El trofeo más codiciado: europeos y asiáticos se lanzan a la caza ilegal del jaguar en Bolivia

“Es época de incendios y sale un bichote increíble que mata a todos los caballos”. Jorge Néstor Noya, jefe de una red de caza ilegal con sede en Argentina, describía así al jaguar en un audio de WhatsApp dirigido a sus cómplices. Intentaba convencer al empresario español Luis Villalba, uno de sus varios clientes internacionales, para adentrarse en la selva de Bolivia y cazar al felino más grande de América. Este imponente animal, que puede llegar a medir dos metros de largo y pesar más de 130 kilos, ha sido venerado como símbolo de fuerza e incluso considerado una deidad por las culturas ancestrales. Razones que lo convierten en el trofeo de caza más apreciado, lo que ha llevado a europeos y asiáticos a buscarlo en el corazón de Suramérica. Mientras, las investigaciones contra estos crímenes se ven entorpecidas por la falta de personal y de preparación de las autoridades bolivianas. De hecho, el fiscal al cargo no lleva ni tres meses en el puesto y hasta ahora lideraba una unidad contra el narcotráfico.

“Desde 2015, Bolivia es la meca de la caza de jaguares. Es el lugar donde se han encontrado los casos más relevantes y las redes más grandes. Vienen a América con la mentalidad de ‘me falta este para mi colección”, asegura Lisa Corti, representante del colectivo activista Llanto del Jaguar. En Bolivia, se cazan furtivamente cerca de 60 jaguares al año, la mayor cantidad de toda Latinoamérica, según un informe de 2022 de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas (Cites). A nivel mundial, el 50% de la distribución histórica de este animal se ha perdido y, en la actualidad, existen cerca de 64.000 ejemplares, casi todos concentrados en la Amazonía y el Pantanal.

Cuanto más escaso, más codiciado. Con ese discurso, Noya, veterinario de profesión, promocionaba paquetes de caza de hasta 48.000 euros en las páginas web Online Hunting y African Hunting, además de captar clientes presencialmente en eventos cinegéticos de España y Estados Unidos. En la lista de precios del argentino, en la que se ofrecían hasta 15 tipos de especies, el jaguar no solo era el más caro, sino que la diferencia de precios era abismal. La caza de un ejemplar costaba 10.000 euros, mientras que el segundo más costoso, el ocelote, tenía un precio de 1.700.

Miles de colmillos traficados

“Se presentaba como una empresa legal que cazaba animales regulados y, una vez hecho el contacto, incluía a la fauna protegida”, explica el abogado Rodrigo Herrera, uno de los denunciantes del caso que fue abierto por la fiscalía boliviana a finales de enero. Herrera también se enfrentó a una mafia china que, entre 2013 y 2018, exportó cientos de miles de colmillos de jaguar a Asia. Los cabecillas de la organización eran una pareja que fue sorprendida con 185 dientes del felino y varias otras partes del cuerpo, como las garras y las extremidades.

“En China, los colmillos se usan como amuletos o collares porque se cree que ofrecen protección contra los malos espíritus. Además, otras partes se utilizan en la medicina tradicional. Ellos piensan que no fueron obtenidos matándolos, sino recogiéndolos de cuerpos que fallecieron por causas naturales”, cuenta el guardaparques y uno de los investigadores del crimen, Marcos Uzquiano. A través de anuncios en la radio en municipios de la Amazonía boliviana, como San Borja o Rurrenabaque, se ofrecían 250 dólares (unos 238 euros) por cada jaguar cazado. En Asia, sin embargo, se comercializaban por hasta 2.500 dólares (2.380 euros). “Los ganaderos lo aceptan porque los felinos, a causa de los incendios y la deforestación en la Amazonía y la Chiquitanía, no tienen otra opción que salir del corazón del bosque y atacar al ganado”, detalla Uzquiano.

De hecho, otra de las grandes razones por las que el jaguar está amenazado es la pérdida de su hábitat: hasta 2015, la deforestación de espacios naturales alcanzó los 5,7 millones de hectáreas en Bolivia, según la organización WWF. “De todas las incautaciones realizadas desde 2010 en adelante, más del 50% están relacionadas con China de alguna manera”, apunta el abogado Herrera. La creciente presencia de migrantes chinos en Bolivia se debe a las cercanas relaciones diplomáticas entre ambos países, que han permitido la concesión de proyectos de infraestructura, como carreteras y obras civiles. Antes del caso de la pareja traficante, entre 2014 y 2016, la policía boliviana incautó 337 partes de jaguar en 16 paquetes, 14 de ellos enviados por ciudadanos chinos que trabajaban en Bolivia.

El caso de la pareja china terminó con una sentencia de cuatro años para el hombre, quien sigue prófugo desde su imputación, y tres años para su pareja, quien cumplió su condena en 2021. Sin embargo, el tráfico del felino no ha cesado: en abril de 2024, dos mujeres fueron sorprendidas comercializando nueve colmillos de jaguar en la ciudad de Trinidad. Hasta 2020, se sabía de 20 procesos abiertos relacionados con la caza furtiva del depredador. Ahora, a estos casos se suma el de Noya, en detención domiciliaria en Argentina, donde también es investigado, y el del español Villalba, presunto autor de la matanza de al menos cuatro jaguares y cuyo paradero se desconoce. Este último habría entrado y salido del país por La Paz en 2018, para después borrar su rastro al interior con vuelos no comerciales.

Ineficacia judicial

Ambos están acusados de tres delitos: biocidio, destrucción y deterioro de la riqueza nacional, y tráfico ilegal de vida silvestre. No obstante, el Código Penal boliviano no suma las penas de manera acumulativa, sino que impone la más alta (ocho años en este caso), aunque se puede añadir un agravante proporcional. Quienes siguen el caso de cerca lamentan que la investigación transcurra de forma atropellada y lenta. El fiscal asignado al caso, Miguel González, todavía no ha recibido una respuesta del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre si la casona que aparece en las fotos de Noya con los cadáveres de los jaguares es privada o pública para proceder con un allanamiento.

“Lamentablemente, el Estado es demasiado débil en su capacidad institucional para hacer cumplir la ley. Además, el personal público está muy mal capacitado”, denuncia el abogado Herrera. La activista Corti, ejemplifica este desconocimiento cuando los jueces del caso de la mafia china se quedaron, en un principio, con las pieles y colmillos incautados, cuando por normativa debían ser entregados al Museo de Historia Natural Noel Kempff. El proceso tuvo 12 audiencias suspendidas.

El mismo González reconoce que, desde que asumió el cargo de fiscal medioambiental en diciembre, aún se está familiarizando con los procesos. Antes lideraba la lucha contra el narcotráfico como director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).”No hay una ruta institucional clara para estos casos, ni plazos definidos como en otras áreas. Llevamos más de 40 días hábiles sin respuesta. Tengo que ir a rogar a las instituciones”, afirma González. Sostiene que trabaja de forma conjunta con Argentina y que pidió a la Fiscalía General del Estado de España que le tomen declaraciones a Villalba.

A la incompetencia gubernamental se suma la anarquía e impunidad en las zonas selváticas y fronterizas con Brasil. Uzquiano señala que en estas regiones el narcotráfico opera sin restricciones: “San Matías es el puente aéreo de la droga que ingresa por Perú y sale por el Beni con destino a Brasil. Temo mucho que la investigación se vea interferida por este contexto. Los mismos pobladores tienen miedo de informar; saben el riesgo. Una cosa es denunciar desde lejos y otra estar ahí”.