El fiasco de Valdecañas: así se transformó una isla protegida de Extremadura en un resort de lujo

El complejo turístico de lujo se alza en una isla de 135 hectáreas del embalse de Valdecañas, en Cáceres. Nació con la vocación de convertirse en la Marbella extremeña y en la actualidad cuenta con 185 villas ―el 33% de las 565 previstas― con impresionantes vistas al pantano, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, piscinas y playa artificial, 76 atraques de barcos, y pistas polideportivas. Falta el mar, pero el privilegiado embalse lo compensa y, además, es un espacio protegido por la Red Natura 2000 (el sistema de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Ahora, y tras 14 años de litigios entre ecologistas, la Junta de Extremadura y los propietarios, el Tribunal Supremo ha acordado que casas e infraestructuras deben ser demolidas.

Corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura indicar cómo se ejecuta esta decisión, cómo se derriban las viviendas, los plazos, a quién le compete llevarlo a cabo... Mientras, los afectados preparan su defensa. El presidente del Ejecutivo regional, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha señalado este miércoles que la Junta prevé presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y que defenderá ante la Unión Europea que el “exceso” de protección medioambiental dificulta el desarrollo de territorios en vías de despoblación. El litigio continúa.

Antes y después de la isla

Antes de comenzar las obras, en 2007, la vegetación nativa de la isla propia del bosque mediterráneo [encinas y matorral] se había comenzado a regenerar de forma natural, después de que se abandonara el aprovechamiento agrícola y forestal, indica el CSIC en un informe que le solicitó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2019. La construcción del complejo supuso la eliminación de más de la mitad de esos árboles y arbustos, añaden los científicos. Además, la empresa plantó menos de la mitad de la cobertura perdida y se utilizaron especies poco apropiadas, algunas exóticas invasoras. En cuanto a las aves, los científicos indican que en la isla se destruyeron hábitats que impedirían que especies como el milano real se reprodujeran allí. También llegaron los ruidos y la contaminación lumínica y acuática.

2006: todavía sin construcciones

En 2005, la Junta de Extremadura declaró las 7.178 hectáreas del embalse de Valdecañas Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), lo que protegía el entorno y la isla de ser urbanizados. Pero ese mismo año aparece el proyecto para construir el atractivo complejo turístico y el Gobierno regional, gobernado por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo aprueba en 2007. La Junta cree haber superado los escollos ambientales para edificar en la isla declarando el proyecto de interés regional. Los ecologistas comienzan en ese momento sus denuncias y la Asociación de Defensa de la Naturaleza de Extremadura (Adenex) lleva el proyecto ante la Unión Europea, que desestima la queja porque considera que el resort no afecta a la Red Natura 2000. Ecologistas en Acción presenta un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que tiene más éxito: en 2011 les da la razón y considera nulo el proyecto, pero la empresa y la Junta de Extremadura recurren. El enredo legal continúa su curso.

2010: la urbanización comienza a tomar forma

Los ecologistas consiguen en 2011 que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considere la paralización de las obras que estaban en sus inicios (urbanización, construcción de viales, redes de saneamiento...), pero les pide que depositen una fianza de 41 millones de euros para cubrir posibles costes y daños a la empresa. “Una cifra disparatada para organizaciones sin ánimo de lucro, absolutamente fuera de razón”, sostiene Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción. Las obras continúan. Desde esta sentencia hasta que se produce la siguiente en 2014 del Tribunal Supremo que ratifica que el proyecto es nulo, es cuando se construyen todas las viviendas e infraestructuras que existen ahora. A partir de ahí, se deja prácticamente de construir y empieza un tira y afloja con recursos de un lado y de otro. La Junta de Extremadura continúa intentando que no se tire el complejo y modifica la ley del suelo. Pero el Tribunal Constitucional tumba el cambio en 2019 al considerarlo inconstitucional.

En la actualidad: casas e instalaciones finalizadas

En 2020, la situación cambia de forma radical. Los ecologistas reciben un varapalo, porque a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura había declarado ilegal el complejo, en el auto de ejecución de la sentencia los jueces consideraron que el derribo de lo construido ―hotel, viviendas, campos de golf e instalaciones en funcionamiento― era “materialmente” imposible por el “elevado perjuicio económico”. La Junta de Extremadura tendría que hacer frente “al menos” a 145 millones de euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe. Los jueces también argumentan que lo construido no producía ningún daño al medio ambiente y aunque el complejo afectó negativamente a la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), “no puede afirmarse lo mismo del funcionamiento del complejo”.

Ecologistas en Acción no lo dudó e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que este martes ha vuelto a dar la vuelta a la tortilla anulando ese extremo y acordando que dichas construcciones “deberán ser demolidas como el resto de las instalaciones”. El contenido “íntegro de la sentencia se conocerá en unos días”, finaliza el escueto comunicado con el que se hizo público el fallo.

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