Bruselas lanza la batalla contra el ecoblanqueo de las empresas y refuerza la reparación de productos

En un mundo cada vez más concienciado con la importancia de combatir el cambio climático, muchos son los que buscan, a la hora de hacer la compra, productos respetuosos con el medio ambiente. Pero no es verde todo lo que se proclama como tal. Según datos de la Comisión Europea, más de la mitad de las afirmaciones ecológicas de empresas y productos, desde ropa a detergentes o hasta alimentos, son “vagas, engañosas o sin fundamento”. Hasta un 40% incluso carecen totalmente de base para venderse como productos respetuosos con el medio ambiente. Para combatir este greenwashing o lavado de imagen verde y de paso proteger tanto a consumidores como a las empresas que sí cumplen los estándares, Bruselas ha presentado este miércoles una propuesta para unificar los criterios “contra el greenwashing y las afirmaciones medioambientales engañosas”.

La propuesta, que todavía tendrá que ser revisada y validada por el Parlamento y el Consejo europeos antes de entrar en vigor en toda la UE, busca responder a una situación en la que “las empresas están siendo cada vez más sofisticadas en su lavado [de imagen] verde”. Así lo explica en entrevista con EL PAÍS el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius. Los ejemplos, señala, están a la orden del día en todo tipo de comercios: “Hay camisetas en el mercado que afirman que están hechas con botellas de plástico recicladas. Pero cuando se lee con cuidado [la etiqueta], se ve que solo el 1% de esa camiseta lo es”.

Para ser verde de verdad y recibir una calificación como tal —que luego suele traducirse en publicidad positiva y hasta precios más elevados por ese producto que los consumidores concienciados están dispuestos a pagar— debe comprobarse que “toda la cadena de valores del producto es fuertemente verde, para que no haya un greenwashing o, básicamente, se esté engañando al consumidor”, subraya Sinkevicius. En la mira de Bruselas están, entre otras, afirmaciones con las que los clientes se topan en su día a día en tiendas y supermercados como “embalaje hecho con 30% de plástico reciclado” o “protector solar respetuoso con el océano”. También quiere asegurarse de que, cuando una compañía asegura que hace una entrega “con compensación de emisiones CO₂″, la afirmación es rigurosamente cierta.

Para ello, la directiva que ha lanzado ahora el Ejecutivo europeo propone que, cuando las empresas decidan hacer una “afirmación verde” sobre sus productos o servicios—algo que, recuerda Sinkevicius, es totalmente voluntario, nadie los obliga a hacerlo—, deberán respetar un “mínimo de normas” sobre cómo corroborar dichas afirmaciones y, también, cómo comunicarlas. El objetivo es doble, destaca el comisario: tanto garantizar que el consumidor pueda hacer una compra informada, como que las empresas que sí cumplen lo que afirman logren una ventaja competitiva y mayor protección frente a otras que se limitan a hacer greenwashing. Solo las empresas pequeñas —de menos de 10 empleados o de un volumen de ventas menor a los dos millones de euros― estarán exentas, salvo si quieren someterse por voluntad propia a estas normas.

Así, las afirmaciones verdes deberán estar “fundadas en evidencia científica ampliamente reconocida, identificando los impactos medioambientales relevantes”, algo que deberá recibir una “verificación independiente”. Además, si un producto es comparado con otro, esto debe hacerse de manera “justa” basándose en información y datos “equivalentes”. La directiva busca, por el contrario, prohibir etiquetas que usen “puntuación agregada” del impacto medioambiental del producto, salvo que esté ya especificado en la normativa europea.

De hecho, otro de los objetivos declarados es garantizar que los sistemas de etiquetado son “sólidos y fiables”, por lo que busca “controlar su proliferación”. Actualmente, señala, existen 230 etiquetas diferentes, algo que, advierte la Comisión, crea “confusión y desconfianza” del consumidor.

