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El Estado social, los cambios que empujó la derecha y las encuestas: las claves del proyecto de nueva Constitución de Chile

El texto aprobado por el Consejo este lunes será plebiscitado el 17 de diciembre. Este es el segundo intento del país sudamericano por superar la Carta Fundamental nacida en dictadura

Antonia Laborde
Chilean constitution
Votantes asisten a las urnas en el plebiscito constitucional en Santiago, en septiembre de 2022.sofia yanjari

El Consejo Constitucional de Chile, controlado por las derechas, ha aprobado este lunes la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada por la ciudadanía el próximo 17 de diciembre con voto obligatorio. Estas son las claves de los dos intentos por cambiar la Carta Fundamental que han marcado los últimos cuatro años de la política chilena.

El momento constituyente tras el estallido

En medio del estallido social de Chile que arrancó 18 de octubre de 2019, con gran violencia y manifestaciones ciudadanas, la clase política acordó una salida institucional a la profunda crisis: ofrecer el cambio de la Constitución vigente. En noviembre de ese año, los presidentes de casi todos los partidos políticos firmaron el histórico Acuerdo por la paz y la nueva Constitución, para consultar a la ciudadanía si quería enterrar la Carta Magna de 1980, nacida en la dictadura de Augusto Pinochet, pero reformada unas 60 veces en democracia. El Partido Comunista no se sumó al pacto. Del Frente Amplio, Gabriel Boric, como diputado, firmó el acuerdo, convirtiéndose en una figura clave en la salida política a la crisis. El Partido Republicano, en formación, se manifestó en contra.

En octubre de 2020, un 80% del electorado votó a favor de elaboración una nueva Constitución.

El primer intento fallido de 2021-2022

En julio de 2021 se instaló la Convención Constitucional, un órgano paritario de 155 miembros elegidos por la ciudadanía, dominado por la izquierda, sobre todo la identitaria y radical. El 64% de los convencionales procedía del mundo independiente y solo el 36% militaba en alguna fuerza política tradicional. El proceso estuvo marcado por una serie de polémicas y normas que transformaban profundamente la institucional chilena, como la eliminación del Senado o el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado chileno. La derecha llamó a rechazarla acompañada de un sector importante de la centroizquierda, tildándola de identitaria y maximalista. En septiembre de 2022, el 62% de los chilenos echaron abajo la propuesta.

Un golpe para el Gobierno de Boric

El rotundo rechazo supuso un golpe muy duro para el Gobierno de Gabriel Boric, que lo había apostado todo a un triunfo del texto. El entonces ministro Giorgio Jackson, muy cercano al mandatario, incluso había condicionado las reformas estructurales de campaña a la aprobación de la nueva Carta Fundamental. La noche de la derrota, el presidente manifestó su intención de echar adelante un nuevo proceso y en menos de 48 horas realizó un profundo cambio de Gabinete, sacrificando a parte de su círculo más íntimo para integrar representantes de la izquierda moderada en el comité político, donde toma las principales decisiones.

El acuerdo de noviembre de 2022

Tres meses después del triunfo del Rechazo, el Congreso –desde el Partido Comunista hasta la derecha tradicional– acordó iniciar un segundo proceso constitucional, fijando una ruta muy distinta a la anterior, con reglas que instalaban límites y que buscaban impedir una propuesta refundacional para no repetir el fiasco anterior. Existirían 12 puntos básicos de acuerdo transversal sobre los que trabajaría un Comité Experto elegido por la Cámara de Diputados y el Senado, y luego un Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos por votación popular, que trabajarían sobre el borrador de los especialistas.

El triunfo republicano en el Consejo

En mayo pasado, el Partido Republicano, formación de extrema derecha que no quería cambiar la Constitución nacida en dictadura, alcanzó el 35% de los votos en la elección de consejeros constitucionales y logró 22 de los 50 escaños. La derecha tradicional 11 y el oficialismo consiguió 17. Además de convertirse en la primera fuerza política chilena, la formación de José Antonio Kast tenía poder de veto y, junto a la derecha histórica, la capacidad de proponer, aprobar y modificar normas constitucionales, porque sobrepasan holgadamente los tres quintos de quórum, sin necesidad de los votos de la izquierda. “Quiero invitar al Partido Republicano a no cometer el error que cometimos nosotros”, sostuvo Boric en la noche electoral.

La propuesta de los expertos

Los 24 expertos redactaron un borrador marcado por la moderación y los acuerdos políticos transversales, desde la extrema derecha a la izquierda más dura. La principal modificación que presentaron fue la consagración de que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, una lucha impulsada desde hace años por la centroizquierda y la izquierda, y a la que la derecha se sumó. Reconocía, por primera vez en la historia, a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, incorporaba el derecho a la vivienda adecuada, al trabajo decente y velaba por la protección del medioambiente, entre otros puntos.

