Cuatro miradas sobre la propuesta constitucional que fractura Chile

Chile está en la cuenta regresiva para que arranquen las campañas informativas de quienes están a favor y en contra de la propuesta redactada por el Consejo Constitucional, controlado por las derechas, que busca superar la Carta Fundamental nacida en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990. El próximo martes 7 de noviembre todos los participantes del segundo proceso constitucional participarán de la ceremonia de entrega oficial del proyecto al presidente, Gabriel Boric, lo que marcará el puntapié inicial a las campañas hasta el plebiscito de salida, el 17 de diciembre.

Dada la característica más de derecha de la propuesta del Consejo Constitucional, es muy probable que el plebiscito replique una polarización marcada por el eje izquierda/derecha, plantaba en EL PAIS el académico Claudio Fuentes. Para conocer cuáles son los puntos que resaltarán quienes harán campaña por la opción A Favor y las flaquezas que remarcarán los que irán por el En Contra, opinan cuatro protagonistas del proceso, dos de cada lado.

Natalia González: “El texto fomenta un Congreso de mayorías y evita la fragmentación”

La abogada, que integró el comité de expertos por el partido de derecha histórica Unión Demócrata Independiente (UDI), y votará a favor del texto, considera que la principal innovación de la propuesta constitucional son los cambios al sistema político y electoral. “Las reformas urgentes y necesarias que clama la ciudadanía pasan en buena parte por el Congreso y lo que hace este texto es fomentar uno de mayorías y evitar la fragmentación”, plantea. La nueva norma establece que solo los partidos que alcancen al menos un 5% de los votos podrán obtener un escaño, con una serie de excepciones. También se reduce el número de diputados de 155 a 138.

Sobre las críticas a que la consagración del Estado social de derecho queda “vacío” porque está limitado o restringido por las propias normas de los derechos sociales como salud, educación y pensiones, González dice que le llama la atención que en ese debate no se mencione el artículo 24. La norma señala que el Estado deberá adoptar medidas “adecuadas para realizar” estos derechos, atendiendo, entre otros, la remoción de obstáculos para la satisfacción de ellos y el empleo del máximo de recursos disponibles, con responsabilidad fiscal. También defiende el rol de los privados en asuntos como educación y pensiones, porque “esos derechos sociales no pueden estar al amparo solo el Estado, no tiene los recursos para garantizar calidad, no da abasto”.

Algo que no le gusta del texto es la norma de paridad transitoria de salida, que corregirá la representación cuando algún género supere el 60% de los parlamentarios electos, solo en las dos elecciones posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, si es que se aprueba. Con este tipo de reglas, considera González, “nos encaminamos a democracias identitarias”.

Antonia Rivas: “Es una propuesta maximalista, larga y con demasiado contenido legislativo”

La abogada, comisionada constitucional por el partido Convergencia Social, del Frente Amplio, el mismo bloque del presidente Gabriel Boric, votará en contra de la propuesta que califica de “maximalista, larga y con demasiado contenido legislativo”. Para ella existen tres tipos de problemas en el texto. Unos son técnicos, que “ponen en riesgo” la institucionalidad vigente porque “desconfía del Estado en muchas cosas y crea agencias paralelas a la Contraloría, como la de integridad”, ejemplifica, o la anti-corrupción, que tiene el rol de coordinar distintos organismos autónomos encargados del asunto. En los derechos sociales crítica que hay conceptos ambiguos e interpretables que representan riesgos importantes de judicialización.

El segundo tipo de problemas, señala, tiene que ver con que es “muy programática’. “Cierra la deliberación democrática estableciendo políticas públicas, por ejemplo, en pensiones”, apunta. La norma establece que cada cotizante previsional “tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta [los fondos previsionales]. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

Por último, para Rivas tiene problemas con que es “conservadora y moralizante desde una sola mirada”. La propuesta establece el derecho preferente y el deber de los padres y tutores legales sobre la educación de sus hijos o pupilos. Esto incluye elegir el tipo de educación, su establecimiento de enseñanza y decidir por su interés superior. “No se pone en el caso de que los padres no respeten los derechos de esos niños”, alerta Rivas, quien también critica la consagración de la libertad de conciencia porque dejaría la puerta abierta a que alguien se oponga a una ley por razones religiosas. “Yo no siento que sea una nueva Constitución. Es la de 1980 reforzada”, añade la abogada.

