ERC extiende ahora a otras causas el gesto que pide a la Abogacía

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ve inviable iniciar el diálogo sobre el conflicto territorial con el Gobierno de Pedro Sánchez si sobre las mesas de los juzgados se siguen acumulando causas contra dirigentes del procés independentista. Esa idea la defendió el coordinador de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su intervención en el 28º congreso de la formación el sábado, al repetir que la política tiene que “desplazar” a la “represión”. Y es una de las condiciones que ponen los republicanos para facilitar la investidura de Sánchez.

Aragonès, entrevistado la noche del sábado en un programa de TV3, precisó esa exigencia, al referirse a las posibilidades que tiene el Gobierno de rebajar el nivel de “judicialización” especialmente en lo que tiene que ver con la actuación de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. “No son solo los presos”, dijo Aragonès aludiendo al caso de Oriol Junqueras. “Es que hay múltiples acciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y en el Tribunal de Cuentas que se abrieron con ánimo de persecución política y eso se debe revertir. En algunos casos será más rápido y en otros, más lento”, dijo.

Todas esas causas guardan relación con el procés: el Tribunal Superior ha imputado a Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda y diputado de ERC en el Parlament, por su presunta participación en los preparativos del referéndum ilegal del 1-O; el Juzgado de Instrucción 13 ha procesado a una veintena de personas —cargos de los Departamentos de Economía, Presidencia, Trabajo, Exteriores o Gobernación— por el mismo motivo; y el Tribunal de Cuentas reclama los fondos que, según la fiscalía, se desviaron para organizar el 1-O. Además, algunas mociones a favor de la autodeterminación de Cataluña que se han tramitado en el Parlamento autonómico han situado a los miembros de la Mesa y al presidente de la Cámara, Roger Torrent, en el punto de mira de la fiscalía.