La Guardia Civil precinta 60 desalobradoras ilegales en una operación contra los vertidos en el mar Menor

La mala situación en la que se encuentra el mar Menor, debido principalmente a los vertidos de nutrientes procedentes de los abonos de la agricultura intensiva en el Campo de Cartagena (Murcia), no frena las actividades ilegales que provocan el deterioro de la laguna. La última operación de la Guardia Civil para detectar posibles causas de las afecciones medioambientales de este ecosistema único ha destapado, una nueva trama delictiva dedicada al uso de desalobradoras en la comarca de Campo de Cartagena. Los agentes han investigado a 68 personas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y han inspeccionado 52 fincas agrícolas en las que han localizado y precintado 60 plantas desalobradoras y 42 pozos de captación de aguas con diferentes irregularidades. La operación Chancuatro, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, continúa abierta.

Para evitar la detección, la Guardia Civil encontró algunas desalobradoras ocultas en zulos construidos en el subsuelo y camuflados, o subidas a remolques para facilitar su transporte hasta cualquier punto de las fincas de forma ágil. Además, algunos de los pozos de extracción de agua estaban manipulados con un imán que alteraba los resultados del contador volumétrico, otros ni siquiera contaban con contador y varios carecían de la correspondiente autorización administrativa que acredita su legalidad. El agua se coge del subsuelo de los acuíferos que existen en la zona, se desala y se utiliza para los cultivos.

Una vez depurada el agua, el rechazo —con un alto porcentaje en sal y productos químicos— era inyectado en pozos ilegales y también vertido a través de ramblas o salmueroductos que desembocan en el mar Menor, explica la Guardia Civil. Esto impide recuperarse a una laguna que ha sufrido colapsos muy importantes. El último, en octubre de 2019, se saldó con un desastre ambiental sin precedentes: se retiraron tres toneladas de peces muertos que llegaron a las playas intentando escapar de la falta de oxígeno.

La Guardia Civil puso en marcha en el mes de febrero el operativo tras culminar otros dos: Chandos (iniciado en 2019 con 63 personas investigadas por delitos medioambientales) y Chantres (desarrollado en 2020 y que finalizó con la investigación de 23 personas). Los agentes, dirigidos por el Seprona, sospechaban que estas actividades delictivas podían seguir en marcha, indican en un comunicado. En la operación participaron también técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Detrás de todo el entramado se encuentra una sociedad (tres de cuyos responsables están siendo investigados) que ofrecía desalobradoras y productos para eliminar la salinidad del agua a empresarios agrícolas de la zona y tener mejor suministro para captar agua de los acuíferos. El servicio era completo: les instalaban la maquinaria, generalmente soterrada para evitar su localización, y se encargaban del mantenimiento y suministro de los productos necesarios para que el agua captada de los acuíferos fuese filtrada y desprovista de salinidad.

Santiago Pérez Blaya, agricultor y síndico de la comunidad de regantes de Campo de Cartagena, dice estar en “shock”. “Madre mía, a la altura en la que estamos [por el mal estado de la laguna] y todavía hay personas que se comportan de esta manera”, declara. El problema, añade, no es solo que el resto del proceso de desalinización de las aguas del acuífero acabe en el mar Menor, “es que ese rechazo acaba primero en el acuífero, que se vuelve más salino y así nadie lo puede utilizar, porque el agua es de malísima calidad”. La situación le parece tan detestable que desea “que les caiga todo el peso de la ley, porque se está enfangando al sector entero por la avaricia ilimitada de unos señores”. Lo más increible, añade, es que “hay agua para regar” de la comunidad de regantes del trasvase Tajo-Segura, de la desaladora de Torrevieja y de distintas concesiones de los pueblos.

El director de la asociación ecologista ANSE, Pedro García, reitera que “todo acaba en el mar Menor”. “Incluso en verano, con situaciones de sequía, ves que se mantienen entradas de agua”. Seguir trabajando en esa línea con investigaciones de la Guardia Civil y el juzgado “es imprescindible para que se arreglen los problemas del mar Menor”, añade. “Los agricultores deberían verlo como una necesidad, y que, al final quede una agricultura responsable”, indica.

Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en un delito, recogido en el vigente Código Penal, que se castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de 10 a 14 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años, explica la Guardia Civil. En caso de perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, las penas de prisión pueden ser de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para su profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

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