Yerko Ljubetic: “No estamos dispuestos a suscribir una Constitución escrita en democracia que sea peor que la que tenemos”

El abogado Yerko Lujbetic (Vallenar, Chile, 1960) es uno los 16 integrantes del oficialismo de izquierdas del Consejo Constitucional, el órgano electo que trabaja en el segundo intento chileno en tres años de reemplazar la Carta Fundamental vigente, que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que fue reformada 64 veces en democracia. Es un grupo minoritario comparado con los asientos que tiene allí la oposición al Gobierno del presidente Gabriel Boric: 22 el Partido Republicano, de la extrema derecha, y 11 de Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional.

La composición del Consejo –de 50 cupos 33 estén en manos de las derechas–, complejiza las aspiraciones del oficialismo de influir en el nuevo texto, pues sus votos como bloque no le alcanzan ni para aprobar ni para bloquear normas. Pero, aún así, sus expectativas se concentran en lograr un diálogo, pues a fines de agosto se producirán las primeras votaciones sobre las enmiendas que han propuesto ambos sectores al anteproyecto de Carta Magna que elaboró una Comisión Experta y que ha servido de base de trabajo. De esas enmiendas, gran parte provienen de las derechas, entre ellas una que podría colisionar, eventualmente, con la ley de aborto tres causales que rige en Chile desde 2017.

Militante de Convergencia Social, el mismo partido de Boric, que es parte del conglomerado Frente Amplio, Lujbetic es un experimentado político. En los años 80 fue el primer presidente electo en dictadura de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), mientras que en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) fue ministro del Trabajo. Por 33 años, el abogado fue del Partido Demócrata Cristiano, hasta que en 2017 dio un un giro político hacia la izquierda.

Pregunta. ¿Cuál es el pulso del Consejo Constitucional a días de que discutan las primeras enmiendas?

Respuesta. Es muy central si vamos a tener o no un Estado social de derecho sin letra chica. Es decir, que el conjunto de disposiciones en el anteproyecto de la Comisión Experta, que asegura que nuestro país transite desde un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, se concrete o no. A mi juicio, es una de las razones que explican por qué estamos acá. La insatisfacción ciudadana sobre las condiciones sociales para una vida digna está en la base de la crisis social que, finalmente, es la que da origen a este proceso.

P. ¿Esas demandas están congeladas o siguen vigentes?

R. Están absolutamente vigentes y el no satisfacerlas es dejar abierta la posibilidad y el riesgo de volver a enfrentar una situación de crisis como la que vivimos en 2019. Por eso es un imperativo no solo político, sino también ético, avanzar en una Constitución que se haga cargo de esos problemas que están en la base del malestar ciudadano. Las condiciones entre el año 2019 y hoy no han cambiado sustancialmente como para decir que no están vigentes.

P. ¿Qué posibilidad de diálogo tiene el oficialismo dentro de un consejo donde las derechas son mayoría?

R. Negociar en esas condiciones plantea un nivel importante de dificultad, pero nuestra fuerza radica en una cuestión de sentido común y en la experiencia histórica. Si alguien en virtud de una mayoría estrictamente matemática y circunstancial pretende fijar permanentemente su punto de vista sobre otros en una Constitución, la experiencia reciente nos dice que vamos directo al fracaso. Y si ya este proceso se desarrolla en condiciones muy complejas desde el punto de vista del desconocimiento, la desinformación, el desinterés y la desconfianza, estoy convencido de que el único modo de tener alguna posibilidad de que lo que de aquí salga rompa ese estado de ánimo de la sociedad y suscite un nivel general de apoyo y satisfacción razonable, es con un acuerdo amplio que reencante a las personas.

P. El Partido Republicano ha planteado varias enmiendas. Entre ellas, una que podría colisionar con el aborto en tres causales.

P. Para nosotros es inaceptable retroceder en los avances que, incluso en el marco de la Constitución vigente, se han logrado en materias de derecho de la mujer.

P. ¿Cuánto pueden avanzar este tipo de enmiendas? ¿Podrían ser una moneda de negociación, por ejemplo, en el Estado social?

R. Eso se verá en los próximos días. Yo creo que, como en toda negociación, probablemente haya cuestiones que se planten en el sentido de retirarlas en función de favorecer otras. Eso va ser parte del diálogo y la negociación que vamos a tener. Pero nuestra contraparte debe tener claro que hay aspectos en los cuales, por mucha acrobacia conversacional, constituyen ámbitos en los que nosotros no estamos disponibles para retroceder.

P. Las encuestas muestran que una mayoría creciente de chilenos dice que votará rechazo a una propuesta de constitucional que ni siquiera se ha elaborado.

R. Es comprensible. Primero, este proceso nace en situaciones críticas y con bastantes cuestionamientos de su diseño, de sus tiempos y de cómo se generó.

