Chile vota en el plebiscito constitucional marcado por cuatro años de incertidumbre económica

Este año ha sido uno lento para la economía chilena. La actividad no ha logrado despegar en medio de un panorama externo convulsionado, marcado por dos grandes guerras, en Ucrania y Gaza, y con una economía China, el principal socio comercial de Chile, que ha comenzado a mostrar signos de desaceleración.

Pero más allá de las fronteras, hay elementos internos que también están impactando en el bajo crecimiento exhibido por el país durante el año. Los problemas estructurales de la economía chilena, que lleva más de una década estancada, se suman a la difícil recuperación post pandemia, el sobrecalentamiento de la economía producto de los retiros y de las ayudas económicas durante la Covid19, además de la excesiva burocracia para obtener permisos para obras de diferente índole, desde edificios, carreteras, hasta plantas de hidrógeno verde, y la desconfianza frente a la reforma tributaria promovida por el Gobierno de izquierdas de Gabriel Boric.

Pero uno de los factores principales que se menciona a la hora de hablar de incertidumbre, es el proceso constitucional, que ya suma cuatro años en Chile y cuyos episodios han ido marcando el devenir de la economía. En ese sentido, el plebiscito del próximo domingo 17 de diciembre, cuando los ciudadanos decidirán si votan A favor o En contra de la nueva propuesta de Constitución, significará, más allá de su resultado, el fin de un ciclo. La gran pregunta es si logrará reducir los altos niveles de incertidumbre que están hoy retrasando decisiones de inversión y afectando la confianza de los empresarios.

El Indice de Incertidumbre Económica (IEC) un indicador que elabora el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes), dado a conocer la semana pasada, mostró su mayor nivel en el año en noviembre, con un valor de 333. Es un incremento de 4,5% respecto del valor observado en el mes anterior y arroja entre las principales fuentes de incertidumbre la preocupación por el proceso constitucional, además de las proyecciones económicas para 2024 y la situación política de Argentina.

Felipe Larraín, exministro de Hacienda del primer y segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014/2018-2022) y director de Clapes, sostiene que “han sido cientos las advertencias sobre las negativas consecuencias que traería para el crecimiento de la economía tener por cuatro años abierto el debate constitucional y por tres la realización de reforma tributaria, pero no se ha tomado en serio el daño que está provocando”. Y sobre el actual proceso, el economista señala que el 17 de diciembre “se disipará en alguna medida el debate constitucional, dependiendo cual sea el resultado, pero siguen abiertos muchos flancos, como la reforma tributaria, la reforma previsional y la situación de las Isapres”.

Para Tomás Rau, director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, es difícil cuantificar exactamente cuánto de la actual incertidumbre proviene del debate constitucional, pero dice que sin duda “el decepcionante rendimiento económico de Chile se debe, en parte significativa, a factores internos relacionados con la incertidumbre generada por el estallido social, el enaltecimiento de la violencia y el proceso constitucional que devino después”.

El economista agrega que “es muy probable que Chile podría haber mostrado un crecimiento mayor sin un proceso constituyente, ya que la incertidumbre generada por dicho proceso ha afectado fuertemente la inversión y el desarrollo de reformas clave, lo que a su vez ha contribuido al estancamiento de los últimos años”.

Una visión diferente tiene la directora de Espacio Público y de la Escuela de Gobierno UC, Andrea Repetto. Para la economista, el proceso constituyente de los últimos cuatro años no puede analizarse sin tener en cuenta el fenómeno que lo originó. “No hay que olvidar que el proceso constitucional es la respuesta que la política dio para encauzar el estallido social de octubre del 2019 y los 15 años previos de movilización social. No se puede evaluar este proceso sin mirar su contexto, aun cuando no nos haya llevado al gran acuerdo de reforma constitucional que todos esperábamos. En otras palabras, no sabemos cuán costoso habría sido no haberse hecho cargo del modo que se hizo y cuánta incertidumbre adicional habríamos tenido”, señala. Y agrega que “el proceso constitucional es una fuente de incertidumbre, pero no la única, y es muy difícil asignar importancias relativas”.

A Favor / En contra

¿Qué pasará después del 17 de diciembre? Aunque desde el Gobierno y los partidos del Socialismo Democrático han recalcado que de ganar el En Contra no insistirán con un nuevo proceso constitucional, lo que cerraría los cuatro años de debate en torno a la Carta Fundamental, hay quienes creen que esa opción dejará de todas maneras la puerta abierta para futuros procesos.

“Pienso que no da igual la opción que gane ni cómo gane. De ganar el A favor, se cierra el debate constitucional y podría traer mayor estabilidad y certeza jurídica, factores clave para fomentar la inversión y el crecimiento económico”, plantea Tomás Rau. A su juicio, un triunfo de la opción En contra mantiene el debate constitucional abierto y por un plazo indefinido, “lo que implica seguir con una falta de certeza jurídica, baja inversión y un crecimiento económico mediocre como el que ya se proyecta para el próximo decenio”.

Una opinión similar tiene Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos, quien sostiene que “el tema constitucional queda más cerrado con el A favor. Con el En contra creo que probablemente en el corto plazo no se va a abrir, pero sí probablemente en el mediano plazo”. Además, alerta que en ese escenario quedarán abiertas ciertas “debilidades en la Constitución actual en temas que podrían afectar instituciones muy importantes, como la posibilidad de modificar la Ley Orgánica del Banco Central con bajos quórum”.

Andrea Repetto cree lo contrario. “De acuerdo a un estudio reciente de Espacio Público, no hay un apoyo mayoritario de la ciudadanía de proseguir con el proceso de ganar el En contra. En cambio, si gana el A favor vendrá un periodo largo de discusión legislativa, de reformas para instalar el nuevo texto, y posiblemente, de judicialización de las nuevas normas. Seguiremos enfrascados en un proceso de reforma que no parece convocar a una gran mayoría”, apunta la economista.