La doble lucha del Kremlin contra el cambio climático y sus activistas

El calentamiento terrestre avanza 2,5 veces más rápido en Rusia que la media del planeta. Vladímir Putin hizo esta advertencia en la víspera de la cumbre del clima de Glasgow, pero a él mismo no le ha parecido una amenaza suficiente como para acudir a la conferencia climática en Escocia —como tampoco lo ha hecho el líder chino, Xi Jinping—. “La actuación ambiental de Rusia no está pensada para coincidir con ningún acontecimiento”, ha sido la respuesta del Kremlin ante las críticas recibidas por su ausencia en Glasgow, entre ellas las del mandatario estadounidense, Joe Biden, quien dijo de Putin que “su tundra está ardiendo literalmente” y que ha perdido la oportunidad de dar ejemplo a la población.

“La tundra está realmente en llamas, pero no olvidemos que los bosques también se están quemando en California, Turquía y otras partes del mundo”, ha subrayado el portavoz de Putin. Rusia, que atesora el 20% de los bosques del planeta, es clave porque el deshielo del permafrost está acelerando el cambio climático. Una situación que, paradójicamente, desde Rusia algunos pueden ver beneficioso a corto plazo, al abrir nuevas rutas comerciales y permitir explotar los recursos del Ártico.

Pese a su ausencia en la cumbre del clima, Putin ha dado un importante giro en los últimos tiempos en su postura sobre el calentamiento del planeta. Si hace un par de años decía que la influencia del ser humano es “insignificante” y hablaba de “cambios cósmicos”, este verano de devastadores incendios advirtió de que “si la humanidad impulsa más el calentamiento global, comenzarán procesos irreversibles que convertirán el planeta en Venus y su superficie de 500 grados”. De hecho, la contaminación es un factor clave para la aprobación presidencial: según una encuesta del centro de investigación Levada de 2020, este problema preocupa más a los rusos (48%) que el terrorismo (42%).

El Gobierno ruso revisó en octubre su estrategia hasta el año 2050 para recortar las emisiones de gases invernadero. El plan prevé reducirlas para entonces en un 79% respecto a 1990 y lograr la neutralidad del carbono en 2060 (lo que significa que solo se liberarían las emisiones que puede absorber la naturaleza). La nueva estrategia ha recibido el aplauso de 23 ONG, incluidas Greenpeace, WWF y otras muchas rusas, aunque instan al Gobierno a lograr la neutralidad de carbono ya en 2050 y dudan de sus cálculos de absorción de CO₂ por parte de los bosques.

Los incendios forestales y la tala masiva son para las autoridades rusas la gran amenaza ambiental del país. La Agencia Federal de Silvicultura tiene registradas 1.145 millones de hectáreas de masa forestal, pero según la Cámara de Cuentas está desactualizada la información sobre el estado de 967 millones de hectáreas, el equivalente a Brasil, y solo en lo que va de año han ardido más de 18 millones de hectáreas, la peor cifra este siglo. De hecho, por primera vez se detectó humo en el Polo Norte.

La buena noticia son dos nuevas leyes para la protección de los bosques. La primera facilita repoblar con árboles los campos abandonados por los agricultores; y la segunda prohíbe la exportación de madera sin procesar a partir del 2022. Su principal destino, tanto traficada como legal, es China, que importa más de un tercio del total ruso para procesarla posteriormente, según las estimaciones del Banco Mundial.

Otra de las medidas del Kremlin es la imposición de tasas a las empresas por emitir carbono, una iniciativa a la que Rusia se ha visto arrastrada por la Unión Europea. Este será el país más afectado por el nuevo Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, en inglés), que obligará a las compañías europeas que importen ciertos recursos de fuera a pagar derechos de emisión de CO₂, como ya ocurre con los fabricantes dentro de la Unión. El borrador prevé que afecte al acero, hierro, fertilizantes, energía, cemento y aluminio; exportaciones que encabeza Rusia (8.000 millones de euros al año), según el Centro por la Reforma Europea, seguida por Turquía (menos de 5.000) y China (3.500).

“La iniciativa tiene una clara intención ecologista; aún quedan negociaciones con EE UU y Bruselas espera que acepte”, afirma Elisabetta Cornago, investigadora adjunta del Centro por la Reforma Europea. Washington es duodécima en la lista con menos de un millar de euros.

Según la consultora KPMG, la iniciativa puede tener un coste para las empresas rusas de hasta 50.000 millones de euros hasta 2030. “Su impacto será mayor para Rusia que las sanciones”, opina Cornago, quien cree que esto “puede empujar al país a hacer reformas”, porque “esta es una batalla de todos”.

Una guerra en la que los ecologistas rusos son acusados de traidores. Las autoridades han declarado “agentes extranjeros” a 32 organizaciones ambientales desde 2014, 22 de las cuales han acabado cerrando. El corresponsable de la Unión Social-Ecológica, Vitali Servétnik, explica que los activistas sufren “un control constante y una regulación excesiva que a la mínima impone multas o arrestos”. “Una crítica a la construcción de un basurero puede ser calificada como una declaración extremista”, recalca Servétnik. En su opinión, es fundamental proteger a las ONG: “Nuestro gran problema es la falta de información. Sin información no se pueden tomar decisiones”.

La denominada Iniciativa Social contra el Crimen Ecológico fue declarada agente extranjero en 2019 por recibir financiación de Greenpeace. Al ser preguntada si teme sufrir el mismo destino, esta última organización internacional responde que “nunca ha sido catalogada así” porque cumple escrupulosamente la legislación y participa en debates presidenciales. Sin embargo, algunos diputados del partido de Putin han exigido hace poco declarar a Greenpeace “organización indeseable”, lo que supondría su cierre inmediato.

El debate político tampoco elude el acoso. Serguéi Vlásov, diputado independiente de un distrito de Moscú, ha sido procesado bajo el artículo 13.15, “abuso de la libertad de información”, por publicar un vídeo contra la construcción de dos instalaciones de secado de aguas residuales en plena capital.

“Ya no hay capacidad para depurar el alcantarillado y las autoridades han decidido quemarlas”, cuenta Vlásov, quien recuerda un caso similar de San Petersburgo en el que se dispararon las estadísticas de cáncer. “Solo soy un diputado de distrito. Nos cierran todas las puertas”, lamenta.

Por otro lado, el Gobierno proyecta construir 25 centrales eléctricas alimentadas por residuos cerca de grandes ciudades. Greenpeace lo ve absurdo porque “desincentiva el reciclaje y Rusia ya produce una cantidad de energía excesiva”. La ONG calcula que hacia 2024 estarán llenos los vertederos de 32 regiones, por lo que se ha optado por “la vía más fácil”: quemar el 40% de los desechos.

“Las acciones de Rusia (contra el cambio climático) son consistentes”, ha defendido el portavoz de Putin. Su éxito dependerá del rédito económico para el Kremlin. En marzo, a las puertas de la crisis energética, Putin ordenó un incremento del 30% de la producción de carbón con vistas a exportarlo, y hace unas semanas el mandatario presumió de la “gran disponibilidad de hidrocarburos” del país antes de acusar a la UE de “inventarse mecanismos [las tasas por CO₂] para acercarse a esas ventajas naturales”. “Necesitamos un diálogo honesto y abierto”, afirmó Putin poco antes de dejar plantada a la cumbre de Glasgow.

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