La burocracia de Chile: el muro para el proyecto estrella del hidrógeno verde en el sur del mundo

El día resplandece en Gregorio, la refinería más austral del mundo, manejada por la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, en la región de Magallanes y la Antártica chilena. La blanca nieve contrasta con el azul de las aguas del estrecho de Magallanes –el principal paso natural entre los océanos Pacífico y Atlántico– que esta mañana de sol parece una taza de leche. Las autoridades de la zona y de Enap se reúnen para fotografiarse junto a los representantes de las seis empresas privadas que quieren ser las pioneras en producir hidrógeno verde en Chile. La promesa es posicionar al país sudamericano como uno de los grandes polos de producción de la energía del futuro.

El hidrógeno verde se produce a través de la electrólisis del agua que separa la molécula de oxígeno de la de hidrógeno, el que luego puede ser utilizado como combustible para coches, aviones, buques y hasta naves espaciales, o también convertirse en amoníaco, un fertilizante que puede apoyar la descarbonización de la agricultura. Para que no produzca emisiones, es necesario que la energía utilizada en el proceso sea generada con fuentes renovables. El viento de Magallanes, que permite que las aspas de un aerogenerador se muevan entre 52% y 54% días promedio al año, la mayor capacidad del planeta fuera del mar, sitúan a Chile en una posición de ventaja frente al resto del mundo para producir este combustible, que no contamina, a menor costo.

Entre los presentes en la refinería de Enap hay entusiasmo. Los privados y la estatal petrolera han firmado un acuerdo para transformar el Terminal Marítimo Gregorio en el mayor complejo industrial de la región de Magallanes. La iniciativa permite a las compañías unir fuerzas y abaratar costos de sus millonarios planes de inversión a través de infraestructura que Enap, en parte, ya tiene habilitada. “Este acuerdo es una buena señal para el país, para las autoridades locales y para los financistas que ven que hay un esfuerzo país conjunto para habilitar esta infraestructura que es crítica”, señala Julio Friedmann, CEO de Enap.

Todos coinciden en que es una buena noticia, pero en el ambiente también se percibe inquietud. En octubre del año pasado, la firma que va más avanzada en la incipiente industria, HIF –un conglomerado global de energías verdes– y la italiana Enel Green Power retiraron su proyecto Faro del Sur del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Consideraron que las observaciones realizadas por los organismos medioambientales “sobrepasaban los estándares habituales”, por lo que decidieron volver a realizar estudios antes de insistir. Desde ese entonces, la ansiedad empezó a cundir en la zona. Incluso el padre del presidente Gabriel Boric, el demócratacristiano, ex gerente de Enap y magallánico al igual que su hijo, Luis Javier Boric, cuestionó las altas exigencias ambientales impuestas al proyecto eólico. “Me parecieron extrañas ciertas exigencias”, manifestó en Twitter el 6 de octubre de 2022. Y agregó: “Hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse; no se justifica ir más allá de dicha normativa”.

Hace cuatro días, los representantes del gremio que reúne a las principales compañías interesadas en producir hidrógeno verde en la región, se reunieron con el alcalde de Punta Arenas, capital de Magallanes, Claudio Radonich, militante de Renovación Nacional, un partido de la derecha tradicional. Buscaban manifestar su preocupación por la poca certeza que existe actualmente sobre los contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental que deben presentar para poder iniciar sus obras. Entre las compañías confían en que habrá soluciones y hay al menos tres que planean presentar sus estudios al SEIA durante este año. Pero hasta ahora, las respuestas tardan en llegar. “Hay mucha voluntad, hay mucha idea, pero, finalmente, el privado tiene que tener certeza jurídica para invertir la gran cantidad de dinero que se requiere en un tema que también vincula los desafíos del cambio climático global”, dice a EL PAÍS el alcalde Radonich.

Jorge Flies, el gobernador de Magallanes, le quita dramatismo a la situación. Independiente, pero más cercano a los partidos de la exConcertación de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2001, muestra entusiasmado un gran mapa donde estarán emplazados los proyectos de hidrógeno verde que ya están en etapa de estudios y los lugares donde podrían ubicarse los futuros puertos. Lo hace en su oficina de un antiguo edificio frente a la nevada plaza de Punta Arenas. “La comunidad y particularmente el aparataje público y privado de la región se dio cuenta que este es una no es una carrera de 100 metros, sino que es una maratón que va a multiplicar por varias veces el PIB nacional”, plantea. Admite que “hay una presión porque los tiempos y la tramitología sea lo más rápido posible, pero si estamos hablando de empresas que van a tener una proyección de varias decenas de años productivas, hay que hacerlo bien”. Agrega que el plan siempre tuvo como horizonte 2030 y que el retiro del proyecto Faro del Sur no retrasa esa meta.

De todas maneras, sostiene que, al tratarse de una industria nueva, la evaluación de estos proyectos aún no cuenta con un mecanismo a la medida. Por lo mismo, explica, que desde el comité estratégico del hidrógeno –en el que participa junto a un grupo transversal entre los que están la expresidenta Michelle Bachelet y Juan Carlos Jobet, el exministro de Energía del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2018-2022)– están en conversaciones con las autoridades del Gobierno de Gabriel Boric para que a los nuevos proyectos que entren al SEIA se aplique la normativa del momento y no las nuevas que vayan entrando. Tienen claro que, de no ser así, el sueño del hidrógeno verde entrará en un espiral eterno de nuevos permisos y criterios, que terminarán ahogando a la promisoria industria.

Lo reafirma el ministro de Energía, Diego Pardow. “Hemos ido avanzando en materia de reglamentos técnicos para que sea una industria que tenga claridades y hemos dado certezas en permisología”. El plan, explica, es estandarizar criterios anticipables y reforzar los equipos de las regiones donde se desplegarán las nuevas plantas.

