El exceso de plaguicidas deja sin agua para beber a 161 pueblos de Salamanca y Zamora: “Nadie informa de nada”

Las abuelas que cuidan a sus nietas en el parque o los chavales que salen con las bicis en Monleras, un pueblo de Salamanca de 200 habitantes, no pueden llenar sus botellas con agua del grifo. Tampoco cocinar ni lavar verduras. Y no es por la sequía. En pleno verano, sale agua, pero no es potable. Así llevan más de dos semanas 161 pueblos de Salamanca y Zamora, por el exceso de plaguicidas detectados en el pantano de La Almendra, en Salamanca. La organización Ecologistas en Acción ha denunciado la presencia de pesticidas en niveles superiores a los admitidos por la legislación, mientras la Diputación de Salamanca (PP) alega falta de tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias europeas de potabilidad y calidad del agua. Los municipios reclaman más información y por ahora solo reciben garrafas con agua potable y depósitos que les llevan los bomberos.

El origen del problema se encuentra en el embalse salmantino de La Almendra, receptor del cauce del río Tormes. Como alertó el 20 de julio la mancomunidad Cabeza de Horno, una de las agrupaciones administrativas de municipios en la provincia de Salamanca, se ha detectado en el agua captada para su depuración un “exceso de plaguicidas”, que “tienen su origen en la actividad agropecuaria” de la zona. Carolina Martín, presidenta de Ecologistas en Acción en Salamanca y residente en Monleras, critica el alto volumen detectado del plaguicida metolacloro, prohibido por la legislación europea, y plantea si su hallazgo en la provincia se debe a la “contaminación histórica” o a que “se sigue usando sin control”. Martín asegura que los cultivos de “agricultura intensiva” emplean estas sustancias de forma frecuente para cuidar las cosechas, lo que acaba contaminando las aguas subterráneas y perjudicando el consumo humano.

La mancomunidad Cabeza de Horno ha prohibido beber agua de la red en 140 pueblos de Salamanca y la mancomunidad Sayagua recomienda no hacerlo en 21 núcleos de Zamora. Portavoces de Sanidad de la Junta de Castilla y León (PP-Vox) alegan que la competencia de gestionar el agua depende de los municipios. No obstante, Ecologistas en Acción critica que la Administración regional se desentienda del problema. Pilar Sánchez, responsable de Medio Ambiente de la Diputación de Salamanca (PP), señala que “el agua es la misma”, pero “se ha multiplicado la exigencia con el cambio de normativa”. La nueva legislación entró en vigor a principios de 2023 y el problema saltó el 20 de julio. “No da tiempo a adaptarse de una manera tan rápida, la Administración es compleja por presupuestos y procedimientos, ya se está trabajando para solucionar el problema”, sostiene Sánchez, que defiende que la Diputación ha pasado de gastar en agua unos 300.000 euros a 1,3 millones, y que se ha desarrollado un sistema de distribución de garrafas y depósitos por las poblaciones.

El argumento oficial indigna a Carolina Martín: “¿Qué razonamiento es ese? El nuevo decreto establece 0,03 microgramos de metolacloro autorizados por litro y antes eran 0,1 microgramos. Eso es que antes nos envenenaban igual con sustancias no permitidas y no lo sabíamos”. Fernando Rubio, portavoz socialista en la Diputación charra y alcalde de Juzbado, lamenta que el cambio de parámetros se sepa desde hace tiempo sin que haya existido prevención o vigilancia sobre las aguas. “Se han juntado picos de presencia de la toxina con que se ha exigido más porque son productos altamente nocivos y cancerígenos. No se trata de crear alarma, pero el consumo continuado es peligroso, deberían controlar más qué echa la gente al campo”, asegura Rubio, que explica que algunas de las mediciones que se le han hecho al agua han dado niveles de 0,05 y 0,062 microgramos de metolacloro. La representante de Ecologistas en Acción reprocha el “conformismo” de mucha gente de la zona y la inacción de alcaldes del PP, mientras que los socialistas sí inciden en el problema. El regidor de Vitigudino (2.400 vecinos), Javier Muñiz (PSOE), censura la gestión de las autoridades: “Nadie informa de nada más allá de que no es potable, es un tema grave y los depósitos no sirven, porque se multiplica la población”.

Los vecinos de este y otros pueblos dependen de depósitos como el instalado en un local municipal. Gabriel Andrés y Esteban Patiño, de 18 años, descubren al llegar que el tanque se ha vaciado y deben esperar a que lo rellenen los bomberos. El primero es salmantino y el segundo, madrileño, llegado para pasar las vacaciones. Sorprendido por el problema del agua, exclama: “[En Madrid] no te imaginas que pase esto [aquí]”. Los chicos vuelven a casa para darle la mala noticia a su madre y se cruzan con un hombre que porta varias garrafas vacías para llenarlas.

“¿Queda agua?”, pregunta, y cuando le niegan con la cabeza, se marcha malhumorado. Tendrá que esperar a la tarde, cuando lleguen los bomberos para rellenarlo tras el aviso del alcalde.

La situación golpea también en los bares de la zona. En Vitigudino, el hostelero Juan Manuel Hernández, de 60 años, se desespera para cocinar o poner cafés mientras en la clientela “no se oye preocupación”, dice, “la gente pasa de todo”. Quedan 10 días para las fiestas patronales del pueblo, pero no se espera una solución rápida. En Monleras, mucho más pequeño, sufren para servir un cortado porque la garrafa que han empalmado a la máquina no tiene la presión suficiente como para atender bien las comandas. Sari García, de 57 años, cuenta que esto se traduce en muchos problemas: se han quedado sin aparato para fabricar hielos, preparar los menús del día requiere de máximo cuidado y hay que estar pendiente de tener garrafas llenas a mano, pues vacían unas ocho de cinco litros diarias. Al menos la gente se consuela con cervezas y vinos al sol del patio, mientras ella ruega avances: “¡No baja nada el metalocloro de las narices!”.

El alcalde independiente de Monleras, Ángel Delgado, y su concejal Juanjo Delgado, de 65 y 63 años, reflexionan sobre el problema: “La intensificación de la industria agroalimentaria contra modelos tradicionales provoca estos problemas, el modelo intensivo implica explotar más el terreno y usar más pesticidas”. Asimismo, lamentan la escasa información recibida, sin reuniones para abordar la situación: “Estamos muy lejos de donde se toman las decisiones”. Basta con recorrer en coche esas carreteras entre dehesas resecas y estoicas encinas, con el pantano de La Almendra en horas bajas, para apreciar una imagen extraña: amplios vergeles bajo fuertes sistemas de regadío.

En el parque donde los niños juegan, Josefa Agúndez, Clara de Arriba y Demetria Delgado, de 87, 68 y 64 años, cuidan de los críos, sentadas al sol. Uno de sus nietos se acerca pidiendo agua y, como en tantas ocasiones estas semanas, le ofrecen una botella para que no utilice las fuentes. Misma situación al hervir alimentos o al lavar tomates o patatas. Al menos, dicen, pueden ducharse o fregar. Sobre el posible peligro de beber el agua, Delgado afirma: “Si te paras a pensarlo, te lo tomas más en serio: este mismo verano hemos estado consumiéndola”. Las mujeres reconocen la falta de espíritu combativo en estas localidades rurales, algo que para De Arriba, residente habitual en Madrid, no ocurre en las ciudades: “Allí exigen más y quieren sus derechos”.

Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal