Chile, en un mar de incertidumbre a dos años del estallido social

A dos años del estallido social del 18 de octubre de 2019, un hito violento que cambió Chile y abrió paso al camino constituyente, el país sudamericano se encuentra en una incertidumbre multidimensional. En una jornada marcada por una cincuentena de convocatorias a protestas –con cortes de tránsito, estaciones del metro de Santiago cerradas por incidentes y barricadas ya por la mañana–, no parece evidente el rumbo del país sudamericano que desde el retorno a la democracia en 1990 fue la excepción de Sudamérica por su estabilidad política y económica. A apenas cinco semanas de las elecciones generales del 21 de noviembre, donde se definirá la sucesión de Sebastián Piñera a partir de marzo de 2022 y se renovará buena parte del Congreso, la carrera presidencial sigue abierta, el presidente Sebastián Piñera corre el riesgo de no terminar su período luego del escándalo desatado por los Papeles de Pandora y la Convención Constitucional comienza este lunes a debatir el contenido de una nueva Carta Magna, donde se discutirán asuntos clave como el régimen político. Mientras, la economía enfrenta temblores consecutivos por el contexto y decisiones de la clase dirigente, como la discusión del cuarto retiro consecutivo del 10% de los fondos de pensiones, empujado por la oposición en el Parlamento.

El pasado miércoles, el Banco Central –un ente autónomo– anunció una histórica alza de la tasa de interés referencial para intentar atajar la inflación. En el segundo aumento desde septiembre, el instituto emisor aumentó en 125 puntos la Tasa de Política Monetaria (TPM) para llevarla a un 2,75%, superando con creces las proyecciones. Ha sido el aumento de mayor magnitud desde que en 2001 el banco gestiona la política monetaria con una tasa nominal y lo justificó por el aumento en las presiones inflacionarias. De acuerdo al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, se ubica en 1,2%, con lo que se acumula un 5,3% en el último año, algo no visto en el pasado reciente en Chile. La decisión del Banco Central se produce justamente cuando el Parlamento avanza en la aprobación de un proyecto de ley que permitirá un nuevo retiro del 10% de los ahorros previsionales administrados por las AFP, que son la base del sistema financiero chileno. La decisión impacta de lleno en la ciudadanía, en aspectos cruciales como el acceso a créditos largos, como los hipotecarios.

La incertidumbre económica se explica en buena parte por la incertidumbre electoral. Los sondeos de opinión muestran consecutivamente que existe una buena parte de los electores que no ha decidido su voto para la Presidencia de la República. En un país con voto voluntario con una abstención estructural –menos de un 20% llegó a las urnas en junio pasado cuando se eligieron por primera vez democráticamente a los gobernadores regionales–, al menos un 50% de los electores se encuentra indeciso, de acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos de agosto. Los sondeos de distintas encuestadoras siguen dando como favorito a Gabriel Boric, el diputado del Frente Amplio de izquierda en alianza con el Partido Comunista, aunque en las últimas semanas ha crecido el apoyo al postulante del Partido Republicano, José Antonio Kast, de la derecha extrema, que ha desplazado al abanderado oficialista, Sebastián Sichel. En el sondeo dado a conocer ayer por la empresa Cadem, Kast pasa a liderar la carrera presidencial y supera por un punto a Boric, aunque el candidato de izquierda le ganaría en una segunda vuelta, programada para el 19 de diciembre. De acuerdo al actual escenario, el balotaje se definiría entre Boric y Kast, lo que deja en evidencia la polarización de la política.

“Intuyo con angustia que, gane quien gane en las presidenciales, habrá aún más polarización, inconsciencia, irracionalidad, corrupción, claudicación moral y derrumbe institucional. Y, haya o no una nueva Constitución, también”, ha dicho la filósofa chilena Lucy Oporto Valencia, autora de uno de los ensayos más provocadores acerca del 18 de octubre de 2019, titulado Lumpenconsumismo, saqueadores y escorias varias: tener, poseer, destruir.

