Pagaron 600.000 euros por unas casas que el Supremo ha ordenado derribar: “Es un mazazo”

Las desiertas calles de El Gordo, un pequeño pueblo de 380 habitantes de Cáceres, antesala de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas, se animan algo los viernes por la tarde. Empieza el fin de semana y se nota movimiento por su calle principal, en sus bares, en la farmacia, en la tienda de productos gourmet que abrió hace dos meses, en un negocio de decoración o en el supermercado. El municipio no quiere perder ese soplo de vida, que los vecinos atribuyen directamente a la influencia del complejo turístico y sus moradores. Por eso nadie parece estar de acuerdo con que el resort se derribe por completo como acordó el Tribunal Supremo la semana pasada dando la razón a los ecologistas. Los vecinos califican la decisión de demoler los 185 chalés, el hotel, el campo de golf de 18 hoyos, las piscinas y todas las instalaciones existentes de “delirante, incomprensible, una aberración que traerá la ruina a la zona”. Todavía queda por conocer la sentencia completa y cómo continuará la batalla legal, porque la Junta de Extremadura ya ha anunciado que prevé ir al Constitucional.

Poco importa a los habitantes de la zona a estas alturas, tras años de convivir con la urbanización, que no se pudiera construir en las 135 hectáreas de isla rodeada por el pantano de Valdecañas y que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declarara el proyecto nulo en 2011. El complejo se levantó en terreno protegido medioambientalmente con los permisos del Gobierno extremeño, que lo declaró proyecto de interés regional para esquivar los problemas legales. “¿Qué es lo que había ahí antes a proteger? Nada, un lugar donde se tiraban escombros. Ahora está cuidado y nos da ingresos”, resume José Bravo, dueño del bar El oasis del lobo, un sentir generalizado en la localidad. En el establecimiento desayuna Javier Martín, repartidor de cerveza, que a sus 27 años solo ha conocido la isla urbanizada y no concibe que desaparezca, porque “viene gente de la capital, los fines de semana, a veranear”. Su próxima parada en la ruta de reparto: el hotel del complejo.

Ángel Pedro Martínez, alcalde de El Berrocalejo, el otro pueblo que cuenta con terrenos en la isla, pensaba que con el trabajo que generara el complejo iban a recuperar algo de lo que les quitó el pantano. “Antes de que se creara el embalse [Franco lo inauguró en 1965] éramos 1.150 vecinos, pero al inundarse todo hubo que emigrar”, explica. Ahora son 100 habitantes censados. “Si derriban las instalaciones, los empleos que se generan aquí y en los alrededores se acaban. El pantano nos golpeará dos veces”, señala. Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, sostiene que “no se puede fomentar el empleo basándose en una ilegalidad, lo que deben poner en marcha es un buen desarrollo de la zona”. Los conservacionistas exigen a la Junta de Extremadura que “pida disculpas por su nefasta y cuasi prevaricadora gestión de este asunto y atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados” con medidas de compensación.

En una terraza del centro de El Gordo, los propietarios de dos chalés de la isla están de sobremesa. Han llegado de Madrid ―la mayor parte de las casas son segundas residencias― para pasar el fin de semana. “Es un mazazo, estamos pagando hipotecas y una comunidad de más de 600 euros al mes, porque al no construirse las viviendas previstas ese importe subió”, comenta Jacobo Vargas. Ellos compraron al principio y están “muy cansados e indignados”. Llega un tercer amigo que explica que él se enamoró del entorno y que quiere seguir aquí. El proyecto, enfocado al lujo, se vendió sin problemas. Lo tenía todo: golf, agua y a una hora y media de Madrid. Pagaron unos 600.000 euros por unas casas que en ese momento atrajeron a famosos, directivos de bancos, futbolistas..., y que ahora se han devaluado completamente. “Mala inversión”, reflexiona uno de los propietarios.

