Shell gana la apelación de su juicio climático en Países Bajos y no estará obligada a reducir un 45% sus emisiones
Los jueces están de acuerdo en que sus productos han causado el cambio climático, pero consideran que no tiene sentido que la multinacional ponga más empeño en recortar CO₂ que otras empresas
El Tribunal de Apelación de La Haya ha fallado este martes a favor de la multinacional Shell, que podrá decidir cómo reduce el CO₂ liberado con sus actividades. La sentencia anula otra anterior, fechada en 2021, que obligaba a la petrolera a bajar en un 45% sus emisiones hasta 2030 en comparación con 2019. Ese primer caso fue ganado por la organización ecologista neerlandesa Milieudefensie. Cabe ahora acudir al Supremo.
Shell no tiene que hacer esfuerzos adicionales para reducir sus emisiones contaminantes. Según los jueces de apelación, no tiene sentido que la empresa ponga mayor empeño que otros productores de energía. La multinacional sí tiene una responsabilidad importante en la lucha contra el cambio climático, reza la sentencia, pero puede elegir cómo disminuirá sus emisiones. Los jueces han considerado “probable que Shell las baje en un 50% para 2030″. También han afirmado que “los productos de empresas como Shell han causado el cambio climático”.
Milieudefensie, la rama neerlandesa de Amigos de la Tierra, presentó el caso en 2018 aduciendo que Shell tiene el deber de proteger a la sociedad y debe jugar un papel en la lucha contra el cambio climático. La multinacional alega que ya trabaja en esa línea y que no se le puede exigir más que al resto del sector del gas y el petróleo. Frans Everts, su director, advirtió a principios de este año que podrían verse obligados a vender todas sus gasolineras en Países Bajos.
La victoria de Milieudefensie en el juicio anterior —resuelto en 2021— giró en torno a la poca responsabilidad asumida por empresas concretas para garantizar el derecho a la vida y la familia amenazado por el cambio del clima. En la apelación, sin embargo, el tribunal señala a su vez que “tiene poco sentido que Shell deje de revender gas y petróleo a otros productores”. De este modo no se asegura que esos productos dejen de llegar al consumidor. “Es posible que la venta se haga a través de otros intermediarios”, dicen los jueces.
Para Milieudefensie la decisión supone un duro golpe. En su agenda figura ya el banco ING como la siguiente compañía a la que iban a exigirle la reducción de sus emisiones y que no admitan a clientes contaminantes. En la misma lista, la organización ecologista menciona a KLM, Unilever y ABN Amro.
Una vez conocido el fallo, cundió el desánimo entre los miembros de Milieudefensie que habían acudido al tribunal, los que esperaban fuera de la sala. Donald Pols, director de la organización ecologista, admitió que la decisión “es un revés para millones de personas, pero si los contaminadores son fuertes, juntos lo somos más”. Añadió que “la lucha contra el cambio climático es una maratón y no un esprint”, en un intento de levantar la moral de los activistas, aunque él también tuvo que secarse las lágrimas.
Frans Everts, director de la petrolera, reconoció que le parecía la sentencia correcta “para la transición energética mundial, para Países Bajos y para nuestra empresa “.
En realidad, el tribunal de apelación refrendó el fallo de 2021 que calificaba el cambio climático como violación de los derechos humanos. Recalcó asimismo que la ley se aplica a todos y las empresas petroleras y de gas tienen su propia responsabilidad. Sin embargo, llegó a la conclusión de que “no hay ley alguna que diga exactamente cuánto tiene que reducir Shell”. “Y no podemos determinarlo nosotros”.
El caso contra la multinacional es el más significativo desde que Urgenda, una pequeña ONG neerlandesa, obligó al Gobierno de Países Bajos a aplicar políticas climáticas más estrictas en 2019. Su victoria en los tribunales sentó un precedente al fallar el Tribunal Supremo que el Gobierno debe proteger al ciudadano de deterioro del entorno”. En 2015, la propia Urgenda había ganado ya este caso al lograr que los jueces exigieran al Ejecutivo una rebaja, para 2020, del 25% de las emisiones de CO2 respecto a las de 1990.
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