Del Estado social de derecho al fin del Senado: claves del nuevo texto constitucional chileno

El presidente de Chile, Gabriel Boric, tiene desde este lunes en sus manos una propuesta de nueva Constitución. Tras un año de trabajo, la convención constitucional chilena entregó el texto en un acto solemne organizado en la sede del Congreso en Santiago de Chile. Comienza ahora un período de dos meses hasta el referendo del 4 de septiembre. Ese día, en una votación obligatoria y de resultado vinculante, los chilenos deberán decidir entre aprobar el texto o rechazarlo.

El Gobierno, que debutó en marzo pasado, ha hecho propia la suerte del Apruebo. De acuerdo a diversos sondeos, la opción del Rechazo está por arriba –un 44,4% contra un 25%, de acuerdo a la última encuesta de Pulso Ciudadano–, aunque tres de cada diez chilenos se declaran indecisos.

A diferencia de la actual Constitución, el texto entregado a Boric no se redactó al final de un periodo autoritario —el de Augusto Pinochet-, sino como fruto de un acuerdo de todas las fuerzas políticas para revertir la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas tras las revueltas de 2019. A juicio de sus defensores, se trata del proceso más democrático e inclusivo que Chile ha tenido nunca. Estas son sus claves.

1. Las revueltas en el origen

El 18 de octubre de 2019 comenzó el estallido social. La mecha se prendió a propósito de un alza en la tarifa del metro de Santiago, con estudiantes saltando las barreras de control del subterráneo, pero derivó en intensas jornadas de protesta, algunas violentas.

Entre los políticos y cientistas sociales todavía no existe un consenso sobre las causas del estallido, pero hubo un concepto que marcó por esos días las calles: mayor dignidad. Sucedió en el segundo Gobierno de la derecha de Sebastián Piñera, que estuvo contra las cuerdas. Hubo una jornada de tanta violencia, en la que incluso se atacaron cuarteles militares, que la democracia chilena estuvo en peligro. Las fuerzas políticas intentaron buscar una salida institucional a la crisis y negociaron en el Parlamento un acuerdo por la paz social y una nueva Constitución, que dio origen al proceso constituyente.

En el Congreso, el diputado Boric fue uno de los firmantes, incluso contra la opinión de su propio partido y parte de las fuerzas del Frente Amplio. El Partido Comunista, uno de los sostenes de la actual Administración, no apoyó el acuerdo.

La demanda por una nueva Constitución, en cualquier caso, estaba sobre la mesa desde hace años en la política chilena. La Carta Magna actual se redactó en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero tanto al final del régimen militar como en democracia sufrió importantes reformas. El texto actual, de hecho, lleva la firma del socialista Ricardo Lagos, que sacó algunos de los más importantes enclaves autoritarios en 2005. Pero ya en la campaña presidencial de 2009 apareció nuevamente la necesidad de un nuevo texto y en el último Gobierno de Michelle Bachelet —entre 2014 y 2018— se llevó a cabo un proceso ciudadano para una propuesta de nueva Constitución. El proyecto fue presentado en los últimos días del mandato de la socialista y mas tarde archivado Piñera.

2. El plebiscito de 2020 y la elección de convencionales

El 25 de octubre de 2020, tras un aplazamiento por la pandemia, se celebró finalmente el plebiscito para definir si los chilenos querían o no una nueva Constitución, donde participó la mitad de los electores. El resultado fue categórico: un 78% apoyó la idea de un nuevo texto, con un electorado variopinto que incluyó a la centroizquierda y a ciertos sectores de la derecha. En paralelo se decidió el órgano encargado de redactar la propuesta. Un 79% de los chilenos estuvo en que fuese una convención constitucional de 155 miembros elegida para aquella labor y no una que estuviera integrada, también, por parte del Congreso.

Algunos meses más tarde, a mediados de mayo de 2021, la ciudadanía nuevamente volvió a las urnas para elegir a los 155 convencionales. Fue una elección partiraria, con 17 escaños reservados para indígenas –en Chile hay un 13% de población que se reconoce de algún pueblo originario– y una alta cantidad de independientes, fuera de los partidos políticos.

La convención quedó conformada mayoritariamente por integrantes de izquierda y de grupos defensores de determinadas causas, como la ecologista. La derecha eligió solo a 37 integrantes, sin siquiera alcanzar el tercio de la convención.