Daniel Collado conoce bien las instalaciones y a sus residentes. Regentó el chiringuito del resort y el club social durante 10 años hasta hace dos semanas cuando finalizó la concesión. Aunque no se la renovaron, Collado, que se dedica también a la organización de eventos, considera que la isla es imprescindible para la zona. “Aquí no hay cajero, ni médico y lo poco que tenemos nos lo quieren quitar”, reflexiona. La incertidumbre de años de no saber si “lo tiran o no lo tiran, impide echar raíces, estar tranquilo”, comenta a la puerta de su vivienda desde la que ve, al otro lado de la calle, el colegio de su hijo. Lleva 11 años en el pueblo. Su abuela emigró a Madrid para que sus tres hijos pudieran estudiar, y finalmente ha sido su nieto el que volvió. Y quiere quedarse.

La pregunta para muchos, incluidos Ecologistas en Acción, es por qué no se paró la construcción al principio. Ellos, junto a Adenex, lo denunciaron en 2007 cuando empezaron, e incluso consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura paralizara las obras en 2011. Sin embargo, para que se aplicara esa suspensión, el tribunal pedía como medida cautelar a la ONG que pagara una fianza de 41 millones. Una cantidad de dinero imposible de reunir para los conservacionistas. Pero una vez llegados a este punto, si no se demoliera lo construido se daría “carta blanca para construir de forma ilegal” en suelos estrictamente protegidos.

En una de las últimas casas del pueblo Carmen Sánchez regenta un pequeño supermercado en el que paran los propietarios de las viviendas camino de la isla. “Lo que van a hacer es una aberración. Sigue habiendo aves, no hay ningún daño ecológico”, sentencia. Pero esta percepción, que comparten muchos habitantes de la zona, dista de las conclusiones de un informe emitido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a petición de los jueces. La construcción del complejo, aseguran, provocó una gran pérdida de biodiversidad, porque se eliminó “más de la mitad de los árboles y arbustos nativos” y los promotores plantaron especies “poco apropiadas”, algunas “exóticas invasoras”.

Juan Carlos Domínguez, dueño de la empresa de jardinería encargada del mantenimiento de la urbanización, llegó a El Gordo hace 15 años y ahora emplea a 11 personas, todos del pueblo. Participó desde el principio en el desmontaje de la isla y asegura que se mantuvieron las masas de encina y pinos, y los eucaliptos perimetrales, además de plantar miles de árboles. “Yo soy joven, tengo 38 años, y me puedo ir a otro lugar, pero la gente de aquí no, sobre todo porque la mitad de las plantillas son mayores de 50 años”, comenta. Su mujer, Jeanette Sarro, es la propietaria de la nueva tienda gourmet que ofrece productos de la zona y de toda España. Antes vivían en Talavera de la Reina, pero decidieron vender el piso y establecerse en el pueblo con sus dos hijos.

Muchos de sus clientes llegan de la isla situada a siete minutos en coche del pueblo. En el complejo, una garita con una barrera, que no hay ningún problema en flanquear, da la bienvenida. A la izquierda se extiende el campo de golf. Las casas, con forma de cubos y de una planta, están desiertas; son segundas residencias que se ocupan fines de semana y periodos de vacaciones. La carretera desemboca en el hotel. Allí se han hospedado este fin de semana Francisco Valle e Isabel Cardo. Cuentan, mientras empujan sus carritos con los palos de golf, que van a pasar el fin de semana jugando “un torneo del día de los enamorados”. Vienen desde Palencia y ya conocían las instalaciones, que les parecen “preciosas”. “Hemos notado que hay un negocio nuevo [la tienda de productos gourmet] y que el resto se mantienen”, explica Francisco. A su mujer, decoradora de interiores, le parece que las casas están “muy bien integrados en el medio”.

Más abajo, se extienden las piscinas y la playa artificial. En uno de los bordes, aparece el esqueleto de hormigón de los edificios que se paralizaron —con la llegada de la crisis, que se sumó al embrollo legal, la promotora dejó parte del complejo sin construir—. Por allí paseaban este viernes Félix Moreno con su mujer Susana Olid y su madre, María Simón, naturales de Navalmoral de la Mata, un pueblo cercano. Han venido a pasar el fin de semana en el hotel. “Me parece muy bonito y es bueno para los pueblos, porque se trabaja, se consume y se hace la vida más llevadera. Es progreso y es sostenible”, contesta María Simón desde la perspectiva de la zona que le ofrecen sus 96 años.

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