El Reino Unido deja claro en la COP28 el abandono de su liderazgo contra la crisis climática

Cuando un partido político entra en caída libre, lo urgente se vuelve más prioritario que lo importante. Lo urgente este martes era salvar el cuello de Rishi Sunak y sacar adelante su ley de deportación de inmigrantes a Ruanda. El ala derecha de los conservadores no la considera lo suficientemente dura y amenazaba con tumbarla en la votación de la Cámara de los Comunes que se celebraba a última hora del día. Lo importante —al menos así lo fue durante años para el Reino Unido, con un excepcional consenso entre los dos principales partidos― era la lucha contra el cambio climático. Ya no.

La espantada del secretario de Estado para el Cambio Climático del Reino Unido, Graham Stuart, que se ha ido precipitadamente de la cumbre del clima de Dubái cuando las negociaciones para cerrar una resolución final que incluya el fin de los combustibles fósiles ponían en riesgo el éxito de la COP28, deja claro el escaso interés del Gobierno de Sunak por la causa más relevante a la que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Downing Street necesitaba a Stuart en la Cámara de los Comunes para asegurar que la ley de Ruanda iba a salir adelante.

“El último jirón de autoridad moral que tenía este Gobierno en la lucha contra el cambio climático acaba de ser eliminado con la escandalosa decisión de abandonar las negociaciones de la COP28 en su momento más crítico”, ha denunciado Caroline Lucas, la portavoz del Partido Verde en el Parlamento británico. “Si además la razón del abandono del secretario de Estado tiene que ver con la necesidad de su voto a favor de la inmoral ley de Ruanda, queda demostrado que Sunak prioriza salvar su propio pellejo a salvar el planeta”, ironizaba Lucas.

El Reino Unido se ha alineado con la UE y el resto de países que han rechazado la propuesta de borrador de resolución de los anfitriones de la cumbre, en la que se mencionaba la posibilidad de seguir empleando combustibles fósiles durante décadas, sin un compromiso claro de eliminación. Pero la postura formal británica está muy distante de la firmeza con que este país abanderó durante años la lucha contra el cambio climático, como pudo verse en la COP26 celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow. “Se trata de una renuncia escandalosa de liderazgo, justo en el momento más delicado de la conferencia. Este es el momento de adoptar compromisos políticos valientes para acabar con el bloqueo en la resolución”, señalaba al diario The Guardian Rebecca Newson, directora de Políticas de Greenpeace.

El ‘negacionismo’ de Sunak

Rishi Sunak se ha aferrado al populismo y ha dado alas al negacionismo de la extrema derecha con su decisión, adoptada el pasado septiembre, de retrasar los objetivos comprometidos años antes por el Gobierno británico para frenar el calentamiento global. El primer ministro anunciaba el retraso en cinco años, de 2030 a 2035, de la prohibición de venta de nuevos vehículos de gasolina o diésel, acompañado además con la garantía de que esos mismos vehículos podrían adquirirse durante muchos años más en el mercado de segunda mano.

El Gobierno británico prorrogaba también hasta 2035 la obligación de reemplazar los calentadores de gas de los domicilios por bombas de calor. Y desde esa fecha, en cualquier caso, se comprometía a imponer esa instalación solo en aquellos hogares que necesitaran cambiar su calentador.

Para rematar el discurso, Sunak anunciaba días después la renovación de licencias anuales para explotar nuevos pozos de gas y petróleo en el mar del norte. La excusa: reforzar la seguridad energética del Reino Unido. A pesar de que los expertos no tardaban en señalar que la producción de esa región apenas sostiene por unos días las necesidades del país, además de tratarse de un crudo cuyo precio de refinado es desorbitado.

Mano dura con las protestas

La policía británica ha detenido a 630 manifestantes contra el cambio climático, solo en Londres y a lo largo de un solo mes, noviembre. Scotland Yard está utilizando de manera intensiva los nuevos poderes que le dio el Gobierno con la Ley de Orden Público de 2023, uno de cuyos objetivos más claros y evidentes era cortar de raíz las protestas llevadas a cabo en la capital británica por grupos como Just Stop Oil o Extinction Rebellion, especializados ambos en actuaciones pacíficas pero tremendamente eficaces a la hora de alterar el tráfico o la actividad diaria de la ciudad.

Todos los arrestos llevados a cabo con la nueva ley fueron de miembros de Just Stop Oil, que se ha convertido en la bestia negra del sector más duro y negacionista de los conservadores. Al menos 328 de los detenidos fueron posteriormente acusados formalmente de infracciones penales. El resto fue puesto en libertad, aunque la organización asegura que, en muchos casos, el tiempo de retención fue superior al legalmente permitido. Los activistas aseguran además que en prácticamente la mitad de las detenciones se aplicó el artículo 7 de la nueva ley, que prohíbe cualquier acción “que interfiera con el uso u operatividad de infraestructuras nacionales clave”. La policía no ha negado este dato.

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