Los cambios hechos por las derechas en el Consejo

El 7 de junio pasado, comenzó un trabajo en el que el Consejo Constitucional, controlado por las derechas, llevó a cabo cambios profundos al texto de los expertos, aunque mantuvo cerca de la mitad de sus propuestas. A pesar de que se conservó la consagración de un Estado social y democrático de derecho, desde la izquierda consideran que otros artículos dejan “vacía” la definición, porque está limitado o restringido por las propias normas de los derechos sociales como salud, educación y pensiones. Las críticas apuntan a que se impediría el rol solidario. También genera rechazo en el oficialismo el que, si bien se mantiene el presidencialismo, se aumenta la capacidad del presidente para ejercer su voluntad.

Entre las normas más polémicas figura que “la ley protege la vida de quien está por nacer” y el que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”. Los críticos plantean que estos artículos podrían colisionar con la ley de aborto tres causales. El texto final plantea la expulsión “en el menor tiempo posible” de migrantes que ingresen por pasos no habilitados “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile” y que las personas condenadas a una pena de cárcel podrán solicitar al tribunal la de reclusión domiciliaria “siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”. Los críticos indican que esto último puede beneficiar a los 134 militares condenados por violaciones a los derechos humanos, encarcelados en Punta Peuco, donde el 80% de ellos supera los 70 años.

La propuesta que se plebiscitará

La propuesta constitucional que este lunes 30 de octubre ha aprobado el pleno del Consejo es el doble de extensa que la vigente. “La Constitución vigente tiene más artículos, con un total de alrededor de 31.000 palabras. El proyecto actual tiene menos artículos, pero alcanza a 50.000 palabras”, planteaba el columnista Ascanio Cavallo el fin de semana en La Tercera. “¿De dónde salen esas 19.000 palabras adicionales? Principalmente, de una espesa ramada de órganos estatales nuevos, unos 20 en total, la mayoría de los cuales son contrapesos o supervisores de los ya existentes. Sólo permanecen libres de supervisión dos órganos unipersonales, el Presidente de la República y el contralor. Es toda una paradoja: se trata de controlar al Estado, pero no reduciéndolo, sino con más organismos de Estado”, añadía.

La derecha defiende que es mejor que la Carta Magna actual, ya que incluye más herramientas para el control fronterizo, una Fiscalía enfocada en el crimen organizado, una agencia anticorrupción, una Defensoría de las Víctimas y porque disminuye el número de diputados de 155 a 138, entre otras medidas. Destacan que recoge las preocupaciones ciudadanas, como la seguridad, y que las normas más identitarias quedaron en el camino. Además, destacan que se pondría fin a los cuatro años de incertidumbre institucional desde el estallido social. Según los críticos, presenta una actitud defensiva frente a una sociedad cada vez más liberal y que es más conservador en lo valórico que el vigente, expresado en las normas de las mujeres o de la preeminencia en materia educacional (de la educación fuera del alcance del rol que cumple el Estado). También que incluye normas populistas como las exenciones de las contribuciones a la vivienda principal y la propiedad de los fondos de pensiones.

Los avances, según el progresismo

Desde la izquierda han destacado la consagración del Estado Social, aunque esté cojo, los avances en materia de modernización del Estado, y en algunos aspectos del sistema electoral, como enumeraba el ensayista de centroizquierda Ernesto Ottone en EL PAÍS que, sin embargo, se decanta por rechazar. También el que reconozcan principios en materia de descentralización, como el que exista la función de Gobierno tanto en las municipalidades como en los gobiernos regionales, según lo celebrado por el comisionado socialista Gabriel Osorio en el programa de televisión Tolerancia Cero.

La derecha se cuadra con el texto

A comienzos de septiembre, cuando el nuevo texto aún terminaba de tomar forma, la oposición comenzó a mostrar sus cartas por la opción A favor. Uno de los primeros en hacerlo fue el senador y presidente de la UDI, de la derecha tradicional, Javier Macaya, quien anunció el respaldo de su partido. Pero un hito en el proceso ocurrió el 3 de octubre, el día en que el líder del Partido Republicano, el excandidato presidencial José Antonio Kast, acabó con el misterio que existía respecto de la posición que tomaría su colectividad cuando dijo que en el plebiscito del 17 de diciembre Chile tendrá “una gran oportunidad para cambiar el futuro”.

Aquella frase de Kast marcó una diferencia, pues republicanos, que nunca estuvo a favor de cambiar la Constitución actual, ahora estaba a favor de aprobar una nueva propuesta en la que, apoyado por la derecha tradicional, logró sacar adelante la mayoría de sus propuestas para la Carta Magna.

