La Síndica de Barcelona pide más vivienda social

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, presentó ayer el informe anual correspondiente a 2019. La mayoría de las quejas presentadas a la defensora del pueblo de la ciudad están relacionadas con el transporte público, aunque la Síndica hizo especial hincapié en la emergencia habitacional. Vilà destacó que la mesa de emergencia social —cuya obligación es garantizar el derecho a la vivienda a las personas que sufren un desahucio— recibe cada vez más solicitudes para acceder a un piso social. “A pesar del descenso de casos nuevos, y a causa de la progresiva ralentización en la asignación de viviendas a través de este circuito por la carencia de disponibilidad de viviendas del fondo de alquiler social, en el mes de enero de 2019 había 466 unidades familiares en espera de una vivienda por parte de la Mesa. Actualmente hay 612 unidades familiares en espera”, destacó la Síndica de Greuges.

Vilà denunció que, ante la falta de alojamientos alternativos, los servicios sociales mantienen a las familias en pensiones: “Esta es una realidad que hace años que se debe corregir, puesto que la demanda ha aumentado exponencialmente en referencia al aumento de los nuevos recursos creados”. La Síndica instó a las administraciones a dotarse de más alojamientos temporales y viviendas de “inclusión social”.

Durante 2019, la defensora del pueblo ha llevado a cabo 3.678 actuaciones, 340 de las cuales son por transporte público y la circulación, y de éstas, 149 están relacionadas con la implantación en la ciudad de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En 2018 fueron 164 las quejas relacionadas con el transporte público, mientras que el pasado año fueron 340.

La mayoría de las quejas sobre la ZBE están relacionadas con problemas personales de la ciudadanía. Entre ellas, “la poca previsión para cambiar de vehículo, las posibles adaptaciones del coche, movilidad de las personas con diversidad funcional, residentes fuera de la ciudad que trabajan en Barcelona, ciudadanía que no puede adaptarse a la ZBE por motivos económicos…”. La Síndica llevó a cabo un seguimiento del proceso de implementación de la ZBE, y abrió una actuación de oficio para analizar las restricciones circulatorias de la ciudad de Barcelona, de la que Vilà dijo que todavía no ha recibido una resolución.

Según la Síndica, la campaña de información a la ciudadanía “empezó demasiado tarde”, aunque celebró la finalidad de la medida porque se deben impulsar acciones para minimizar los daños que la contaminación puede generar en la salud humana, señaló.

Del total de comunicaciones que recibió la Síndica, 1.720 fueron quejas —de las cuales 720 fueron resueltas y 1.000 recibieron asesoramiento técnico jurídico—, 1.923 consultas y asesoramientos generales, 26 actuaciones de oficio y nueve visitas de barrio. Los ciudadanos que interpusieron más quejas son los del Eixample (260), seguidos de los de Sants-Montjuïc (191) y Ciutat Vella (186).