P. ¿Cómo se puede revertir la desconfianza al proceso?

R. La única forma de tratar de romper ese escenario, es mostrarle a la ciudadanía un amplio acuerdo, que no nos deje ni histéricos porque ganamos ni deprimidos porque perdimos, sino que a todos mínimamente satisfechos.

P. Hay convencionales de izquierda que han advertido que podrían votar rechazo. ¿Hay riesgo?

R. Hoy hay un riesgo cierto de que eso ocurra. Si en los próximos días no vemos apertura para llegar a acuerdo en un conjunto de asuntos centrales para nosotros, tenemos el derecho, como cualquier ciudadano, de tener una opinión sobre el texto. En esos términos, no podríamos avalar ni acompañar ni suscribir una propuesta que deje temas fuera que, a nuestro juicio, son centrales para la mayoría de los chilenos.

P. ¿Sería grave que Chile se quedara la Constitución actual?

R. Para mí sería lamentable. Soy de una generación cuya vida estuvo marcada por la lucha por la democracia, y que suponía, entre otras cosas, cambiar la Constitución del fraude de Pinochet, que es el origen de la actual. Sería muy relevante el poder tener una escrita en democracia, pero no basta. No estamos dispuestos a suscribir una Constitución escrita en democracia que sea peor que la que tenemos. Es evidente. El problema más profundo es que vamos a tener una sociedad en que su clase política, en dos procesos consecutivos, no ha sido capaz de llegar a un acuerdo que permita a la ciudadanía valorar la política como un espacio de acuerdos posibles y de solución de sus problemas concretos. Es grave para izquierdas y derechas. Y grave para la democracia.

P. ¿Sería complejo para el Gobierno actual, que enfrenta una crisis política, que no saliera humo blanco?

R. Lo voy a poner al revés. Sería positivo para este Gobierno ser aquel durante cuya gestión se logre este anhelo político. Pero lo que sí sería muy malo es que a este Gobierno le correspondiera suscribir una Constitución que tuviera menos derechos, menos libertades y menos elementos de progreso que la vigente. Mucho peor que no firmar una nueva Constitución para este Gobierno, sería tener que suscribir una Constitución de derecha.

P. Usted es del Frente Amplio. ¿Se puede aislar la crisis política que vive el Gobierno por el caso Convenios dentro del proceso constitucional?

R. En general hemos tenido un ambiente de convivencia razonablemente bueno, mucho mejor que en la convención anterior y, me atrevería a decir, mejor que el que hay en el Congreso.

P. ¿Qué espacio vino a llenar el Frente Amplio que no estaba representado en la Concertación?

R. Yo no denosto los llamados 30 años, soy parte de ellos. Creo que constituyó una época de avances sustantivos en áreas muy relevantes. Pero llegué a la conclusión de que ese modelo político estaba claramente agotado y eso explica la emergencia de fuerzas nuevas como el Frente Amplio. La Concertación abandonó las banderas del cambio. Y el Frente Amplio es un sector que recoge esas banderas, las levanta y vuelve a poner acento sobre las profundas desigualdades que el país todavía arrastra.

P. ¿Cuánto afecta el caso Convenios a la bandera de probidad que levantó el Frente Amplio?

R. Gravemente. Eso tiene que ver con errores de hacer afirmaciones taxativas sobre cuestiones que solo pueden ser juzgadas por la historia. Ninguna generación puede calificarse a sí misma, porque tendrán que calificarla otros con el pasar del tiempo. Pero todas las generaciones hemos tenido esa tentación.

P. ¿Qué representa la salida del ministro Giorgio Jackson para el Gobierno del presidente Boric?

R. Sin duda es un golpe duro, no solo porque Giorgio y Gabriel son parte de un proceso de gestación del Frente Amplio. Pero le asigno menos relevancia política que la que se quiere hacer aparecer sobre ese cambio y y los cambios de Gabinete posteriores.

P. ¿Está por la convergencia de todos los partidos del Frente Amplio? ¿Es una forma de proyección o de sobrevivencia?

R. Los niveles de diferencia que tenemos son muy menores. Tenemos que propender a converger en la constitución de un actor político con relevancia.

P. ¿Cómo ve lo que queda de los próximos dos años y medio de Gobierno?

R. Con un gran sentido de oportunidad. Queda bastante tiempo no solo para revertir situaciones políticas por las que estamos atravesando, sino también para avancemos en que se puedan plasmar, en lo inmediato, la reforma tributaria que permita financiar derechos sociales, y que haya una reforma del sistema de pensiones. Cuestiones como esas deberían ser priorizadas de tal manera que nos pongamos como objetivo, antes de que termine el Gobierno, que esto haya demostrado frutos positivos para la ciudadanía.