La sequía en la cuenca del Guadalquivir obliga a restringir el agua a 4,3 millones de personas

El Gobierno declarará, previsiblemente dentro de 10 días, la sequía en la cuenca del Guadalquivir ante la pertinaz falta de lluvias y con los embalses a solo el 27% de su capacidad, una medida que afecta a 4,3 millones de habitantes de Andalucía principalmente, pero también de Castilla-La Mancha y Extremadura. La declaración de sequía el próximo 2 de noviembre será el pistoletazo que active las alertas para imponer medidas extremas que afectarán a 554 ayuntamientos de esas tres regiones, abocados a ahorrar agua pese a que el consumo humano está garantizado durante al menos dos años, según cálculos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

La biodiversidad lleva años sufriendo estragos en este territorio y las especies de flora y fauna pelean por sobrevivir en los 57.679 kilómetros cuadrados ahora resecos que abarca la cuenca, con tesoros como el Parque Nacional de Doñana, sin apenas humedales y los acuíferos al mínimo.

La cuenca de este río es la tercera mayor de España por capacidad de embalses, con 49 presas que hoy solo tienen 2.187 hectómetros cúbicos de los 8.115 que pueden almacenar. Las previsiones meteorológicas no auguran lluvias la próxima semana y tras la declaración de sequía, el Gobierno aprobará el Real Decreto de medidas urgentes que aplicó en la zona por última vez en 2008. Los científicos coinciden al recordar que el cambio climático aumenta la frecuencia de las sequías, tres de ellas de larga duración en España durante las últimas cuatro décadas: los periodos 1982-1984, 1991-1996 y 2005-2009.

“Tras recortar un 50% el agua a los regantes, los ayuntamientos deberán disponer de planes de emergencia con medidas de ahorro para el baldeo de calles y el riego de jardines. Eso sí, el ahorro ya sería un éxito si alcanza el 10%, y como el consumo humano solo representa el 10% de las reservas, se traduce en un ahorro del 1% del agua embalsada, que sin embargo es muy importante a nivel local”, ilustran fuentes de la Confederación, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El tijeretazo en las concesiones de riego agrícola del Guadalquivir del 50% este pasado verano es solo la avanzadilla de lo que viene si las lluvias no cuajan a lo largo del otoño y el invierno. Al margen de que ciudades como Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén le vean las orejas al lobo, la naturaleza se resiente desde hace un lustro por la escasez continuada de precipitaciones.

Doñana tiene cientos de lagunas que hoy no existen, la mayor de ellas la de Santa Olalla, con 50 hectáreas de las que apenas cinco conservan hoy agua. “Se pierden especies acuáticas que ya no volverán. Algunas, como la libélula, son indicadores de la conservación del medio acuático, y si en Doñana se citaban 40 especies hace 25 años, ahora son solo 20. Hay especies que necesitan beber simplemente, y en verano no quedan puntos de agua para los mamíferos o las aves”, ilustra Carmen Díaz, investigadora del departamento de Ecología de Humedales de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC.

En la reserva natural, a la escasez de lluvias se le suma la proliferación de pozos ilegales que esquilman los acuíferos para regar las fresas de los invernaderos cercanos. “Sin esa extracción, la afectación del parque no sería tanta. En las lagunas prácticamente secas, el matorral sucede al pastizal en las cubetas, que se han convertido en pinares. No es una sequía aguda, sino crónica, son cambios a largo plazo”, precisa Eloy Revilla, investigador en Biología de la Conservación y director de la Estación Biológica.

Los registros históricos de las precipitaciones revelan un descenso paulatino de las lluvias. La Confederación mira al cielo con preocupación. “Nuestro clima tiene ciclos y después del húmedo de 2009-2013, no hemos tenido suficientes precipitaciones y las temperaturas más elevadas resecan mucho el suelo y no cubren bien el déficit hídrico”, expone Nuria Jiménez, directora técnica de la Confederación.

Con otro prisma lo ven los ecologistas, que critican un exceso en las concesiones para la agricultura de regadío, que copa casi 9 de cada 10 litros de las reservas de esta cuenca. Rafael Seiz, responsable del programa de aguas en WWF, critica la planificación al conceder agua para los cultivos: “Es la paradoja de esta declaración, que ha sido un año normal y no de sequía meteorológica. No estamos en un año especialmente seco. Hay que huir de culpar de lo que nos pasa a que no llueve. El problema es apurar al máximo para evitar poner restricciones a las demandas de riego”. Revilla coincide en este análisis: “Me llama mucho la atención la poca preparación de las administraciones ante los cambios. La Confederación ha ejecutado ahora un cambio de política, pero hace 10 años no era así”.

Mientras, el paisaje de la cuenca del Guadalquivir se ha transformado en la última década: donde antes los olivos crecían al albur de las lluvias, ahora han brotado nuevas plantaciones de olivar y almendro intensivo y superintensivo que beben del enorme caudal que atraviesa Andalucía. De momento, la inminente declaración de sequía implica detraer 400 hectómetros cúbicos del regadío para garantizar el abastecimiento a la población hasta 2024.

El 87% del agua embalsada, para el regadío

En la cuenca del Guadalquivir, los regantes acaparan el 87% del agua embalsada, y este verano ya han recibido solo la mitad de lo habitual en cada campaña de riego: 6.000 metros cúbicos por hectárea.

De fondo late la Ley de Aguas de 2001, que estableció un marco muy garantista con las concesiones y los derechos de los agricultores, que apuestan cada vez más por los cultivos de regadío ante la mayor rentabilidad frente al secano tradicional. Y en ocasiones las confederaciones apuran los plazos antes de cortar el grifo a los regadíos para así evitar pleitos.

El nuevo plan hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir —en borrador— prohíbe nuevas hectáreas de regadío agrícola y solo se autorizarán si hay permuta de concesiones, aunque fuentes del organismo alegan que de facto este veto ya se ha puesto en práctica los últimos años.

Los regantes culpan al cielo, pero también al Gobierno por no culminar algunos embalses previstos en la cuenca. “Pedimos reactivar esos embalses pendientes, porque aunque tenemos niveles altísimos de eficiencia en el riego, llevamos cinco años secos y dependemos mucho de las lluvias”, lamenta Pedro Parias, gerente de la asociación de comunidades de regantes de Andalucía, Feragua.

Mientras, en las zonas de esta región cuyas aguas regula la Junta ya está declarada la situación “de excepcional sequía” en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y Cuevas de Almanzora (Almería), aunque la población no sufre de momento restricciones. Más al norte, la cuenca del Guadiana también padece una situación crítica con sus embalses al 28% y 2.719 hectómetros, pero de momento esta Confederación no ha reclamado al Gobierno el decreto de sequía.

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