Por ello, Bruselas alienta a la creación de “sistemas de etiquetado europeos”. Por el contrario, considera que no se deberían permitir nuevos sistemas públicos de etiquetado “salvo que se desarrollen a nivel europeo”. En el caso de los etiquetados privados, la normativa prevé que solo se permitan “si demuestran una ambición medioambiental más grande que la existente”, y siempre bajo condición de lograr una aprobación oficial previa. En cualquier caso, subraya, las etiquetas medioambientales deben ser “transparentes, verificadas por terceros y revisadas regularmente”.

La medida no afectará al símbolo ya aprobado a nivel europeo de EU Ecolabel, la etiqueta que obtienen los productos que respetan ya exigencias medioambientales muy precisas.

De los Estados miembros, se requerirá que efectúen “comprobaciones regulares” de las afirmaciones y, en caso de constatar irregularidades, obligar a la empresa infractora a “adoptar acciones efectivas y rápidas para remediar la infracción”, con la posibilidad de imponer sanciones “eficientes, proporcionadas y disuasorias” en caso contrario.

Refuerzo del “derecho de reparación”

La lucha contra el greenwashing forma parte del impulso a la economía circular que lleva años haciendo Bruselas, y que este miércoles ha añadido una iniciativa más: ahondar en el “derecho de reparación”, con nuevas reglas comunes para alentar la reparación de productos en vez de su reemplazo prematuro por otros nuevos, algo en lo que Europa lleva ya un año trabajando y que ahora quiere profundizar.

Los motivos saltan a la vista: cada año, solo en la UE se tiran 35 millones de toneladas de aparatos que podrían ser reparados. Algo que crea gases de efecto invernadero “innecesarios”, hasta 261 millones de toneladas anuales. Y no afecta solo al medio ambiente: Bruselas calcula que los consumidores pierden cada año hasta 12.000 millones de euros al comprar nuevos electrodomésticos en vez de reparar los estropeados.

Desde hace un año, Bruselas trabaja para garantizar que haya cada vez más productos reparables y que el consumidor pueda tener información fiable al respecto. Ahora da un paso más, “la última pieza del puzle”, como la ha definido el comisario de Justicia, Didier Reynders, en rueda de prensa, al reforzar el “derecho a reparar” con una serie de nuevas reglas comunes que buscan “promover la reparación” en vez del reemplazo de aparatos como lavadoras, televisiones, equipos de sonido o teléfonos y tabletas.

La nueva normativa se centra en la fase de preventa: se prevé que, durante el periodo de garantía de dos años de un electrodoméstico, el vendedor esté obligado a ofrecer la reparación del producto si esta es más barata o cuesta lo mismo que reemplazarlo, lo que es, hasta ahora, la opción privilegiada por la mayoría de los comerciantes. Además, pasada la garantía, los productores de bienes sometidos a normas europeas de reparabilidad, como televisiones o lavaplatos, estarán obligados a repararlos —hasta ahora podían negarse a ello, independientemente del coste estimado— durante los siguientes 5 a 10 años tras la compra, salvo que sea técnicamente imposible.

La propuesta de Bruselas busca además la creación de plataformas nacionales en internet de reparación, para que los consumidores tengan la opción de buscar alternativas a la hora de arreglar un aparato. Estas plataformas también podrán ser usadas, ha dicho Reynders, para la compraventa de productos reparados.

“Reparar es la clave para acabar con el modelo de ‘compra, rompe y tira’ que tanto daña nuestro planeta, nuestra salud y nuestra economía”, ha subrayado el vicepresidente de la Comisión y responsable del Pacto Verde europeo, Frans Timmermans. Se trata de darle al comprador la opción de tener más poder de decisión sobre sus hábitos de compra —y ahorrar más—, a la par que “envía un mensaje importante a las empresas: que los modelos de negocio sostenibles e invertir en reparación es rentable”, ha agregado Reynders.

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