Chile no puede permitirse perder su consenso climático

Durante más de una década, Chile se ha posicionado un referente global de políticas climáticas audaces en el mundo en desarrollo, principalmente porque logró sostener una convicción transversal: la crisis climática no es un asunto ideológico, y su estabilidad económica y competitividad futura dependen de seguir avanzando hacia una economía limpia. Hoy, ese consenso comienza a ser tensionado por discursos que llegan desde el exterior, cargados de negacionismo, simplificaciones o sospechas infundadas sobre la transición ecológica. Y Chile, un país altamente vulnerable al calentamiento global, no puede permitirse retroceder.

Las posiciones que hoy resurgen -que “el cambio climático no existe”, que “es demasiado caro actuar” o que “Chile es demasiado pequeño para que su esfuerzo importe”- no resisten la evidencia. Cada país puede debatir la velocidad o diseño de sus políticas, pero discutir la necesidad de actuar es anacrónico e irresponsable. La ciencia lo dejó claro hace tiempo, pero ahora también lo hacen los datos económicos, financieros y fiscales.

El costo de la inacción es mayor que el de actuar. La crisis energética tras la invasión rusa a Ucrania fue un recordatorio brutal de la dependencia de los combustibles fósiles. Chile tuvo que destinar más de US$ 3.000 millones para amortiguar el golpe de los precios internacionales del petróleo y el gas. Eso no fue una elección: fue un precio impuesto por su dependencia. Los fertilizantes triplicaron su valor porque dependen del gas natural. La inflación subió, la deuda aumentó y el país perdió margen fiscal. Lo mismo ocurrió en buena parte del mundo, y quienes más resiliencia demostraron fueron las economías que ya habían avanzado en electrificación y energías renovables.

Lo notable es que Chile no partió de cero. Desde 2009, y con continuidad entre gobiernos de distinto signo político, el país construyó una estrategia climática moderna. En 2019 se convirtió en el primer país en desarrollo en comprometerse con la carbono neutralidad. Y esa decisión no nació solo Ministerio de Medio Ambiente, sino que fue respaldado por el Ministerio de Hacienda. El entonces ministro Felipe Larraín, apoyado por análisis del Banco Mundial y del Banco Central, entendió que el cambio climático no era una amenaza distante, sino un riesgo económico inmediato. Y que la transición energética, lejos de ser un costo, era una oportunidad. De esa visión nació la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, que lanzó junto al actual Primer Ministro de Finlandia, Petteri Orpo, también de derecha, y hoy integran más de 90 países. Un ejemplo de liderazgo chileno de impacto global.

Es un modelo que funciona, y los resultados están a la vista. Chile ha atraído más de US$ 20.000 millones en inversión renovable en una década. El 33% de su electricidad ya proviene del sol y del viento, lo que ayudó a moderar el impacto de la crisis energética global. Santiago opera una de las mayores flotas de buses eléctricos del mundo, y el metro continúa expandiéndose. Y la demanda internacional por litio y cobre —minerales esenciales para la transición energética— ha abierto oportunidades inéditas para el país. Lejos de frenar la economía, la acción climática ha potenciado sectores estratégicos. Simultáneamente, estudios como los de Swiss Re advierten que Chile podría perder hasta un 28% de su PIB hacia 2050 si no actúa. Cuando incluso las aseguradoras globales hablan de riesgo sistémico, el debate dejó hace tiempo de ser ideológico.

Pero nada de eso está asegurado, por el riesgo de importar un conflicto ajeno. En los últimos meses ha comenzado a emerger en Chile un discurso similar al que circula en ciertos sectores políticos de países anglosajones: presentar la acción climática como una agenda partidista. Esa lectura es equivocada y peligrosa. Quienes hemos trabajado con gobiernos de todo signo sabemos que la división real no es izquierda vs derecha, sino países con visión estratégica vs países atrapados en el pasado.

Las potencias exportadoras de combustibles fósiles -que representan apenas al 20% de la población mundial- buscan retrasar la transición. El 80% restante, que depende de importaciones, tiene todo que ganar acelerándola. Chile pertenece a ese 80%, y su seguridad energética, su estabilidad económica y su competitividad dependen de no retroceder.

El mayor logro climático de Chile no fue solo la meta de carbono neutralidad. Fue haberla convertido en una política de Estado, sostenida por distintos gobiernos y respaldada por el sistema financiero, la academia y el sector privado. Ese pacto hoy está en riesgo. Perderlo sería renunciar a una ventaja estratégica que el país construyó con paciencia, consenso y visión.

Chile no puede darse el lujo de imitar debates ajenos ni de hacer del clima un arma política. Tiene demasiado que perder, y mucho más que ganar si mantiene el rumbo. El siglo XXI pertenecerá a las economías capaces de producir energía limpia, tecnología verde y minerales estratégicos. Chile está bien posicionado para ser una de ellas. No desperdiciemos esa oportunidad.