Luego, los respaldos de la oposición al texto se sucedieron con velocidad. Lo apoyó el excandidato presidencial del conglomerado de Chile Vamos, de la derecha tradicional, Sebastián Sichel, y luego el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022).

Uno de los últimos enigmas era la opción que tomaría la principal figura política de la oposición, la alcaldesa de Providencia, de la UDI, Evelyn Matthei, que la semana pasada anunció su voto A favor. Este lunes, tras visarse en el Consejo Constitucional, Matthei ha dicho: “Hoy se aprobó el texto que todos los chilenos votaremos en diciembre. Hay una necesidad y una tremenda posibilidad de cerrar el proceso constituyente y dejar atrás incertidumbres y divisiones. Lograr esa estabilidad que tanto necesitamos y buscar avanzar en temas urgentes como generación de empleos y seguridad, eso es lo que todos anhelamos”.

El oficialismo y otros sectores anuncian su rechazo

Los consejeros del oficialismo anunciaron este lunes por primera vez en conjunto que rechazarían la propuesta. Sin embargo, no hubo sorpresa en esa de revelación, pues las señales de incomodidad con varias de las normas que impulsaban las derechas, en especial el Partido Republicano, y que se aprobaban con sus votos en contra, eran más que evidentes desde hace meses.

Por ejemplo, en agosto, aún antes de que se votaran las enmiendas que republicanos propusieron al anteproyecto de la Comisión Experta, el consejero de Convergencia Social, el partido del presidente Boric, Yerko Ljubetic, dijo a EL PAÍS: “No estamos dispuestos a suscribir una Constitución escrita en democracia que sea peor a la que tenemos”. Ha sido una frase que, con el tiempo, se fue reiterando en las izquierdas, que entraron en un camino con piedras al constatar que sus 17 votos no podían con los 33 de las derechas.

Los partidos del oficialismo, a diferencia de sus consejeros, han decidido tomar el camino institucional y formal para anunciar su postura hasta el 7 de noviembre, cuando la propuesta sea entregada al presidente Boric para luego convoque al plebiscito. Tampoco es un misterio cuando llamen a votar en contra, pues sus líderes, como la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic y sus partes del PPD, Jaime Quintana y de Convergencia Social, en el que militar Boric, el diputado Diego Ibáñez, ha sido muy críticos del texto.

Las izquierdas están hoy en una posición muy incómoda, pues si su aspiración histórica ha sido reemplazar la Constitución que nació en la dictadura de Pinochet, aunque reformada más de 60 veces desde 1989, votar en contra significa ratificar la Carta Fundamental actual.

El Gobierno de Boric está igualmente incómodo con el texto, pero ha resuelto desde el comienzo de este segundo intento dos cuestiones: que mantendrá la prescindencia, es decir, que no se involucrará, y que tampoco habrá durante esta Administración un nuevo proceso constitucional en caso de ganar la opción En contra, como auguran la mayoría de los sondeos.

Lo que dicen las encuestas

Los sondeos revelan que la opción de votar en contra de la propuesta constitucional es significativamente mayor a la de votar a favor. En la última encuesta Cadem, la opción favorable alcanzó el 34% de las preferencias frente a un 51% de las contrarias. Un 15% se declara indeciso. Según Pulso Ciudadano, el 30,3% aprobaría el texto, mientras que un 69,7% lo rechazaría. El último sondeo de Feedback arroja que un 30,8% votará a favor, el 52,7% en contra y el 10% nulo. La tendencia de las últimas semanas revelan que cada vez son más los ciudadanos proclives a apoyar la propuesta, un avance lento, pero sostenido.

Casi nulas opciones para un tercer proceso

El Gobierno de Boric prácticamente ha descartado que, en el caso de rechazarse el nuevo texto, exista otro proceso constitucional en su Administración. “Difícilmente habría condiciones en este Gobierno”, sostuvo la portavoz Camila Vallejo. Y si bien hay un consenso bastante transversal en el mundo político de que, al menos, hay que tomarse unas “vacaciones constitucionales”, el Partido Comunista ha mostrado su interés por continuar de inmediato. “Ningún Gobierno, ni este ni el que venga, puede dar por finalizado un proceso constituyente que le pertenece al pueblo, porque no corresponde que los gobiernos que están en entredicho sean los que definan si los procesos constituyentes se hacen o no se hacen”, afirmó el exprecandidato presidencial comunista, Daniel Jadue.

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Sobre la firma

Antonia Laborde
Periodista en Chile desde 2022, antes estuvo cuatro años como corresponsal en la oficina de Washington. Ha trabajado en Telemundo (España), en el periódico económico Pulso (Chile) y en el medio online El Definido (Chile). Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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