Un territorio que se asoma al abismo climático

El medio ambiente en Andalucía soporta una pesada losa: su exposición al cambio climático. “Las sequías severas serán más frecuentes y aumentará la competencia por el agua entre la agricultura, la industria, el turismo y los ciudadanos”, alerta la Agencia Europa del Medio Ambiente (AEMA) en su último informe sobre el futuro del sur del continente a partir de 2040. Y la escasez hídrica extrema romperá el frágil equilibrio que hoy mantiene la comunidad, con una agricultura que cada año multiplica su superficie de regadío, un turismo al alza con cifras récord de visitantes y el agua embalsada con una curva descendente (al 48%).

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La situación geográfica de Andalucía provoca que sea un territorio muy vulnerable al incremento global de la temperatura —por su latitud— y a la subida del mar, con 812 kilómetros y grandes ciudades en su litoral. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea aclara que la temperatura a final de siglo puede aumentar 4,7 grados en la Península Ibérica. Y la peor parte se la llevaría Andalucía, en concreto las provincias de Córdoba, Jaén y Granada, alertan los expertos, que predicen hasta siete episodios de sequía entre 2040 y 2050 si la temperatura aumenta más de tres grados. Además, la mortalidad crecerá por la mayor frecuencia de olas de calor.

El tiempo para reaccionar se agota, alertan los científicos. Sin embargo, la acción política de la Junta está atascada, a pesar de que la Ley del Cambio Climático entró en vigor en 2018. “No hay proyecto, se vende humo. Le escribimos al presidente [Juan Manuel Moreno] y no contesta. La sequía del año pasado fue tremenda y no dieron ayudas para dar de comer a los animales. Que me expliquen el Gobierno del cambio”, denuncia el presidente de la Fundación Savia y líder ecologista Francisco Casero.

Moreno avanzó una “revolución verde” el pasado octubre, pero cuatro meses después la renovación medioambiental carece de presupuesto y planes concretos. La oposición pidió sin éxito a la Junta que declare la emergencia climática para afrontar con mayor contundencia los efectos del cambio climático, al igual que el Gobierno central y el Parlamento Europeo. “Ya tenemos un marco general en el que nos acogemos todos (...) Ahora es la declaración de emergencia climática, luego traerán, pues no sé, la súper, superdeclaración de emergencia superclimática”, respondió en la Cámara José Ramón Carmona, portavoz adjunto del PP.

Mientras, a las puertas de la Cámara ha surgido la iniciativa ciudadana Parlamento Climático Andaluz para debatir y ofrecer posibles soluciones. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que elabora un Plan Andaluz de Acción por el Clima —de momento solo un borrador— ha rechazado opinar para este reportaje.

Al margen del cambio climático, el medio ambiente ha sufrido la expansión desaforada del urbanismo en muchas zonas costeras antes de que explotara la burbuja del ladrillo en 2008. Sin embargo, los planes urbanísticos de numerosos municipios del litoral traslucen hoy una sed por la expansión que multiplica hasta por cuatro su crecimiento. “Ni el PSOE ni el PP han tenido vocación de acabar con esta voracidad, pero el PSOE aprobó dos amnistías urbanísticas para modificar sus propias leyes. Solo los tribunales están poniendo ahora pie en pared ante el desmadre”, censura Juan Clavero, de Ecologistas en Acción.

Gerardo Sánchez, portavoz parlamentario del PSOE en medio ambiente, admite: “Estamos pagando los desarrollos excesivos con masificaciones que han causado problemas y dificultades en los servicios. La pelea entonces era crecer más, ahora tenemos que ir con más cabeza”, resume sobre las dos décadas previas a que la burbuja pinchara.

El urbanismo ha copado grandes extensiones de suelo y 17 años después de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2003, el 85% de los pueblos andaluces no están adaptados a la norma, censura el profesor de Urbanismo de la Universidad de Sevilla Pedro Górgolas, que critica el “tsunami urbanizador” desarrollado en la región. “Hace falta imprimir sensatez a las zonas más dinámicas. El problema de Andalucía no ha sido de la ley, sino de su incumplimiento. La propia Junta ha ido diseñando una serie de contramedidas para abortar el cumplimiento estricto de los modelos de ciudad regulados en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía”.

Tras el cambio de Gobierno hace un año, la medida estrella de la Junta sobre urbanismo va en dirección contraria al modelo de ciudad compacta y a favor de las connurbaciones que alteran el litoral: el decreto ley para regularizar las 327.000 viviendas construidas sin cobertura legal, aprobado en septiembre y que el Gobierno rechaza considerar “una amnistía”, a pesar del riesgo de incitar la construcción de más casas al margen de la ley.

Cuando Moreno anunció su “revolución verde”, Greenpeace ofreció al presidente andaluz exponerle cómo puede Andalucía cubrir todas sus necesidades energéticas con renovables, presentar una moratoria de la superficie de regadío acorde con el agua disponible, hacer que los centros educativos adopten la dieta de salud planetaria y un sistema de devolución y retorno para los envases reutilizables. La organización ecologista sigue sin respuesta del presidente andaluz.