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Países Bajos logra cumplir la histórica sentencia del Supremo de reducción de emisiones de CO₂ sin grandes cambios en su política

La organización ecologista Urgenda incide en que este logro se ha conseguido por la situación coyuntural de los precios de la energía, un invierno cálido y la pandemia

Isabel Ferrer
Marjan Minnesma
La fundadora de la organización Urgenda, Marjan Minnesma, saluda al juez en 2015.URGENDA

Países Bajos consiguió reducir en 2020 en un 25,5% las emisiones de CO₂ comparadas con las de 1990, tal y como le había ordenado el Tribunal Supremo. Cumple de este modo el objetivo fijado por los jueces en una sentencia histórica obtenida por la organización ecologista Urgenda, aunque este logro tiene poco de lo que presumir, pues se ha alcanzado sin apenas reformas de calado ni cambios en la política climática del país.

Es verdad que esta reducción de emisiones se ha debido, en parte, al menor empleo del carbón en las centrales eléctricas, pero esto fue consecuencia del bajo precio del gas en ese momento, lo que provocó que esta tecnología desplazara a instalaciones más contaminantes. Además, la Oficina Central de Estadística, que ha presentado esta semana los datos de emisiones, cita otros factores inesperados, como un invierno relativamente cálido que redujo el uso de la calefacción. Y está la pandemia, que si bien jugó un papel relativo en términos de CO₂, también supuso una disminución del tráfico rodado por las restricciones de movimiento.

En 2019, la organización Urgenda logró refrendar en el Supremo una demanda sin precedentes contra el Estado holandés —ganada en 2015 en primera instancia— pidiendo la limitación de los gases de efecto invernadero. Hoy, los ecologistas lamentan que su cumplimiento no se ha conseguido en virtud de una política gubernamental de lucha contra el cambio de clima. Marjan Minnesma, su directora, califica de “coincidencia y suerte”, el descenso de las emisiones del CO₂ logrado. “Es el límite más bajo posible, y en 2020, el precio del carbón superaba al del gas natural, algo que no suele ocurrir. El gas supone la mitad de las emisiones del carbón, de modo que se cerraron centrales eléctricas así mantenidas y se pasó al gas”, explica, en conversación telefónica. En su opinión, todo ello unido a un invierno suave y un menor uso del coche debido a la covid-19, “no es lo mismo que reducir las emisiones de forma estructural a base de leyes, regulaciones o subsidios”. Según la Oficina Central de Estadística, la circulación por carretera bajó en un 15% debido al consejo gubernamental de trabajar desde casa y viajar menos, pero las emisiones de la industria se mantuvieron prácticamente igual. “Este año el precio del gas está otra vez muy alto y se ha vuelto al carbón”, indica.

Para Benjamin van Sterkenburg, portavoz de Milieudefensie, la rama holandesa de Amigos de la Tierra, “aunque el nuevo Gobierno de Países Bajos ha destinado fondos millonarios a la transición energética, la mayoría consiste en subsidios, que los políticos prefieren a leyes firmes”. “Nosotros consideramos necesarias las segundas”, asegura.

Urgenda sentó un precedente mundial en 2015 esgrimiendo el respeto a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, para reclamar en los tribunales que se tomen más medidas contra el calentamiento del planeta. Ganó, pero el Ejecutivo recurrió aduciendo que los tribunales no deben entrometerse en la política. Cuando el Supremo dio la razón en 2019 a la ONG, fue muy cerca ya de 2020, año con unos objetivos de reducción inferiores a los actuales.

La actual coalición de centro derecha en el poder ha destinado 35.000 millones de euros a la reducción de emisiones para 2030, y favorecer la sostenibilidad de empresas muy contaminantes, como Tata Steel, Shell y las propias centrales eléctricas con carbón. “Nunca se había presupuestado tanto dinero para el clima. Veremos cómo lo hacen. Y cómo opera el nuevo ministro del Clima y la Energía, creado en el seno del Ministerio de Economía y Clima, y que se ocupará de comprobar el uso de estos fondos”, sigue diciendo Minnesma.

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La líder ecologista no descarta acudir de nuevo a los tribunales antes de 2030 si los objetivos gubernamentales no se cumplen. Según sus datos, las emisiones de la industria suponen ahora el mayor problema para el Gobierno, y son el 40% del total en Países Bajos, en especial las del sector del acero, química y fertilizantes. En estos momentos, la Ley holandesa del Clima fija la disminución de CO₂ por lo menos en un 49% para 2030, comparado con 1990. El actual Gabinete de centro derecha espera llegar hasta un 55%. Previsora, ella recuerda que los propios cálculos provisionales de Estadística, presentados en diciembre, indican ya lo siguiente: “En los nueve primeros meses de 2021 hubo un 3% más de emisiones de gases de efecto invernadero que en el mismo periodo de 2020″. Los datos completos serán publicados en marzo.

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