El Gobierno admite que seguirá pagando la multa por los vertidos de aguas fecales hasta al menos 2025

En el mejor de los escenarios, España seguirá pagando hasta 2025 la millonaria multa europea por la falta de depuración de las aguas residuales de varios municipios. Pero ese es el mejor de los horizontes y no se pueden descartar ni mucho menos nuevos retrasos, como ha ocurrido hasta ahora. La multa —que asciende ya a 62,96 millones de euros y que crece cada seis meses mientras sigan los incumplimientos— fue impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2018, cuando nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes del país continuaban vertiendo sus aguas residuales sin el adecuado tratamiento.

Cuando se hizo público el fallo, el Gobierno central presentó un calendario en el que se afirmaba que en cuatro años estaría resuelto el problema y todas las depuradoras de esas nueve aglomeraciones funcionarían correctamente. Pero ya es 2022 y el Ejecutivo reconoce ahora por escrito que el cumplimiento completo no llegará hasta al menos 2025. Esto supondrá que la que es ya la mayor multa europea a la que ha tenido que hacer frente España siga engordando durante los próximos tres años.

El nuevo calendario se conoce gracias a la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica a una pregunta parlamentaria de la diputada de Más País-Verde Equo Inés Sabanés sobre los problemas de depuración en España. La respuesta de este departamento llegó el 27 de enero y apunta a que la multa ya llega hasta esos 62,96 millones. Además, se añade que se espera que en 2025 “finalicen las obras” de la nueva estación de depuración de la localidad onubense de Matalascañas, un núcleo de población eminentemente turístico que, a pesar de estar ubicado en el corazón de Doñana, no trata adecuadamente sus aguas residuales. Son habituales los vertidos de aguas fecales en la playa de esta localidad.

Las competencias de depuración en España son de los municipios. Pero muchas veces los Ayuntamientos no tienen presupuesto para construir o mejorar las depuradoras o para mantenerlas. En otras ocasiones, no hay voluntad política por el rechazo que la instalación de este tipo de infraestructuras despierta entre algunos colectivos de vecinos. Ante esta situación, el Gobierno central y las comunidades autónomas han ido declarando de interés estatal o autonómico estas obras para que se ejecutaran en los últimos años. En el caso de la planta de Matalascañas, fue el Estado el que asumió la infraestructura. Pero hasta el pasado diciembre no se consiguió cerrar un convenio entre el Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) para acometer esta obra. El coste será de unos 30 millones de euros y el plazo para su ejecución y puesta en funcionamiento es de tres años, con lo que será complicado que la estación de depuración esté completamente operativa antes de que acabe 2025.

La otra depuradora que arrastra un retraso considerable es la que afecta a Alhaurín el Grande (Málaga). Hasta el pasado noviembre, la Junta, que es en este caso la responsable, no adjudicó la depuradora Norte de Málaga, que debe solucionar el problema de Alhaurín y de otros municipios de la zona. El importe de la obra ronda los 100 millones y el plazo de ejecución es de tres años y medio, con lo que también es probable que no esté funcionando completamente en 2025.

La obligación para las aglomeraciones urbanas de depurar correctamente sus aguas antes de verterlas al mar y los ríos viene recogida en una directiva europea que establecía 2001 como fecha para cumplir con estas prescripciones. Sin embargo, ante el alto grado de incumplimiento la Comisión fue concediendo diferentes prórrogas a España. La última fue hasta 2013 y en ese momento 17 núcleos urbanos seguían incumpliendo. Así que Bruselas acudió al Tribunal de Justicia de la UE, que tras un largo proceso condenó al país en 2018 por los incumplimientos en esas 17 aglomeraciones a pagar una multa de 12 millones. En el momento del fallo, hace ya cuatro años, nueve poblaciones seguían sin cumplir, por lo que el tribunal estableció además una multa semestral de 11 millones hasta que se depuren bien las aguas.

Esa cuantía de 11 millones va disminuyendo en función del grado de cumplimiento. De momento, la Comisión Europea solo ha certificado que dos de las nueve aglomeraciones han cumplido con la directiva: Tarifa (Cádiz) y Coín (Málaga). Además de Matalascañas y Alhaurín, todavía faltan Barbate (Cádiz), Isla Cristina (Huelva), Nerja (Málaga), Gijón Este (Asturias) y Valle de Güimar (Santa Cruz de Tenerife). Según la respuesta parlamentaria del Gobierno, “está previsto que a lo largo de este año 2022, la Comisión Europea acredite el cumplimiento de las aglomeraciones de Nerja y Gijón Este, con la entrada en funcionamiento de las respectivas depuradoras y la consecuente presentación de muestras representativas del efluente tratado como prueba del cumplimiento de la directiva”. El reconocimiento por parte de Bruselas del funcionamiento de estas dos estaciones hará que la multa semestral baje aproximadamente hasta los cinco millones, ya que el montante de la sanción está directamente relacionado con la población de las aglomeraciones urbanas y Gijón es la más poblada de este expediente.

¿Quién paga?

En su respuesta a Más País, el Ejecutivo recuerda que “son los municipios los que tienen competencias propias en el tratamiento de las aguas residuales”, por los que ellos deben “prestar los servicios de saneamiento y depuración por sí solos o con el auxilio de su comunidad autónoma”. Partiendo de esta premisa, el Ejecutivo ha ido trasladando a las comunidades autónomas afectadas parte de la multa de 62,96 millones de euros que España ha tenido que ir pagando. En concreto, el Estado se ha hecho cargo de 32,7 millones, la cantidad correspondiente a las depuradoras declaradas de interés estatal. Los más de 30 millones restantes los han tenido que afrontar los gobiernos autonómicos.

Andalucía recurrió contra el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se le repercutía su parte de la sanción argumentando que eran los Ayuntamientos los que deberían hacer frente a las multas. Pero el Tribunal Supremo desestimó en septiembre esta pretensión de la Junta y obligó al pago de su parte de la multa.

Cuando se consiga que todas depuradoras de estas aglomeraciones estén en funcionamiento, el problema de las aguas residuales urbanas en España no estará solucionado. Porque la normativa europea establece que las 2.059 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes de España deben tratar correctamente sus aguas residuales. Sin embargo, el actual plan nacional de depuración, que data del pasado mes de julio, apunta a que 516 no cumplen con lo que establecen las directivas de aguas, es decir, el 25% del total. Por este motivo, España tiene abiertos cinco expedientes europeos en estos momentos —y en breve podría llegar otro— que también pueden acabar en sanciones millonarias si continúan los incumplimientos.

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