Vecinos contra el derribo de la presa de la central nuclear inacabada de Valdecaballeros: “Es nuestro sitio de paz, que no nos lo quiten”

Ni la central nuclear de Valdecaballeros (Badajoz) ni la presa, que debía enfriar los dos reactores de la instalación, funcionaron nunca. Unos imponentes bloques de hormigón gris, abandonados entre jaras y retamas, son el único vestigio de la instalación autorizada en 1979, que se topó en el camino con la parada atómica decretada por el Gobierno de Felipe González. Del embalse queda el inmenso dique (de 400 metros de largo) y una masa de agua de la que se abastecen dos pueblos aledaños, y que aprovechan los vecinos para pescar o pasar el día. Con el transcurso de los años, el nuevo ecosistema y paisaje se han afianzado y la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de demoler el dique y devolver los terrenos a su estado original, tras la renuncia de Endesa e Iberdrola a la concesión hace tres años, ha caído como un jarro de agua fría en la comarca. Los grupos conservacionistas abogan, sin embargo, por derruir el muro y que el río Guadalupejo, afluente del Guadiana, vuelva a correr libre en un ecosistema natural al que regresarían las especies autóctonas.

El ministerio ha dictado la resolución después de concluir la tramitación habitual. Cuando estos permisos llegan a su fin, la instalación revierte al Estado y este resuelve si se queda con su gestión, la vuelve a sacar a licitación pública o se derriba. En ese último caso, surge otro problema: ¿quién se hace cargo del coste de las obras? La ley obliga a ello a los concesionarios, mantiene el Estado, pero ellos no están dispuestos. Se trata de una cuestión muy importante, puntualizan los ecologistas, porque esta polémica se va a repetir en grandes instalaciones de energía nuclear y térmica cuya eliminación está en tramitación o próxima como Santa María de Garoña, Vandellós, As Pontes, Andorra, Compostilla y Zorita, entre otras.

En una de las orillas de la presa de la polémica, cuatro jóvenes pasan la tarde del lunes. “Nos divertimos pescando, es nuestro rato de paz. Que no nos lo quiten”, responden. Un pez acaba de picar el anzuelo. “Es una carpa royal. ¿Ves? No tiene casi escamas. También hay black bass [perca americana]”, y Amalia Ríos muestra el trofeo que acaba de capturar su amigo Raúl Miguélez, parapetado bajo una sombrilla. Ambos tienen 22 años y no les afecta que enfrente se alcen los restos de la central paralizada de forma definitiva en 1994, como también ocurrió con las nucleares de Lemóniz I y II (Vizcaya) y Trillo II (Guadalajara). Esas edificaciones forman parte del paisaje con el que crecieron y, además, nunca han funcionado, “así que no hacen ningún daño, no hay problema de contaminación”. Los cuatro viven en Madrid y pasan las vacaciones en Castilblanco, el pueblo de sus padres, situado a 10 minutos en coche del pantano. Regresarían a vivir allí, pero “a jubilarse”, porque los jóvenes no tienen muchas salidas. “Vacas, ovejas y ya está”, apuntan.

Su sentir es compartido por alcaldes y vecinos de los tres pequeños municipios en los que se encuentra la nuclear abandonada y el pantano: Valdecaballeros (1.100 habitantes), Castilblanco (870) y Alía (760). La Junta de Extremadura apoya sus protestas y ha anunciado que recurrirá la decisión del Estado de demoler la presa. El presidente regional, Guillermo Fernández Vara (PSOE), declaró incluso que el desmantelamiento “no va a ocurrir”. Les ha molestado el fondo, pero también las formas, porque no se les ha consultado, a pesar de que la comunidad autónoma es parte interesada.