Rescata los avances en materia de descentralización, que incluye la función de Gobierno tanto en las municipalidades como en los gobiernos regionales. También celebra “los titulares” sobre medio ambiente y la actualización de algunas materias en el sistema político, pero reclama que son insuficientes.

Germán Becker: “Es una Constitución de centro y moderada”

El consejero de Renovación Nacional, de la derecha moderada y que votará a favor, dice que la propuesta es “una Constitución moderna”. Destaca que se incorporan nuevos derechos sociales, como a la vivienda, y que se refuerzan otros como la creación de la sala cuna desde los seis meses de vida, “lo cual es también un avance para la mujer”, y “el derecho preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos”. Suma el impulso de un Plan universal de salud “que no va a discriminar por sexo, edad, género ni preexistencias (de enfermedades previas)” y que en la protección del medio ambiente el eje sea la sustentabilidad y el desarrollo, además de que “se reconoce el cambio climático”.

En sistema político, agrega como clave “la reducción del tamaño de los distritos” que se impulsó para evitar la actual fragmentación política del Congreso chileno, además del umbral del 5% para los partidos que también relevó Natalia González.

Es un texto considera muy bueno, pero que “lo malo” estuvo durante el proceso: “La izquierda socialdemócrata fue absorbida por los sectores más extremos y eso a Chile Vamos nos complicó mucho pues cada vez que queríamos negociar algo, había que hacerlo con la izquierda más extrema. De no haber sido así, a lo mejor podríamos haber llegado a algunos acuerdos y dar un cariz un poco distinto al proyecto”.

Está seguro de que, desde el comienzo, “la izquierda más dura vino con la idea de ver la forma de rechazar el proyecto. Fue desde la elección, cuando se dieron cuenta que habían salido electos muchos republicanos y la tortilla se había dado vuelta. No veo muchos argumentos de fondo para rechazar. Está difícil para la izquierda su trabajo para que se vote en contra. Normalmente son consignas falsas, como que es una Constitución anti mujeres, retrógrada y partisana. Pero, si alguien la lee, es una Constitución de centro, moderada, que trata de invitar a todos los sectores a participar”.

Pese a lo que afirma el oficialismo, dice que la propuesta mantiene sin riesgos a la ley de aborto en tres causales que rige en Chile desde 2017. Pero, admite que, aunque a su juicio no tiene efectos, hubiese preferido que no se cambiara el término actual, “la ley protege la vida del que está por nacer”, a “la ley protege la vida de quien está por nacer”.

Alejandro Köhler: “La derecha ha impuesto una sola moral”

Para el consejero socialista Alejandro Köhler, que votará en contra, la propuesta está basada en “una lucha de hegemonía política del Partido Republicano que trasladaron al texto constitucional. Por esa razón, lo absolutamente malo de este proceso es su sesgo político e ideológico. Por lo tanto, es un texto excluyente”. Y agrega: “Una Constitución democrática no puede ser escrita a partir de una sola mirada, porque se excluyen ideas democráticas que deben tener cabida. Lo que ha hecho la derecha es imponer una sola mirada y una sola moral y eso conlleva a un alto riesgo de polarización y desestabilidad política del país”.

Ejemplifica esa “sola mirada” en la norma que impulsó republicanos que señala que la ley protege la vida de quien está por nacer. “Esa mirada moral y excluyente lleva implícito el riesgo de eliminar un derecho conquistado por las mujeres chilenas al uso de la interrupción de embarazo por tres causales”.

Y aunque se consagró el Estado social y democrático de derecho que tanto anhelaba la izquierda chilena, “en el fondo fue diluido por cuanto existen también normas que constitucionalizan a las isapres (aseguradoras privadas de salud) y a las AFP (privados que administran los fondos de pensiones). Se insiste es constitucionalizar un modelo mercantilista de prestaciones sociales”.

Para Köhler, sin embargo, la norma “más grave” es la que se refiere a la objeción de conciencia que, aunque en la propuesta tiene un alcance general, según sus críticos podría abarcar muchas situaciones. El socialista señala que se podrían a extender a las instituciones, lo que “para mí es un cerrojo a cualquier aplicación tanto del Estado de derecho como para las prestaciones sociales que se deben garantizar a la ciudadanía. Porque cuando una institución privada haga uso de su derecho a su objeción de conciencia, puede rechazar la prestación de un servicio fundamental en salud o educación”.