El fiscal no ve “desproporción” y pide archivar la causa contra los policías del 1-O

La Fiscalía ha pedido archivar la causa judicial que investiga la actuación de la Policía durante el referéndum del 1-O en Barcelona. Después de más de dos años de instrucción no hay "dato o indicio alguno que permita sospechar una intervención policial global desproporcionada" en los centros de votación de la capital, según el escrito del fiscal Diego Villafañe remitido al juez. "Ni en la gestión del operativo ni en su desarrollo" aquella jornada, añade. El fiscal pide el archivo al amparo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y solo aprecia desproporción en ocho actuaciones concretas de agentes antidisturbios; una de ellas, el lanzamiento de una pelota de goma que provocó que Roger Español perdiera un ojo.

Salvo por esos incidentes aislados, el escrito de la Fiscalía supone un espaldarazo a la actuación desplegada por la Policía durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. La intervención de los antidisturbios no se dirigió contra "los ciudadanos que acudieron a votar", sino frente a "todos aquellos que obstaculizaron, impidieron y entorpecieron -con agresiones físicas, en algunos casos- la intervención policial". El CNP actuó, recuerda el fiscal, por la "insuficiencia" del despliegue de los Mossos desde primera hora y por orden judicial.

Durante la instrucción se ha tomado declaración a unos 50 policías en calidad de investigados (incluidos mandos), se han analizado fotos y vídeos de la jornada también informes y protocolos. De todo ello se desprende, siempre según la tesis de la Fiscalía, que los agentes se rigieron por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad". El uso de la fuerza solo se produjo como consecuencia de la "actitud subversiva de numerosos grupos de personas" que pretendían lograr la celebración del "referéndum ilegal".

El fiscal incide en que los policías -unos 1.200 agentes- priorizaron "la seguridad" de sí mismos y de los ciudadanos e hicieron el "uso mínimo de la fuerza". Esa fuerza "no se empleó de forma súbita o sorpresiva". Según el fiscal, la denunciada desproporción "choca irremediablemente con las imágenes grabadas". Los policías lanzaron avisos ante las personas sentadas, entrelazadas o agarradas entre sí, que dieron "empujones, empellones y otros golpes" e incluso lanzaron objetos y agredieron a los policías para impedirles el acceso a los centros de votación. "Esa recalcitrante negativa y resistencia" de los ciudadanos a desalojar las entradas "legitimó el uso de la fuerza policial.

Los hechos de Barcelona guardan una "íntima conexión" con los hechos enjuiciados por el Tribunal Supremo. El fiscal Villafañe, de hecho, se apoya en la sentencia del procés para solicitar el archivo y recuerda que sus argumentos "resultan de obligada apreciación por el magistrado instructor". La investigación de Barcelona nació con una denuncia genérica de la Generalitat contra la actuación de la Policía y la Guardia Civil en Cataluña. El juez después dividió la causa en 26 piezas, una por cada centro de votación en los que hubo denuncias de ciudadanos.

Agentes a juicio

El fiscal cree que todo ello debe archivarse, aunque con excepciones. Las investigaciones "evidencian algunas conductas individualizadas de funcionarios policiales concretos y determinados que desbordan los límites de los principios básicos de actuación legalmente previstos". El fiscal aprecia "golpes injustificados" en "algún caso aislado" y siempre en un "innegable marco de tensión ambiental". Y pide seguir adelante con la investigación e incluso llevar a juicio -en la mayoría de casos, por un delito leve de lesiones- a nueve agentes de policía.

El fiscal cita el caso de siete intervenciones en otros tantos colegios: la Escola Mediterrània (un agente golpeó con la defensa a una mujer en la cabeza), el Ramon Llull (donde Español fue alcanzado por una bala de goma) y, sobre todo, la escuela Pau Claris, donde hay tres actuaciones no proporcionadas relacionadas con el lanzamiento de personas desde las escaleras de acceso al centro. En total, pide sentar en el banquillo a ocho policías (dos de ellos son responsables de una misma actuación).

Los mandos, sin embargo, no deben seguir investigados en la causa, razona el fiscal. "Los responsables del operativo no deben asumir personalmente todas las consecuencias que pueden producirse en esta clase de actuaciones, ni la forma de actuar de todos y cada uno de sus subordinados", asegura.