El proceso comenzó en febrero de 2019, cuando Iberdrola y Endesa solicitaron a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) la extinción de la concesión de la presa, que conservaban a pesar de que nunca refrigeró ningún reactor. El Gobierno aprobó la petición, pero exigiendo a las eléctricas la demolición y restitución del terreno a su estado natural. Algo a lo que no están dispuestas las compañías, que se encuentran estudiando la resolución antes de decidir si recurren o no. Pedro Brufau, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura, afirma que la ley obliga a que estos trabajos corran a cargo del concesionario “como ha corroborado la jurisprudencia y el Consejo de Estado”.

Río libre o embalsado

El alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez (PSOE), relata en su despacho del Ayuntamiento que no dieron importancia a la decisión de las empresas de marcharse, porque no les afectaba. Lo que les pilló “con el pie cambiado” fue la posibilidad de que se tire el dique. “Es un disparate”, porque el pantano es de utilidad pública. “Reporta beneficios ambientales, abastece de aguas de calidad a su pueblo y a Castilblanco (llega desde la sierra de Guadalupe), además de ayudar a la economía de la comarca con el turismo de pesca que atrae. “Nunca ha habido restricciones de agua y eso aquí, en el sur de Extremadura, es un valor”, puntualiza. Cuando no existía el dique, el Guadalupejo era un arroyo con épocas de “crecidas enormes, pero que se vaciaba en verano”, recuerda. Y teme que esa situación se repita en caso de continuar adelante con los planes.

“Podría ser que eso ocurriera, pero supondría la recuperación del funcionamiento natural del ecosistema”, replica César Rodríguez, de la Asociación Ríos con Vida. La eliminación de la presa “beneficiará a la biodiversidad del área e incrementará su valor ambiental”, asegura. A la vez, puede contribuir a la mejora del corredor ecológico del río Guadalupejo desde su nacimiento a la altura de Guadalupe (Cáceres) hasta su desembocadura en el embalse de Valdecaballeros. Estas medidas facilitarían la reconexión ecológica con el embalse de García Sola (situado bajo la presa) permitiendo que especies autóctonas que habitan allí como la colmilleja, la pardilla, la bermejuela o el barbo comizo, entre otros, suban.

A la puerta de su vivienda, Ernesto Belmonte, de 63 años, propietario de una pequeña empresa de construcción, trabajó con su padre en la obra de los edificios auxiliares de la central nuclear. También evoca el río Guadalupejo de entonces, con menos agua en verano, y considera una “locura” tirar la presa actual. “En aquella época no teníamos mucha información y no me preocupaba vivir tan cerca de una nuclear, había muchas funcionando ya como Almaraz, Zorita…”, comenta. Belmonte participó en manifestaciones en Madrid y en Mérida para que no pararan las obras, porque el pueblo revivió. También se celebraron muchas en contra. “Había 5.000 personas trabajando y cuando se cerró nos prometieron inversiones, que se quedaron en agua de borrajas”, dice echando un vistazo a las calles vacías. Los vecinos temen que la historia se repita, que cuando tiren la presa los políticos prometan mejoras que nunca lleguen.

Paula de Arma, de 74 años, tiene clavado a fuego la inversión que realizaron ella y su marido cuando se empezó a construir la central. “Que no nos quiten la presa, porque ya nos han quitado bastante”, protesta refiriéndose a la nuclear, de la que es una ferviente defensora. Ella y su marido regresaron de Inglaterra, donde residieron tres años y medio, a la llamada de la construcción de la planta atómica. “Parecía imposible que nos fuéramos a quedar otra vez cuatro gatos, pero eso es lo que ocurrió por una decisión política”, comenta mientras toma el aperitivo en el bar de la plaza. Y ahí se quedó el pueblo, “entrampado, cada uno a su nivel, y la central no se sustituyó por nada, nos dejaron abandonados”.

En este ambiente cargado, a escasos metros del dique de la polémica, al que solo se puede acceder con permiso, la naturaleza sigue el curso que le ha marcado el hombre, de momento con agua represada. Los galápagos disfrutan del sol, mientras una cigüeña negra (especie catalogada en peligro) remonta el vuelo y varias garzas reales se posan en sus nidos sin mostrar gran preocupación por los acontecimientos venideros.

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