Desprecio a los ciudadanos

Nadie, nunca, en los más de 40 años de democracia, se había atrevido a tanto, jamás se habían manoseado tanto las instituciones, se habían manejado tanto al antojo del Gobierno, por cierto, en funciones.

Escribo este artículo en la mañana de un lunes Día de Reyes, una fiesta familiar señalada, quizás la que más. En los dos días anteriores, fin de semana, ambos días parlamentarios inhábiles y fuera del período de sesiones, se ha celebrado en el Congreso nada menos que la sesión de investidura para elegir presidente del Gobierno. Como era de esperar, no se alcanzó la mayoría absoluta necesaria y se convocó una segunda sesión para hoy martes en que se supone alcanzará Pedro Sánchez una ajustada mayoría simple.

Encima, ayer, día 6 de enero, se celebra, como cada año, la solemne ceremonia de la Pascua Militar presidida por el Rey. Pero, el actual Gobierno en funciones, como ha demostrado otras veces, ¿respeta las actividades institucionales del Jefe del Estado? Desde los inicios de su reinado, Felipe VI parece ser la única alta autoridad —jueces aparte— que sabe estar en su sitio y antepone sus deberes constitucionales a todo lo demás. El único.

¿Creen ustedes que es normal, y aceptable desde el punto de vista de las formas, siempre tan importantes en democracia como en todo, que se escojan precisamente estos días festivos tan complicados por las tradiciones familiares para investir a un presidente del Gobierno, cuando hace ocho meses que el Gobierno está en funciones, se han celebrado dos elecciones generales y parecía no haber prisa alguna en activar los mecanismos parlamentarios para elegir un Gobierno con plenas capacidades políticas? No es normal. ¿Venía de 15 días?

Tras el discurso del candidato —decisivo para su investidura, ya que en él propone su programa de gobierno a desarrollar en los cuatro previsibles años de legislatura y es, precisamente, por las propuestas de este programa, que puede ser controlado por los demás partidos parlamentarios—, ¿es normal que la Mesa del Congreso solo dé poco más de una hora para que el resto de partidos le interpelen con el fin de que precise los detalles o le critiquen sus posibles incongruencias? ¿Hay tiempo para que puedan los grupos parlamentarios realizar esta labor con la eficiencia necesaria para el buen funcionamiento democrático?

Uno recuerda con nostalgia las épocas en las que el programa del candidato se exponía por la tarde y la sesión se reanudaba al día siguiente para que los portavoces parlamentarios pudieran preparar debidamente sus intervenciones. O más recientemente, ya en época de un funcionamiento democrático menguante, también recuerda cuando el programa se exponía a primera hora de la mañana y la sesión se reanudaba por la tarde, dando algo de tiempo para reflexionar sobre lo expuesto por el candidato y poder aceptar sus razones o replicarle.

Ahora todo se hace atropelladamente y así sale: discursos escritos previamente, sin contenido riguroso alguno, plagado solo de insultos e improperios, con unos diputados hooligans que hostigan a los oradores y son un pésimo ejemplo para los ciudadanos. Las discusiones de barra de café son más educadas y respetuosas que los debates parlamentarios y las buenas tertulias radiofónicas o televisivas alcanzan una mayor altura intelectual. Hasta ahí hemos llegado.

¿Alguien piensa en la Mesa del Congreso que los principios democráticos son el fundamento que legitima su actividad o, por el contrario, considera que la Mesa debe ser simplemente la correa de transmisión de las órdenes que recibe del partido o de la coalición mayoritaria? He formulado entre interrogantes esta disyuntiva a efectos retóricos pero no tengo duda alguna: la Mesa, y en especial su presidenta Meritxell Batet, ejerce sistemáticamente de correa de transmisión de las órdenes que recibe de su partido —que además son dos, el PSC y el PSOE—, como muestran sus actuaciones recientes —no solo en este caso sino también en otros como en los esperpénticos juramentos de algunos diputados—. Por estos motivos creo que ha dejado de tener la autoridad requerida para ostentar tal cargo, autoridad que sin duda manifestaba en todas sus actuaciones la anterior presidente doña Ana Pastor.

Fíjense que solo he tratado de cuestiones de forma, del mal funcionamiento institucional que empezó con la moción de censura. A veces se dice que es un desprecio a las instituciones y es cierto. Pero sobre todo es un desprecio a los ciudadanos.