El Gobierno pone fecha para el fin de la caza del lobo: el 25 de septiembre

La caza del lobo ibérico ya tiene plazo de caducidad. La especie dejará de ser considerada cinegética (animales que pueden ser objeto de caza y pesca) en toda España en una fecha “no posterior al 25 de septiembre de 2021”, ha comunicado este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica. La medida implicará igualar el estatus de conservación del cánido en todo el territorio y que no se pueda cazar como ocurre ahora en las comunidades que viven al norte del río Duero, donde el animal es más abundante. Al sur de esa frontera, la especie se encuentra estrictamente protegida y solo se pueden capturar ejemplares con permisos especiales. En la actualidad, se abaten más de cien lobos al año legalmente en España, de una población de entre 2.000 y 2.500 animales, que se distribuyen en unas 297 manadas, según la estimación del último censo nacional realizado entre 2012 y 2014. La mayor densidad se encuentra en Castilla y León, seguida por Galicia, Asturias y Cantabria, que albergan el 95% de la población.

El Gobierno no ha logrado ganarse a Ascel, la asociación que promovió el cambio en la normativa del lobo, con la determinación de una fecha concreta para acabar con la caza. Ignacio Martínez, presidente de la organización ecologista, califica de “inaceptable” el texto de la orden ministerial que, cuando se apruebe, permitirá incorporar al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y elevar su categoría de conservación. Martínez asegura que la orden abre la puerta “a que se continúen abatiendo ejemplares por control, para prevenir perjuicios importantes al ganado o por motivo de interés público de primer orden y aquí están incluidos los de carácter socioeconómico”. Ascel pidió al departamento de Teresa Ribera que los planes de gestión de las comunidades autónomas cesaran en el momento en que se publicara el texto.

Ecologistas en Acción da un voto de confianza al ministerio y considera que hay que calificar “de forma muy positiva” el paso adelante dado. Con un pero, matiza Theo Oberhuber, coordinador de proyectos de la organización: “Estamos en contra del sistema de control de lobos, que se llevan a cabo sin ninguna base técnica ni justificación. Es un modelo que ha fracasado completamente”. Oberhuber considera que si las comunidades autónomas adoptaran medidas de protección del ganado, no sería necesario ningún tipo de control, cuyas medidas “ya se tendrían que haber suspendido”.

Pero la caza continúa, y legalmente. Castilla y León, la comunidad con más ejemplares, anunció a finales de abril la subasta de permisos para abatir a 12 lobos en la reserva regional de caza de la Sierra de la Culebra (Zamora), donde los interesados pueden llegar a pagar 6.000 euros por abatir un animal. Una situación que no debería volver a producirse a partir del 25 de septiembre, cuando, según ha indicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, todas las comunidades estarán obligadas a “tener sus herramientas de gestión vinculadas a la especie adaptadas a la nueva situación”,

Mientras el ministerio continúa su hoja de ruta, las comunidades autónomas más loberas y las organizaciones ganaderas continúan con la batalla. No aceptan bajo ningún concepto que les prohíban la gestión del número de lobos mediante la caza. Sus responsables políticos aseguran que la especie ha sobrevivido y prosperado en su territorio gracias a esa forma de manejo y acusan al Gobierno de realizar “declaraciones contradictorias” como ocurrió la semana pasada tras una reunión del director general de Biodiversidad, Jorge Martínez, y las organizaciones profesionales agrarias. Estas aseguraron que el ministerio tenía la intención de volver al punto de partida para abrir una negociación. La noticia corrió como la pólvora, alimentando todo tipo de especulaciones. Horas después, Hugo Morán, lo desmintió.

La hora de interponer alegaciones

La orden ministerial, abierta a alegaciones, modifica el anexo del Real Decreto regulador del LESPRE para incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico presentes en el territorio español. En ella, se establece un calendario transitorio hasta que la Conferencia Sectorial apruebe la futura Estrategia Estatal del Lobo en los próximos meses. Hasta que no salga adelante este paso, “se podrán seguir aplicando las medidas vigentes establecidas por los órganos competentes de las comunidades autónomas para gestionar el manejo de sus respectivas poblaciones de lobos”. Es decir, se podrán seguir cazando lobos.

La propuesta de inclusión del lobo en el LESPRE fue aprobada por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad el pasado 4 de febrero en una reñida votación, que salió adelante con nueve votos a favor (Cataluña, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Melilla y el ministerio) y ocho en contra (Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, País Vasco, Andalucía y Murcia). Valencia y Navarra decidieron no votar y Ceuta no asistió a la reunión.

Además de prohibir la caza, el acuerdo incluía el compromiso adoptar medidas para mejorar la coexistencia con la ganadería extensiva, señala el ministerio. Para ello, está estudiando la adopción medidas compensatorias con financiación pública para los territorios loberos. Entre ellas, habilitar un pago adicional al pastoreo extensivo en zonas de convivencia de grandes carnívoros y ayudas para adoptar medidas de protección del ganado.

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