La emergencia climática lleva a España a elaborar un plan para reducir las elevadas fugas de agua

La sequía por la falta de lluvia que sufre parte de España se ve agravada por una red de suministro repleta de fugas. La poca agua que cae del cielo se desperdicia por redes precarias, especialmente en la España rural. En algunas localidades, las pérdidas superan el 60% del suministro, según algunas auditorías realizadas en los últimos meses por comunidades como Baleares o Galicia. Los expertos advierten de que el problema es generalizado en todo el país y alarman sobre la falta de datos. En un contexto de emergencia climática, el Gobierno busca ahora taponar la sangría y exigirá a los municipios de más de 50.0000 habitantes o suministradores de más de 10.000 metros cúbicos a presentar datos de sus pérdidas en el primer trimestre de 2025. Con estos datos, España elaborará un diagnóstico general que presentará antes de 2026 a la Comisión Europea en el marco de la directiva europea de calidad de las aguas destinadas al consumo humano de 2020, que obligó a los Estados a tener estadísticas detalladas. Una vez hecha la radiografía nacional, la intención es que en 2027 se establezcan unos objetivos de reducción, explica Francisco Javier Sánchez, subdirector general en el área de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico del Gobierno.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), que reúne a las principales empresas públicas de agua de España, lleva meses presionando al Gobierno para que elabore un “plan de choque valiente” para subvencionar la mejora de las redes de suministro y frenar así una sangría invisible que seca a España por sus tripas. En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinó 200 millones, provenientes de los fondos europeos Next Generation, a un plan para la mejora del ciclo urbano del agua. De estos, 100 millones fueron destinados exclusivamente a la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios y se repartieron a las comunidades autónomas en función de su población.

Aeopas ve en la partida de 2021 un síntoma de que el Gobierno central ha empezado a tomarse en serio la problemática, pero cree que las cifras son aún insuficientes y reclama al Ejecutivo impulsar un plan más elevado, de 300 millones anuales y sostenidos en el tiempo, y con una convocatoria distinta para que sean los propios municipios los que puedan acogerse directamente al plan. “Hay que bajar la pelota directamente a los ayuntamientos con la ayuda de las diputaciones provinciales“, dice Luis Babiano, gerente de Aeopas. Los operadores proponen que, a cambio del dinero inyectado, los consistorios se comprometan por escrito a reducir las pérdidas a menos de 25% del suministro.

Las reuniones entre los operadores y el ministerio se han intensificado en los últimos meses. Desde el Gobierno ven como “muy buena opción lo planteado por Aeopas” y se asegura estar “tratando de buscar fondos para poder recoger esta propuesta e integrarla en el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de la digitalización del ciclo del agua”, explican fuentes del ministerio que dirige Teresa Ribera. Otros participantes del sector en las reuniones explican que el Gobierno les ha transmitido su voluntad para mantener de manera prolongada las ayudas y por el momento califican de “gran paso” la exigencia del Ejecutivo a los municipios para que pongan datos de sus pérdidas en 2025, una medida recogida en el recientemente aprobado real decreto 3/2023 del 10 de enero.

Pérdidas con las que abastecer a millones

Antes que taponar, hay que saber por donde sangra la herida. Hay municipios dónde ya se ha hecho. Los resultados de una auditoría del Gobierno de Baleares con datos de 2021 destaparon que las tuberías públicas de Mallorca perdieron ese año 27 hectómetros cúbicos, una cifra con la que podría abastecerse a medio millón de personas (la mitad de la población de la comunidad), y representa el 26% del abastecimiento total de la isla. Con el agua que se pierde, daría para llenar casi cuatro veces el embalse a cielo abierto más grande de la isla: el Gorg Blau (7,3 hectómetros cúbicos de capacidad). La directora de Recursos Hídricos de Baleares, Juana María Garau, focaliza sobre todo la falta de información de las poblaciones pequeñas, donde el problema se acentúa por falta de medios técnicos y formación de los responsables, dice. “No solo es falta de dinero”, añade Garau. La comunidad lleva en prealerta por sequía desde el pasado noviembre. El territorio se abastece principalmente de sus acuíferos y de agua desalinizada.

Las diferencias entre lo que se pierde en las grandes urbes respecto a los pueblos se constata en las Islas Baleares. Según la auditoría del Gobierno balear, en Palma, la capital (unos 416.000 habitantes), las pérdidas suponen menos del 20% del suministro, mientras que poblaciones como las agrícolas Campos o Artà, la cifra se eleva por encima del 60%. Para frenar las pérdidas en la capital balear, la empresa municipal Emaya anunció tras la auditoría una inversión más de 25,5 millones en la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento. “Es una cifra significativa”, dice Babiano, que pone como ejemplo el trabajo de esta comunidad para frenar la sangría.

Hay fugas que son especialmente llamativas, como la fractura en enero de 2020 de la tubería principal de agua que abastece a los municipios de les Terres de l’Ebre, en el sur de Tarragona, que provocó una riada repentina que arrastró a varios coches en l’Ampolla (Baix Ebre) y obligó a cortar el suministro a los depósitos de cabecera de 63 pueblos. Pero esto es lo más visible y excepcional. Lo difícil de diagnosticar es el agua que se pierde de manera invisible bajo tierra: el 41% de las redes de suministro de agua en España tiene más de 30 años de antigüedad, según la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas (AEAS), que aglutina a los operadores privados. En Galicia, otra auditoría en 53 municipios desveló que, de media, las fugas en las redes municipales alcanzan el 41 % y llegan a superar el 60% en concellos con menos de 2.000 habitantes.

En el municipio de Olot (Girona), una auditoría detallada hecha pública el pasado septiembre desveló que la red perdía el 40% del agua puesta en circulación, lo que equivale a 400 piscinas olímpicas al año. Fuentes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Administración que aglutina la capital catalana y los 35 municipios que la envuelven y con competencias en materia de aguas, explican que las pérdidas en su sistema de suministro en su extensa red no “son alarmantes” y que, de media, el 85% del agua puesta en circulación llega a consumirse. Es decir, calcula que se pierde solo un 15% de agua de su red. De este 15% de pérdidas, la Administración calcula que un 2% se debe a acciones de fraude por parte de los consumidores, un 3% a un mal funcionamiento por parte de los contadores, un 5% por “otras causas” (entre las que citan el robo directo de agua de la red) y el 5% restante a los escapes por roturas en la red. Estas fuentes admiten, sin embargo, que estas cifras han sido obtenidas a través de “estimaciones” y no de una auditoría detallada. Casi el 90% de la población de Cataluña ya se encuentra en situación de alerta por sequía y la falta de lluvias sitúan a los embalses por debajo del 30% de su capacidad.