Ni un nuevo surtidor de gasolina

Diciembre de 2023. Son muchos los sentimientos enfrentados. Expectación por lo que se acabe acordando en la Conferencia de las Partes (COP28) de Dubái para hacer frente a la amenaza principal a la que se enfrenta la humanidad: la emergencia climática. Preocupación general por la presión que ejercerán los lobistas de las grandes compañías petroleras, conscientes de que se juegan el futuro de su lucrativo negocio. Esperanza en la influencia positiva de la política decidida de la Unión Europea hacia la descarbonización de la economía. Falta de confianza en el papel que ejercerá el presidente de la conferencia, Sultán Al Yaber (con grandes intereses en el sector petrolero) sobre la resolución final.

Como pasa siempre, se llega a un acuerdo ‘in extremis’ en el que, por primera vez, se habla de abandonar progresivamente los combustibles fósiles. No hay ningún plazo ni ninguna concreción sobre el ritmo al que se tiene que producir este proceso. Lo que toca, ahora, es convertir este acuerdo en compromisos vinculantes que lo hagan efectivo.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables libres de carbono será más rápida en las economías avanzadas que en los países en desarrollo por dos razones: más capacidad financiera en las primeras y necesidad de amortizar las instalaciones que utilizan carbón, petróleo o gas, en los segundos. Es decir, si las compañías petroleras quisieran cerrar el grifo de los pozos rápidamente, los países consumidores no se lo permitirían porque la transición energética tiene que seguir su ritmo. Idealmente, por tanto, se tendría que producir una disminución de la extracción de combustibles fósiles de acuerdo con las necesidades de la transición energética, pasando de su contribución actual del 77% al 0% en una fecha alrededor del año 2050.

Se plantean dos alternativas: ir cerrando explotaciones activas o, simplemente, prohibir que se abran nuevas. A pesar de que la segunda opción parece demasiado conservadora, un estudio publicado a finales de mayo en la prestigiosa revista ‘Science’ concluye que es la más efectiva. De hecho, sin esta prohibición, no se puede asegurar que el cierre de un pozo de petróleo poco rentable no vaya seguido de la apertura de otro más productivo, la explotación del cual tendería a alargarse hasta agotar el yacimiento. Los autores calculan cómo evolucionaría la producción de gas y de petróleo con las explotaciones en uso a pleno rendimiento. Sin nuevas explotaciones, la producción disminuiría desde hoy mismo. Y lo que es más importante: no harían falta nuevas para proveer la energía fósil necesaria para completar la transición energética a un ritmo que evite el sobrecalentamiento global del planeta de +1,5 °C acordado en París.

Aclarada esta incógnita, el establecimiento de normas en la línea de lo que los autores denominan ‘no new fossil’ (‘no nuevos combustibles fósiles’) es claramente ventajosa desde un punto de vista legal (más fácil de verificar), laboral (menos conflictos), económico (se amortizan las inversiones) y estratégico (desprestigio de un sector económico en declive).

Sin yacimientos de petróleo ni de gas en nuestro país, la norma ‘no new fossil’ no nos afecta directamente. Aun así el mensaje es muy inspirador. Los países consumidores pueden limitar la demanda con una norma de características parecidas. Se trata de prohibir aquellas inversiones que comporten el mantenimiento o el incremento de consumo de carbón, petróleo o gas en el futuro. Pondremos algunos ejemplos concretos. Ninguna nueva central térmica de gas. Ninguna nueva fábrica de coches de combustión interna o de calderas de gas o gasóleo. Ninguna nueva cementera. De acuerdo. Ninguna nueva urbanización o polígono industrial con red de distribución de gas. Ningún nuevo surtidor de gasolina. Ningún nuevo modelo de coche de combustión. Ninguna nueva autovía. Quizás sí... Dejemos que el lector reflexione.

Entre las decisiones que nos corresponde tomar, la más relevante desde un punto de vista cuantitativo y por su simbolismo es la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que actualmente se encuentra cerca de la saturación. Los informes indican que dicha ampliación permitiría pasar de 50 a 70 millones de viajeros en el año. Las emisiones de CO₂ (8,4 millones de toneladas en 2019) aumentarían proporcionalmente sobre una base que ya es muy elevada y que equivale a más de la mitad de todo el transporte por carretera de Cataluña (camiones, furgonetas, coches, etc.) o a casi el doble que el transporte en coche.

Estas emisiones son un impacto sobre el clima que, diga lo que diga el sector aeronáutico, no se puede compensar efectivamente, que se va acumulando año tras año y que solo se reducirá en un futuro indefinido con combustibles neutros en carbono. Un coste ambiental demasiado elevado para una ampliación que, con el incremento anual del número de viajeros previo a la Covid (el 6%), acabaría saturada de nuevo en solo 5 años... Dejemos que el Gobierno reflexione.