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La justicia expulsa al Ayuntamiento de Barcelona de la causa contra los policías por el 1-O

La Abogacía del Estado y la Fiscalía se opusieron al papel del consistorio como acción popular en la investigación sobre las cargas

cargas policiales 1 de octubre
Herido tras la carga policial en la Barceloneta.

La Audiencia de Barcelona ha notificado este jueves al Ayuntamiento de Barcelona que le expulsa como acusación popular en la causa contra los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que protagonizaron las cargas en los colegios electorales durante la celebración de la consulta independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.

La decisión es consecuencia de una petición de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, que consideraban que no estaba suficientemente justificada la personación del Consistorio en la causa. El pasado mes de mayo, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona consideró que el Ayuntamiento sí podía presentarse como acusación particular al entender que había cerca de 300 lesionados y que la imagen de la ciudad había quedado dañada tras las cargas. La decisión del juez fue recurrida por la Abogacía del Estado ante la Audiencia de Barcelona, que ahora le ha dado la razón.

El concejal de derechos de ciudadanía, Marc Serra, ha asegurado que la expulsión es una mala noticia para "los más de 300 vecinos heridos el 1 de octubre". "Si se ha conseguido identificar a 50 agentes, que ocho mandos den explicaciones es gracias al buen trabajo de nuestra acusación popular. El Ayuntamiento está haciendo la función de Fiscalía ya que la acusación pública lo que está haciendo es obstruir la investigación en vez de defender la legalidad y forzar un archivo", ha denunciado.

Serra ha añadido que la decisión se fundamenta en el debate existente sobre "la legitimación de las administraciones públicas a la hora de presentarse como acusación popular". El concejal sostiene que ese debate no está cerrado. "Creemos que, por la carta municipal, tenemos legitimidad para ejercer la acusación", ha defendido. La Audiencia de Barcelona, denuncia, ha fijado "un criterio muy restrictivo para ejercer la acusación popular".

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