Para Ignacio Walker, que fue presidente de la Democracia Cristiana y una de las figuras centrales de la Concertación de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010 –un espacio político en crisis en el país sudamericano–, “desde el 18 de octubre de 2019 se han alternado dos lógicas: la de la vía insurreccional reflejada en la violencia, y la vía institucional, reflejada en las marchas pacíficas y masivas y el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019″, que abrió el paso a un camino constituyente y al reemplazo de la Carta Fundamental vigente, la de 1980 de Augusto Pinochet, que fue modificada una cincuentena de ocasiones en los años de la transición. “Hasta ahora la vía institucional se ha logrado imponer sobre la vía insurreccional. El trabajo de la Convención Constitucional es un ejemplo de ello. No obstante, el desenlace de todo esto es incierto, subsistiendo una alta dosis de incertidumbre, agravado todo lo anterior por un Gobierno que es el peor de los últimos 30 años, que ha sido incapaz de conducir”, opina Walker.

A menos de cinco meses del término del actual Gobierno, la situación de Piñera resulta altamente compleja. Tras la publicación de los Papeles de Pandora, que nuevamente dejan en evidencia la difusa línea de separación entre la política y los negocios del presidente, el Ministerio Público abrió una investigación penal de oficio para investigarlo, lo que ha generado un profundo debate en Chile sobre las atribuciones de los fiscales para reabrir un asunto que en su momento fue investigado y juzgado por los máximos tribunales. Se le suma la arista política: la oposición presentó la semana pasada una acusación constitucional contra Piñera que busca su destitución y que sería revisada por la Cámara de Diputados y el Senado poco antes de las elecciones generales de noviembre, como busca la oposición. De concretarse –lo que parece poco viable por los altos quórum requeridos en el Senado–, sería la primera vez en los últimos 50 años que un mandatario chileno no termine su mandato. La última vez que un presidente no acabó su período fue en el Golpe de Estado de 1973, lo que enciende las alarmas por la amenaza de una crisis institucional.

Para el catedrático del Colegio de Estudios Mundiales de París, Ernesto Ottone, que fue uno de los asesores clave del Gobierno socialdemócrata de Ricardo Lagos (2000-2006), “Chile para el 18 de octubre de 2019 había perdido su impulso propulsivo hacía rato y la frustración había reemplazado el optimismo (...) Las percepciones negativas estaban a la orden del día, la clase política y el Gobierno vivían ajenos a ese fenómeno, lo que explica la estupefacción de hace dos años”. Sobre el actual panorama de Chile, Ottone opina: “Dos años después y, pandemia de por medio, apenas se han salvado los muebles, con un gran costo destructivo de lo construido, pero sobre todo con un camino muy difícil de convivencia de calidad en el futuro. Retomar un rumbo mejor será lento y difícil. Viviremos por un tiempo alumbrados por fuegos fatuos, ilusiones cortas y decepciones profundas”, asegura el sociólogo.

Sin un consenso acerca de la validez de la violencia para conseguir cambios estructurales y en un clima de cancelación que disminuye las opciones de un debate democrático, Chile se debatiría entre un candidato como Boric, que en su programa propone la revisión en términos amplios de todos los tratados comerciales internacionales firmados por Chile –cerca de 30, base de la apertura del país en los años noventa–, y otro como Kast que aspira a llegar a La Moneda con un discurso clásico de la derecha basado en el orden, con iniciativas polémicas como la construcción de una zanja de tres metros en el norte para frenar la inmigración ilegal. La incertidumbre electoral, constitucional e institucional estallan en lo económico: “La resaca será intensa y dolorosa”, afirmaba este domingo en una columna el economista Rodrigo Valdés, que fue ministro de Hacienda del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), a propósito de los efectos impensados del nuevo retiro de los ahorros previsionales.

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