El Frente Amplio de Boric rechazará la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito

El Frente Amplio (FA), la coalición del presidente chileno de izquierdas Gabriel Boric, ha anunciado que rechazará, en el plebiscito del 17 de diciembre, la propuesta de nueva Constitución que el lunes fue aprobada por el Consejo Constitucional con 33 votos de la oposición y 17 en contra del oficialismo, un resultado que refleja la ausencia de consenso entre ambos sectores. La postura del bloque se suma a la del Partido Socialista, principal sostén político de la Administración del mandatario, que el miércoles también hizo público su rechazo, al igual que el PPD, de la centroizquierda oficialista.

“Con decepción hemos visto cómo este segundo proceso ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, ignorando las expectativas ciudadanas, redactando un texto que profundizará las desigualdades, la división e injusticias en nuestro país”, señaló el bloque oficialista en un comunicado difundido este jueves.

La posición del FA, del que forman parte los partidos Convergencia Social —en el que milita Boric —, Revolución Democrática y Comunes, está lejos de ser una sorpresa, pues hace semanas que las izquierdas habían evidenciado sus críticas a un proyecto que han tildado de conservador, identitario y regresivo en derechos sociales. Y si bien el Gobierno ha asumido un papel administrativo en el proceso y ha resuelto no transparentar su opinión por ahora, el llamado a la opción ‘En contra’ de su bloque hace aún más obvia su postura: su coalición calificó a la nueva Constitución como “un texto extremo que no promueve en ningún sentido la unidad de nuestro país”.

El conglomerado, aunque ha perdido poder en el Gabinete de Boric con respecto al Socialismo Democrático, tiene como representantes a figuras muy cercanas al presidente. Entre ellas, a la ministra de la Mujer Antonia Orellana, quien es parte del comité político de La Moneda y milita en el mismo partido del mandatario, al igual que sus ministros de Economía, Nicolás Grau, y de Energía, Diego Pardow. También a Javiera Toro (Comunes) en Desarrollo Social y Marcela Sandoval (Revolución Democrática) en Bienes Nacionales.

Hace unos días, previo a que se aprobara la propuesta, la pareja de Boric, Irina Karamanos, también de Convergencia Social, criticó el texto según consignó el medio digital estadounidense Axios. “Parece preocupante que partes de un borrador constitucional reduzcan oportunidades o cierren aún más puertas que la Constitución de Pinochet”, dijo la especialista en educación para la no discriminación de la Universidad de Heidelberg.

El bloque, además, ha anunciado, en la misma línea que en marzo lo hizo el mandatario de izquierdas, que en caso de que se rechace el proyecto en el referéndum, “como partidos y movimiento del Frente Amplio”, descarta “un tercer proceso constitucional durante el mandato del presidente Boric, al no existir las condiciones para ello”. También señala que “los esfuerzos de la política deben estar orientados a resolver las deudas con la ciudadanía en materias de pensiones, salud y educación”.

A poco más de 40 días del plebiscito, falta que el viernes haga formal su postura el Partido Comunista, que también rechazará el texto y que tiene a tres ministros en puestos clave de la Administración de Boric: la portavoz Camila Vallejo; Jeannete Jara en Trabajo y Nicolás Cataldo en Educación.

Las contradicciones y el fantasma de Pinochet

El Consejo Constitucional está conformado por 50 delegados electos. De ellos, seis son socialistas, dos comunistas, cuatro de Convergencia Social y cuatro de Revolución Democrática (RD). Se sumó como independiente a la bancada de RD Alihuén Atileo, el único representante del pueblo mapuche. Fue uno de los primeros en llamar a votar en contra.

Pero la mayoría, y es lo que explica los votos con los que se aprobó la propuesta, son de la oposición: 33. De ellos, 22 del Partido Republicano, de la extrema derecha que lidera el excandidato presidencial José Antonio Kast, que impulsó una nueva Constitución que el oficialismo ha dicho que es un retroceso, incluso, con respecto a la Carta Fundamental actual, la misma que han querido cambiar durante años.

El texto será entregado formalmente el 7 de noviembre a Boric para que llame al referéndum en diciembre, pese a que se sabe que al Gobierno no le gusta el texto. El mandatario, por ejemplo, ha dicho dos veces que está “preocupado” por la propuesta. Y, una vez que fue aprobada, señaló que “se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior y que, en ese sentido, el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado”.

Ese proceso anterior al que se refiere Boric, que Frente Amplio y los partidos Socialista y Comunista apoyaron, es la propuesta de Constitución que presentó una convención compuesta por convencionales de la izquierda radical y cuya mayoría provenía de movimientos sociales contrarios a los partidos políticos. Fue un texto que la ciudadanía rechazó por un 62% en un plebiscito en septiembre de 2022 y que proponía cambios profundos en las instituciones chilenas y al que la derecha tildó entonces como identitario y extremo, pero también refundacional.

Este segundo intento de Chile en casi cuatro años de cambiar la Constitución ha tenido una serie de complejidades y contradicciones. Por un lado, el Partido Republicano, que ha llamado a votar a favor, nunca quiso cambiar la norma fundamental actual. Pero, al arrasar en las elecciones de convencionales en mayo y al ver que sus enmiendas se aprobaron con facilidad con los votos de la derecha tradicional, ha señalado que esta propuesta es “mejor” que la Constitución vigente.

Por otro lado, las izquierdas, históricamente, han impulsado el reemplazo de la Constitución. Aunque haya sido reformada más de 60 veces en democracia y desde 2005 lleve la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), le asignan un pecado de origen, pues nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Sin embargo, luego que la propuesta solo contara con los votos de las derechas, hoy el oficialismo enfrenta un escenario inédito al optar por quedarse con la norma fundamental que tanto han criticado.

Una de las frases que refleja ese dilema la pronunció María Pardo, consejera por Convergencia Social, poco antes de la votación final: “Nunca pensé que iba a estar defendiendo la Constitución de Pinochet”, dijo en una entrevista al portal de noticias Emol.

El oficialismo ha coincidido en bloque en las críticas a la propuesta. Por ejemplo, si bien se consagró el Estado social, que era la aspiración de las izquierdas, asegura que ha quedado debilitado, pues las derechas incluyeron el mismo modelo que tiene la Constitución vigente: un Estado subsidiario que, aunque no está escrito en el papel, implica que los privados también tengan protagonismo en las prestaciones sociales, como la salud y las pensiones.

Además, el cambio de una palabra en una norma, según las izquierdas, podría tener consecuencias en la aplicación de la ley de aborto que fue aprobada en 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. Así lo mantienen estas formaciones debido a que el Partido Republicano impulsó el reemplazo de la frase de la Constitución vigente “la ley protege la vida del que está por nacer” por la de “la ley protege la vida de quien está por nacer”.