sin ponerse en marcha ese catálogo se llegó a la conclusión de que era necesario modificar la ley franquista de energía nuclear, que data de 1965 y sigue vigente, y en la que ni siquiera se contemplaba una definición para un terreno contaminado radiológicamente. Esa modificación de la ley no se realizó hasta mediados de 2022, lo que abre la puerta ahora al futuro inventario cuando se apruebe el real decreto de suelos contaminados que está todavía pendiente.