3. Un año para la redacción del nuevo texto

El 4 de julio de 2021, hace justamente un año, la convención constitucional comenzó su trabajo y eligió a la académica mapuche Elisa Loncon como su primera presidenta (luego fue reemplazada, como era el acuerdo). El órgano tenía un plazo de nueve meses prorrogable a un año para presentar una propuesta de Constitución, lo que ha cumplido, pese a los problemas. Como fue un espacio donde los partidos políticos no tuvieron la misma influencia que en otras instancias, como el Congreso, el debate fue complejo, al igual que los acuerdos.

Como la derecha estuvo prácticamente ausente, las mayores tensiones se originaron entre los mismos grupos de izquierda y centroizquierda. No ayudaron los diversos episodios que dañaron la confianza del órgano: uno de los convencionales de la extinta Lista del Pueblo que fingió un cáncer —la convención tuvo que trabajar casi siempre con 154 convencionales y no con 155—; otro que votó desde la ducha; insultos y acusaciones entre constituyentes; sahumerios en la sede del Congreso en Santiago donde se realizaban las sesiones, entre otras cuestiones.

De acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), “las características de los convencionales y su trabajo” es la principal razón de los que votarán por el rechazo a la nueva Constitución.

4. Las principales características del texto

El texto definitivo que se presenta este lunes tiene 388 artículos y 57 normas transitorias, con lo que será —de aprobarse— una de las constituciones de mayor extensión en el mundo. Tiene 11 capítulos.

Propone un “Estado democrático, con democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa que en el país no hemos conocido nunca; Estado social de derecho; derechos sociales, protección de una naturaleza de la que formamos parte; descentralización del país”, ha explicado el constituyente Agustín Squella, liberal de izquierda, que votará por el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

Junto con la propuesta de un Estado ecológico, es además una de las primeras constituciones impactada por los movimientos feministas. La proclamación de una “democracia paritaria” está en uno de los artículos.

En la propuesta se establece una nueva relación de los pueblos originarios con el Estado chileno con la declaración de un Estado plurinacional, lo que representa un cambio sustancial. “Si se destruye el concepto de nación chilena se termina Chile tal como lo hemos conocido desde antes de 1810″, ha criticado la historiadora Sofía Correa Sutil.

5. Puntos de conflicto

Aunque existe cierto consenso respecto de los derechos sociales contemplados en la propuestas —los detractores apuntan a la gran cantidad que se consagra y a los riesgos de judicialización—, los puntos que generan mayor controversia son, justamente, los rupturistas. Junto con el Estado plurinacional y las autonomías territoriales indígenas, las principales voces del Rechazo apuntan a propuestas como el sistema de Gobierno: un presidencialismo atenuado con bicameralismo asimétrico que, en la práctica, implica la desaparición del Senado, una institución de 200 años de historia.

Otro de los puntos controvertidos tiene relación con los Sistemas de Justicia, que reemplazarán al Poder Judicial: “Habría una juridicidad para una parte de la población, los pueblos indígenas, y otra para el resto de la población”, critica Isidro Solís, que fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de Michelle Bachelet.

6. El proceso de ratificación

Luego de la ceremonia de este lunes en la sede del Congreso de la capital chilena, donde la convención entregará al presidente la propuesta de Constitución, el miércoles 6 de julio arrancará la campaña por el Apruebo o el Rechazo. El 5 de agosto comenzará la franja televisiva. Una y otra serán fundamentales para convencer a la gran cantidad de ciudadanos —alrededor de un tercio, según diferentes sondeos— que se mantienen indecisos.

La sociedad chilena va tomando posición ante el referéndum del 4 de septiembre. En términos muy generales, por el Rechazo está la derecha política y una parte de los sectores de centroizquierda —ligados sobre todo a la Concertación que gobernó Chile entre 1990 y 2010— que consideran que la propuesta representa una amenaza para la democracia. Por el Apruebo está el oficialismo de Boric y quienes lo apoyan (alrededor de un 34%, según la última encuesta Cadem), parte de la centroizquierda —como la expresidenta Bachelet— y, sobre todo, grupos de izquierda y jóvenes.

De no aprobarse la propuesta que se presenta este lunes, existe cierto consenso político en que la Constitución actual debe cambiarse, dada la inmensa mayoría de los chilenos que se manifestó en las urnas por el reemplazo de la actual Carta Magna en el plebiscito de octubre de 2020. Hasta ahora, sin embargo, no existe claridad sobre el camino.

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