Motores en espera

Las empresas, por ahora, están cautas. Hay al menos tres que planean ingresar sus estudios de impacto ambiental durante el segundo semestre de este año, pero no hay certeza de cuántos meses demorará el servicio en revisar y hacer observaciones. Por lo mismo, aunque trabajan con plazos establecidos por sus inversionistas, la incertidumbre de si podrán cumplirlos ensombrece las expectativas. Hasta ahora, el SEIA ha emitido unas 24 guías con criterios técnicos de evaluación, pero no se saben si se incluirán nuevas. En ese escenario, HIF, por ejemplo, inició un proyecto en Estados Unidos, en el sector de Matagorda, Texas, para el que ya obtuvo el permiso de la Comisión de Calidad Ambiental de ese estado, y recientemente presentó una nueva iniciativa para producir hidrógeno verde en Uruguay.

Erika Farías, encargada de relaciones comunitarias del proyecto HNH, compuesto por AustriaEnergy y el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y que incluye una inversión de 7.000 millones de dólares, menciona: “Es muy importante que para estos proyectos que son grandes, existan los tiempos ordenados y las reglas claras de parte de los organismos públicos para poder sacar adelante estas iniciativas”. Kenneth MacLean, director de FreePower, una iniciativa de capitales chilenos que involucra una inversión de 2.500 millones de dólares, afirma que “los permisos están pasando por una crisis que es general”. “Lo hemos visto en la construcción y no va a ser distinto para esta industria, que además tiene una mayor complejidad, porque mezcla plantas químicas, de síntesis de amoníaco, desaladoras, etcétera”.

Para el académico de la Universidad de Magallanes y director de Centro de Estudios de los Recursos Energéticos, Humberto Vidal, esto es una alerta para las autoridades locales. “Hay otros países en la carrera con institucionalidades más fortalecidas y que consiguen equilibrar el desarrollo tecnológico con el cuidado del medioambiente”, advierte. El profesor estuvo en la Universidad de Orleans en Francia a fines de 2022, donde se están desarrollando los motores de Renault, Peugeot y de Airbus para que puedan operar con hidrógeno verde. “Ellos ven con un tremendo potencial a Chile como país productor y exportador, pero la incertidumbre es si el país va a ser capaz de producir a gran escala en el minuto en que estas tecnologías estén listas para comenzar a operar”, plantea.

Se trata de una carrera que no sólo tiene el futuro de Magallanes en sus manos, sino del cual dependen los planes para combatir el cambio climático a nivel planetario.

Ganado y rentas

Desde que se empezó a hablar de Magallanes como la cuna del desarrollo de la industria del combustible verde, en 2020, la comunidad de la región ha experimentado una suerte de fervor. La llegada de inversionistas de todo el mundo interesados en medir vientos, comprar grandes paños o arrendar estancias ha contribuido a este entusiasmo. Los cálculos indican que el 13% del hidrógeno que se producirá en todo el mundo provendrá desde Chile (a lo que contribuiría también la nortina región de Antofagasta donde proliferan las plantas solares) y que las tasas de crecimiento del PIB de esta alejada y austral zona del país crecerán en dos dígitos. No hay duda de que el despegue de esta industria le cambiará la cara a Magallanes. Desde ese entonces, los precios de las estancias ganaderas, una de las principales actividades económicas de la región, se han disparado.

Alberto Smoljamovic, empresario ganadero que arrendó parte importante de sus terrenos a HIF, cuenta que los precios de los arriendos van desde los dos dólares por hectárea al año, hasta los 12 dólares. Y aclara que la actividad de las plantas eólicas puede convivir perfectamente con la actividad ganadera, lo que para los estancieros significa un cambio de condiciones en los ingresos que reciben actualmente. Otros contratos de arriendo incluyen el pago a los dueños de las propiedades una vez que los aerogeneradores estén en operación.

El interés de inversionistas, en su mayoría extranjeros, por asegurarse un pedazo de tierra en la Patagonia para hacerse parte de la revolución que se avecina, continúa. Lo dice Smoljamovic, quien la semana pasada firmó un contrato de arriendo con la española Ignis que comenzará sus estudios próximamente. Y lo confirma también el gobernador Flies, quien en las últimas semanas ha recibido a varios nuevos interesados de distintas nacionalidades en entrar a esta industria en diferentes áreas de la región.

“La fiebre por el hidrógeno verde sigue, pero se ha aplacado por las trabas que le han puesto a la industria. Todo lo que pensamos que iba a pasar en 2025, va a pasar desde 2027 en adelante”, dice el empresario Alfredo Wurth, de Wurth Propiedades, una agencia inmobiliaria que opera en casi toda la región de Magallanes. Su principal negocio es arrendar y vender bodegas, casas y operar como intermediario en la venta de terrenos. Por lo mismo, lleva la temperatura del las expectativas económicas de la zona. Se calcula que cuando la nueva industria verde empiece a operar y exportar al resto del mundo, unas 40.000 personas llegarán a vivir a la región, que hoy alberga a una población cercana a los 170.000 habitantes. Es un desafío para el que se está preparando todo Magallanes. “Hay gente que está vendiendo terrenos para hacer industria y otros que arriendan, hay de todo, menciona. Los precios, agrega, también han subido, hoy el metro cuadrado está entre tres a cuatro veces más caro que hace dos años.

De todas maneras, a Alfredo le preocupa cómo la región se va a adecuar a las transformaciones que traerá la nueva industria. “Punta Arenas no está preparada para la gran masa humana que va a llegar. Faltan casas, colegios y las calles ya están colapsadas. Yo soy magallánico, me gusta la vida acá, pero esto nos va a cambiar”, dice con una mezcla de ilusión y resignación.