Pues sí, un problema europeo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea saca los colores al Supremo confirmando que la inmunidad de Junqueras iba asociada directamente al voto
Tarde o temprano se acabará entendiendo que el conflicto catalán es un problema europeo y que su judicialización solo ha conseguido enquistarlo. Europa acaba de añadir argumentos para los que se obstinan en negarlo. Dice Rajoy que iban equivocados los independentistas si pensaban que el gobierno se iba “a comer una declaración de independencia con patatas”. Sin duda, el soberanismo sobreestimó su fuerza. Pero Rajoy omite que tuvo cinco años para encauzar el problema por la vía política. Y el tono burlón de su frase revela la cuestión de fondo: no había estrategia, sólo una idea: parar como fuera al independentismo catalán. Y desgraciadamente esta es la idea que sigue prevaleciendo en gran parte de los partidos políticos españoles, de la que lentamente parece distanciarse Pedro Sánchez buscando el reconocimiento de los actores soberanistas.
Se optó por la vía judicial por impotencia de la política, con grave alteración del equilibrio de poderes. Los dirigentes políticos y la mayoría de los medios de comunicación partieron del principio de que Europa cerraría filas a su lado. Pero se les escaparon los matices. Y el secreto está en los detalles. Los gobiernos europeos han respetado las decisiones de las instituciones españolas, unos activamente, otros con el cuento de la no injerencia en asuntos internos. Aunque pocos han aplaudido la sentencia. Pero si el Estado español es mucho más que un gobierno, Europa también.
Los jueces o los parlamentos tienen su mirada propia sobre las cosas, las instituciones supranacionales siguen sus dinámicas y buscan consolidar su autoridad, y el marco de la comprensión tiene un límite. En muchos lugares de poder e influencia no se entiende que, en democracia, un problema político se pretenda resolver en los Tribunales de Justicia, y en la medida en que esta disfunción se hace visible todos los días y el problema se enquista sin que se le vea salida (todo lo contrario: la sensación de desgobierno crece) lo que está ocurriendo en España resulta más incomprensible.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea saca los colores al Supremo confirmando que la inmunidad de Junqueras iba asociada directamente al voto. ¿Qué pretendió Marchena al pedir una aclaración sobre el estatus de Junqueras y pronunciar la sentencia sin esperar a la resolución? Reconoce que hay un problema, pero se desentiende de la respuesta. Extraño caso, que debilita su posición. Desconozco si la situación de Junqueras se modificará sustancialmente, pero la decisión del TJUE afecta a la justicia española ante nuevos envites, abre la vía a la incorporación de Puigdemont y de Comín al parlamento europeo y, por tanto, les aleja de la euroorden. Y en pleno diálogo por la investidura de Sánchez sube la tensión.
Las decisiones judiciales están sustituyendo al santoral en nuestro calendario, y el mismo 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Catalunya inhabilitó a Torra. Una decisión tenazmente buscada por un presidente que, atascado en la vía de la unilateralidad imposible, optó por una provocación ridícula para salir de escena con cierta aura sin reconocer la incapacidad de afrontar su envite. ¿Cómo puede sorprenderse Torra de haber sido condenado si él mismo reconoció en el juicio la autoría del delito que se le imputaba?
Y, sin embargo, con el camino hacia el Tribunal de Estrasburgo allanado para los recursos contra la sentencia del Supremo, con Puigdemont sentado en el parlamento europeo, con Torra camino de la salida de escena y unas elecciones catalanas a la vista, se abre un nuevo escenario que debería servir para que se vaya entendiendo el error de la vía judicial y se vaya asumiendo que hay que salir de ella y regresar paulatinamente a la política. El acuerdo de investidura es un pequeño paso, pero necesario, en un momento en que las derechas españolas no esconden que les duele la herida. Esquerra lo sabe. Y Junqueras lo dice: “No hay que parar la negociación en ningún caso”. Al fin y al cabo lo que el TJUE nos ha recordado es que estamos en Europa y que la última instancia judicial no es el Tribunal Supremo. Y lo que este episodio nos enseña es que nuestros problemas son también europeos y que hay que arreglarlos hablando y no sentenciando ni peleando. Salvo que se quiera dar la razón a los que dicen que España es diferente y la vía política es imposible.
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